Abuso sexual en Nicaragua oculto bajo el manto de Rosario Murillo

El abuso sexual en Nicaragua es un «problema político» sobre el que la vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo desarrolla desde 2007 una «estrategia para ocultar la situación», aseguró la psicológa, Lorna Norori del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS) durante un webinar promovido por el El blog de tu madre.

Norori, quien durante más de 40 años trabaja el abuso sexual en Nicaragua, insiste que es un problema que ocurre en un contexto en el que el aparataje estatal hace caso omiso de la situación.

“La problemática de abuso sexual es una pandemia, también en Nicaragua (…) El abuso sexual es una realidad histórico social, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, pero en el país tenemos una realidad diferente», afirmó Norori.

Reveló que a partir del año 2012, en Nicaragua ha habido una “manipulación de las estadísticas”, primero con la intención de hacer creer que los casos de abuso sexual han disminuido, y segundo para mostrar una realidad diferente en la que el padre o padrastro no aparezcan como los principales abusadores sexuales.

“Nicaragua es el único país en el mundo donde se llevan estadísticas sobre atención y abuso sexual, en donde el padre no ocupa el primer lugar como abusador; Nicaragua es el país donde el primer lugar lo tienen el conocido o el novio, es el único país que yo personalmente he constatado, que aquí se ha venido produciendo ese cambio”, expresó Norori en alusión al maquillaje de datos.

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MANIPULACIÓN DE DATOS

Hasta el 2012, cuando empezó a ocurrir esa manipulación de datos, las organizaciones de la sociedad civil contaban con estadísticas que provenían de las Comisarías de la Mujer, pero en la actualidad solo tienen acceso a las que emite el Instituto de Medicina Legal (IML).

En Nicaragua –agregó Norori-  el abuso sexual se volvió un “problema político” a partir de que el dictador, Daniel Ortega, fue denunciado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, y en respuesta la vocera del régimen, Rosario Murillo desarrolló toda una estrategia “para que el tema asuma esa posición”.

“Su propósito ha sido ese, que no sean los padres que aparezcan como los primeros abusadores, ha habido una manipulación, lo hemos venido denunciando, pero no se ha escuchado mucho”, señaló.

De acuerdo a las estadísticas del IML, en 2013 se recepcionaron 6, 069 peritajes, un 73% proveniente de la Policía Nacional y un 17% de los juzgados.

En los años posteriores, la cifra fue disminuyendo y en 2018 los datos indicaban que el 89.5% de los 4,085 casos provenían de la Policía Nacional, un asunto que Norori se cuestiona partiendo de que fue el año de la “Rebelión Cívica” y se supone que las autoridades estuvieron acuarteladas.

En  2019, el IML registró 4,564 casos de abuso sexual y el 92% de casos provenían de denuncias recepcionadas en la sancionada policía sandinista.

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LEYES ‘ATRASADAS’

Desde el enfoque de derechos humanos, el abuso sexual está referido particularmente a la situación de perjuicio que viven los niños, niñas y adolescentes, explicó Norori durante webinar organizado por El Blog de tu madre, un espacio que dirige la periodista Maryórit Guevara.

Los abusadores sexuales, afirmó la sicóloga, tienen como único objetivo ejercer “poder”, es decir mantener “control” sobre la vida de la otra persona, transmitiéndole en algún momento “una falsa seguridad” a la víctima.

“El abusador sexual manipula el cuerpo de la niña, pero no es su propósito satisfacerse sexualmente, es la dominación. Esa niña va a crecer y el abusador puede morir, y mujeres mayores me han dicho cómo siguen sintiendo el control del abusador”, explicó Norori.

En ese sentido, según Norori, las leyes en Nicaragua sobre delitos sexuales están “muy atrasadas” con respecto a la gravedad de la problemática real.

“Hemos tenido una involución a partir de 2008 (…) Los avances con la Ley 779, desde el 2008 al 2020, han tenido una situación de involución desde que asume el gobierno, todo el marco jurídico sufrió un retroceso. La ley 779 en su origen no existe en ninguna forma”, enfatizó la sicóloga.

En Nicaragua, persiste la teoría de que el abuso sexual en las instituciones se reconoce como un “problema privado y un problema de familia”.

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CASAS MATERNAS

Con la creación de un marco jurídico para bordar esta compleja situación, surgieron las casas maternas en los diferentes municipios del país, pero el origen principal de la creación de estos centros fue también desvirtuado, afirmó Norori.

 “El propósito era la atención de mujeres del área rural que estaban en estado de embarazo y por alto riesgo y la lejanía tenían que alojarse, donde resguardarse”, señaló.

En la actualidad, el mayor número de personas que reciben en las casas maternas son niñas embarazadas de entre 10 y 14 años, partiendo de la realidad de la que está ubicada en la localidad de Rancho Grande, donde hace unos meses habían 22 personas y un total de 17 eran niñas en el rango de esas edades.

“Embarazo por causa de violación, las niñas están en la condición de pasar acostadas, prohibiéndoles levantarse para evitar al riesgo que corren con un aborto  espontáneo y eso es también una violación a sus derechos», dijo.

Y se cuestionó: «Dónde están esos 17 abusadores sexuales, desde que llegaron a una instancia como la casa materna es obligación y responsabilidad hacer una coordinación con la policía y fiscalía y lo mandata la ley, hacer una denuncia para que se conozca la causa, se investigue y se procese”.

Norori es sicóloga experta en abuso sexual y violencia de género, defensora de derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y miembro del Movimiento contra el abuso sexual.