La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó 2,641 agresiones contra mujeres defensoras en el primer semestre de 2023, reportándose 1,189 ocurridas únicamente entre abril y junio.
De acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras, de los 1,189 ataques reportados entre abril y junio, 318 fueron contra defensoras individuales y 24 contra organizaciones de mujeres.
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El hostigamiento es la agresión más frecuente, seguido de las amenazas y la desprotección legal ante procesos de judicialización arbitrarios. Y los principales agresores son los Estados, siendo responsables de seis de cada diez agresiones registradas.
«6 de cada 10 agresiones registradas durante este segundo trimestre de 2023 fueron perpetradas por actores vinculados al Estado: Policía y Fuerzas Armadas (36%) y autoridades públicas (28%). Siguen personas desconocidas, tanto físicas como virtuales (17%), vinculadas principalmente al crimen organizado y autoridades públicas», señala la IM-Defensoras.
La IM-Defensoras señala un aumento de las agresiones digitales, siendo una violencia cada vez más presente en la región. Entre las agresiones dirigidas a defensoras se destaca el ciberacoso, hackeo de redes sociales, correo electrónico o página web, también retención, robo o vulneración de equipo y dispositivos digitales.
Por otro lado, entre las agresiones contra organizaciones se reportan discursos de odio, suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica; hackeos y ciberacoso.
Nicaragua es uno de los países de la región que más registra ataques contra defensoras de derechos humanos. Las mujeres que más sufren violencia son las que defienden el derecho a la participación política y a participar en espacios de toma de decisiones, siendo el 35 por ciento de las agresiones dirigidas contra ellas.
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La detención, persecución judicial y criminalización contra su ejercicio a la defensoría son algunas de las violencias que viven. «Desde el mes de marzo se ha identificado un nuevo patrón de redadas territoriales y barriales acompañada de detenciones arbitrarias masivas y criminalización a defensoras de derechos humanos o sus familias», señala la organización.
«Algunos de estos procesos de criminalización están ligados a medidas sustitutivas distintas a la prisión, pero en la práctica se ha observado que el asedio provoca los mismos efectos y una mayor dificultad de las organizaciones para monitorear su situación», agrega.
Las mujeres que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación son el segundo grupo de defensoras que más sufren ataques en el país, siendo el 27 por ciento de las agresiones contra ellas. Este grupo de mujeres sufren hostigamiento contra ellas y sus familiares, persecución policial, detenciones arbitrarias y destierros.
La IM-Defensoras también denuncia que 233 organizaciones que trabajaban los derechos de las mujeres, feministas, niñez y juventud nicaragüense han sido despojadas arbitrariamente de su personería jurídica y obligadas a cerrar, de las cuales 15 han sido confiscadas de sus bienes.
«Cabe destacar que ha continuado la política de aniquilamiento de la sociedad civil y la organización popular a través del cierre de organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres y la persecución y criminalización de liderazgos locales y comunitarios», denuncia la organización.
Honduras es el país más peligroso de Mesoamérica para las defensoras. En este país se reportaron al menos 438 agresiones dirigidas principalmente contra las mujeres que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
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Una de las defensoras hondureñas más vulnerables son las pertenecientes al pueblo garífuna, que reciben ataques del Estado y de las empresas privadas por denunciar la expropiación de sus territorios y la explotación de sus recursos naturales.
Por su parte, El Salvador registra ataques contra defensoras en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele. Las defensoras sufren despliegues militares en sus territorios, criminalización, hostigamiento contra ellas y sus familiares, estigmatización y violencia digital.
Mientras que en México las mujeres defienden el derecho a la información y libertad de expresión y el derecho a la verdad, justicia y reparación, en la figura de madres y familiares buscadoras, son las que más sufren violencia del Estado y de grupos criminales.
Uno de los ataques que más causó conmoción en este primer semestre fue el asesinado de Teresa Mayaguel, una madre buscadora del colectivo “Una promesa por cumplir” que trabajaba por la localización de personas desaparecidas en territorio mexicano.
