Un nuevo informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) reveló que en una década, las agresiones contra las defensoras en toda la región aumentaron en 1,640% al pasar de 414 casos en 2012 a 7,201 situaciones en el año 2022.
El informe titulado “Datos que nos duelen, redes que nos salvan” publicado por la IM-Defensoras, expone diez años de agresiones a la que han sido sometidas las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. En este periodo, la organización registró 28,863 agresiones contra 7,738 defensoras y 880 organizaciones de defensoras que defienden derechos humanos.
De acuerdo al registro, a partir del año 2016 las agresiones en la región aumentaron significativamente, pero el año de la pandemia 2020 (4,765), en 2021 (6,943) y 2022 (7,201) la violencia y agresiones registradas fue peor.
“Muchas de estas agresiones están vinculadas de forma directa o indirecta con medidas autoritarias de control social que los gobiernos en sus diferentes niveles (nacionales/federales, estatales/departamentales o locales/municipales) implementaron durante la emergencia sanitaria”, señala el informe.
El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua son países que se han caracterizado en la última década por la “agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política”, lo que pone en riesgo a las defensoras.
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En esta década, IM-Defensoras reportó el asesinato de 190 defensoras y 181 intentos de asesinato. “Esto significa que de haberse materializado la intención de los perpetradores, en la actualidad estaríamos hablando de 371 compañeras aniquiladas por luchar por un mundo mejor”, refiere el informe.
El 23% de las agresiones reportadas en estos 10 años eran casos de activistas que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación. En este periodo hubo 6,629 agresiones por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación y a partir de 2020 identificaron un aumento constante y alarmante de las mismas.
“Destacan las agresiones en contra de las colectivas de ´buscadoras´en México, de las Madres de Abril en Nicaragua o de familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala, todas ellas sujetas políticas que se enfrentan a poderosos actores estatales y no estatales articulados para preservar un sistema de impunidad”, destaca el informe.
Mientras que, el 15.6% de los casos fue contra personas que defiende el derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales, es decir 4,504 agresiones registradas dirigidas principalmente “hacia mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo y la explotación capitalista”.
Por otro lado, un 14.1% de situaciones fue contra defensoras que defienden el derecho a la información y la libertad de expresión que responden a los contextos particulares de cada país. En total, 4,062 agresiones de este tipo.
En Nicaragua, sobresale el cierre y criminalización de los medios de comunicación señalados como opositores a partir de la Ley de Ciberdelitos que “ha acorralado a periodistas y comunicadoras no afines al gobierno, obligándolas a trabajar en la clandestinidad o en el exilio”.
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En México, la libertad de expresión se enfrenta al “oligopolio mediático y a la complicidad y alianza que con frecuencia se da entre autoridades gubernamentales de diferentes niveles y el crimen organizado. Y En El Salvador, desde el inicio del período presidencial de Nayib Bukele en 2019, el periodismo no oficialista “ha sido víctima de acoso sistemático”, incluso de un plan para “vigilar y criminalizar la cobertura crítica con el gobierno”.
Con frecuencia, las defensoras fueron sometidas a hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica, vigilancia en su vida cotidiana y el uso excesivo de la fuerza.
El informe reveló que el 45% de los agresores son personas vinculadas al Estado. “Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos”, detalla el informe.
El 22.9% fueron agresiones de integrantes de las fuerzas policiales; el 17.2% fueron autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales y el 4.9% de las fuerzas militares.
“Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo”, puntualizan.
