Erradicar la violencia machista, gozar de igualdad en el ejercicio del derecho al trabajo, tener acceso a abortos legales en todas sus formas, a adquirir tierras rurales y vivir en territorios indígenas y afrodescendientes libres de invasores, son parte de las reivindicaciones históricas que siguen vigentes para las mujeres nicaragüenses.
En la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se honra cada 8 de marzo, La Lupa dedicó cinco especiales que visibilizan esas reivindicaciones históricas de las mujeres nicaragüenses. Además, resalta los avances que gracias al trabajo de las mujeres organizadas se han conseguido en Nicaragua, rompiendo algunas de las barreras de género impuestas por la sociedad o por el Estado de Nicaragua, que sigue ubicándose como el principal infractor y violador de los derechos de las nicaragüenses.
A continuación, una reseña de cada uno de los especiales:
La permanencia de la violencia machista y el constante incremento de los femicidios en Nicaragua son problemas que han sido visibilizados sistemáticamente en los últimos 40 años por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Fruto de esa lucha constante de las mujeres organizadas se lograron las primeras reformas al Código Penal de país, en 1992 y 1996, que sancionaban la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, aunque no reconocían la violencia basada en género y las penas eran mínimas. Por lo que, una década más tarde, gracias al trabajo de las nicaragüenses por conseguir instrumentos legales que garantizaran de mejor manera sus derechos, se logró la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, ley 779.
En las últimas dos décadas, dicho instrumento legal sufrió tres reformas inconstitucionales y una reglamentación, en las que se limitó el delito del femicidio al ámbito de “relaciones de pareja” y se estableció la mediación de forma obligatoria. Ambos cambios, ordenados por la dictadura Ortega-Murillo, en 2013 y 2014, han sido denunciados por las organizaciones de mujeres, que aseguran que significan un desmantelamiento de la esencia de la ley, que actualmente es aplicada de forma “discrecional”.
Nicaragua fue el primer país del continente en reconocer el aborto como un procedimiento necesario para atender la salud de las mujeres. En 1837, el derecho al aborto fue reconocido por primera vez en la legislación nicaragüense, específicamente, por razones médicas.
Sin embargo, 170 años después de mantenerse legalizado, con trabas procedimentales como la imposición de valoraciones de hasta tres médicos y la aceptación de un familiar, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la penalización de la práctica en todas sus formas, sin importar si la vida de la mujer estaba en riesgo, si habían malformaciones congénitas en el embrión o si el embarazo era producto de una violación.
En estos 15 años de penalización absoluta del aborto, las mujeres nicaragüenses han sido obligadas a buscar formas clandestinas para acceder al procedimiento, aunque las condiciones en las que pueden realizarlos sean de alto riesgo y las exponga incluso a la muerte.
Las mujeres nicaragüenses, aunque en los últimos 30 años han aumentado su participación en el mercado laboral de Nicaragua, siguen siendo mayoría en el sector informal, donde son sometidas a violaciones a sus derechos laborales, no tienen acceso a seguridad social y tienen bajos salarios que no cubren ni la mitad del precio de la canasta básica.
El 36% de las mujeres ocupadas están en el subempleo, es decir dentro del sector informal, según el informe enero 2023 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe divulgado en 2021, también confirma las brechas de género que existen en el acceso al sector formal de Nicaragua, señalando que la disparidad afecta especialmente a las mujeres.
En los últimos 30 años, las mujeres han luchado por la igualdad de condiciones laborales, consiguiendo la aprobación de leyes como …. Sin embargo, el Estado de Nicaragua sigue sin ejecutar política públicas que garanticen el ejercicio de esos derechos contemplados en los instrumentos jurídicos y, contrario a eso, genera más desempleo cerrando organizaciones de mujeres, desterrando a las ciudadanas y defensoras, y despidiendo a toda aquella servidora pública disidente de su régimen.
Las mujeres rurales de Nicaragua también sufren violaciones a su derecho de acceso a tierras, administrarlas y generar sus ingresos a través de estas. En 2010, tras el esfuerzo y denuncia de la sociedad civil organizada, el régimen orteguista dio paso a Ley de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales, ley 717, sin embargo, nunca la llevó a la práctica y tampoco garantizó el ejercicio de los derechos contemplados en este instrumento.
En Nicaragua la mayoría de los títulos de tierras rurales les pertenecen a los hombres. Un censo realizado a 312 mujeres organizadas en la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) y en la Fundación entre Mujeres (FEM), revela que sólo el 32.4% de las ciudadanas consultadas es titular de tierra, el resto trabaja en espacios que pertenecen a hombres, que en algunos casos son sus familiares.
Las mujeres rurales que no tienen títulos de tierra deben alquilar terrenos a costos altos, sacar préstamos con grandes intereses o dar parte de su cosecha a los arrendadores, quedando vulnerables, sin autonomía económica, dependiendo de los ingresos de sus parejas o familiares, y expuestas a relaciones violentas.
La invasión de los territorios indígenas y afrodescendientes, abandonados por el Estado de Nicaragua, dirigido desde hace más de 15 años por el dictador Daniel Ortega, expone a las mujeres a secuestros, violaciones y casamientos forzados con colonos armados, que cometen esos crímenes para “ganar” derechos sobre las tierras de los pueblos originarios.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado, en las últimas dos décadas, decenas de ataques de colonos armados contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, que han dejado a más de 49 personas asesinadas, más de 49 heridas y más de 50 secuestradas. También han denunciado la desprotección e intentos del Estado de Nicaragua por explotar los recursos de sus territorios, logrando que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) extendieran medidas cautelares y provisionales de protección, aunque estas en la práctica no sean garantizadas por la dictadura Ortega-Murillo, que es uno de los principales violadores de los derechos de estos pueblos originarios.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes además sufren por no tener acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación o vivir libres de violencia. Tampoco tienen acceso rápido a la denuncia, primero deben salir vivas de los territorios, en su mayoría tomados por colonos armados, que son sus principales agresores. El Estado, contrario a prestar atención al riesgo de estas mujeres, las deja indefensas al ordenar, desde 2018, el cierre de más de 3000 oenegés, entre estas organizaciones dedicadas a facilitar la denuncia de las personas indígenas y afrodescendientes.
