La Policía Nacional inaugura una Comisaría de la Mujer y la Niñez al menos cada semana en diferentes partes de Nicaragua, pero defensoras de derechos humanos aseguran que solo se trata de oficinas que no garantizan los derechos de las mujeres, y tampoco ofrecen ningún tipo de protección y justicia a las mujeres en situación de violencia.
A pesar que la apertura de estas oficinas es casi diario “para la prevención de la violencia”, según el discurso oficial, solo en este año, se han registrado seis asesinatos contra mujeres en el país, de acuerdo con el registro de La Lupa. Y el año pasado, se registraron 69 muertes violentas de mujeres, contabiliza Católicas por el Derecho a Decidir.
Con una defensora de derechos humanos, La Lupa analiza el trabajo que realizan las Comisarías de la Mujer y su efectividad en la defensa de los derechos de las mujeres.
Las mujeres que llegan a las Comisarías a denunciar a sus agresores son forzadas a mediar con ellos, y la mayoría no pueden acceder a un proceso judicial que juzgue a los victimarios y brinde justicia a las víctimas, indica Martha, defensora del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (CM8M), quien ha acompañado diversos procesos de denuncia.
Las Comisarías están obligadas a realizar la ruta de atención del «Modelo de Atención Integral» (MAI), que culmina en los Juzgados Penales o Especializados para brindar justicia y resarcimiento a las víctimas, y establecer medidas penales para los agresores.
Pero desde la reaparición de las Comisarías en 2020, la mediación es el principal método al que las mujeres son forzadas a llegar luego de poner la denuncia.
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Esto pone en riesgo la integridad de las mujeres, asegura Martha. Pues las mujeres, con estragos psicológicos y físicos por la violencia, se ven obligadas a mediar con una persona que ejerce violencia contra ellas, y que probablemente no va a dejar de violentarlas, luego de mediar.
“La mediación a nivel jurídico es un acuerdo para que ambas partes ganen. Yo puedo negociar con vos una propiedad porque siempre va haber ganancia para ambos, pero en la violencia no se puede mediar. ¿Qué ganancia tienen las mujeres cuando median con su agresor? Es una mediación en desventaja, que al único que va a favorecer es al hombre porque lo va a dejar en libertad”, explica la defensora.
Según el Poder Judicial “la mediación tiene un objetivo bien claro: tratar de resolver el conflicto interpersonal existente y colaborar en la toma de decisiones que lleven a su solución, sin adentrarse en las causas que lo subyacen”.
Por tanto, las mujeres no pueden mediar en situaciones de violencia porque no se trata de un “conflicto interpersonal”, sino de la realización de un delito contra su vida, y porque no tienen nada que “colaborar” cuando son víctimas de dicha agresión, indica Martha.
La Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer prohibía explícitamente la mediación en cualquier tipo de violencia porque el Poder Judicial reconocía que podía agudizar la violencia contra las mujeres y se realizaba en desigualdad con respecto a la víctima y al agresor.
Pero desde la primera reforma contra la ley en 2013, se permite la mediación en los casos de violencia física, psicológica, intimidación, amenazas contra la mujer, sustracción de hijos, entre otros, ya que se considera todos esos delitos “delitos menos graves”, según el artículo 46 de la ley.
Esto pone a las mujeres en grave desprotección, según Martha, pues no se reconoce las profundas consecuencias que tiene la violencia en la vida de las mujeres y de sus hijos/as, y como esta puede escalar hasta acabar con su vida. “Un hombre no mata a su esposa de la noche a la mañana, primero son insultos, los golpes, las amenazas y después la muerte”, indica la defensora.
Aunque según las Comisarías, la mediación se debe de hacer de manera voluntaria, flexible y activa por parte de ambas personas (denunciante y denunciado), en la realidad a las mujeres no les brindan otra opción después de su denuncia, y la institución no le da ningún tipo de seguimiento posterior a las mujeres para verificar que se hayan cumplido los acuerdos establecidos durante la mediación.
De acuerdo con los casos de denuncias que recibe el CM8M, muchas mujeres viven mayor violencia al regresar a sus hogares después de la mediación, y otras han llegado al punto de abandonarlos, al ver en riesgo sus vidas.
“Las mujeres median para perder. Las mujeres que han mediado han muerto, han tenido que ir o han tenido que estar fuera de sus casas para salvaguardar sus vidas”, expresa Martha.
Las Comisarías de la Mujer no aplican ninguna medida de protección a las mujeres denunciantes, ni durante el proceso de denuncia, ni después, indica Martha, de acuerdo con las denuncias que da seguimiento el CM8M.
Según la ruta de atención de las Comisarías, una vez puesta la denuncia, la institución policial debe aplicar medidas precautelares para proteger a la mujer en su integridad física, psicológica o sexual.
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Esto se traduce en ordenar al agresor el abandono inmediato del hogar; prohibir la presencia del agresor en lugares donde la mujer habita o frecuenta; garantizar a la víctima atención médica, psicológica y psiquiátrica, entre otras medidas orientadas a la protección de las mujeres.
Sin embargo, ninguna de esas medidas se ordenan, y si se ordenan no se garantiza que se cumplan. “A los agresores les pueden decir que no vayan a sus casas o dejen de molestar a las mujeres, pero no hay ningún oficial a cargo del caso que haga el cumplimiento efectivo de esa orden. No hay ningún equipo detrás dándole seguimiento a las mujeres”, explica Martha.
En los casos que las mujeres la remitan a otras instituciones para su valoración, simplemente les realizan peritajes o pequeñas entrevistas, pero no les vuelven a dar ningún otro seguimiento en el caso que requieran algún tratamiento psicológico por las secuelas de la violencia. Y muchas veces, se encuentran con un personal que las agrede o las culpabiliza de la violencia.
“Las Comisarías dicen que sí garantizan la atención psicológica o médica a las mujeres ¿Cuál es esa atención? Una persona haciéndote preguntas, llenando un formulario, tratándote mal y que luego te manda para tu casa”, señala Martha.
Una de las razones por las cuales no se cumplen las medidas pre-cautelares y cautelares es por la falta de recursos y de personal especializado en las Comisarías de la Mujer y la Niñez, explica la defensora de derechos humanos.
La mayoría de las Comisarías solo cuentan con investigadores y personal que toma de la denuncia, y que no está formado en el tratamiento de víctimas de violencia. A pesar que las Comisarías deben contar con un equipo interdisciplinario de psicóloga, investigadora, trabajadora social y abogada, quienes van acompañar a la denunciante en todo el proceso de denuncia y después en el proceso judicial.
La falta de un personal capacitado para atender a víctimas de violencia, revictimiza a las denunciantes, ya que son cuestionadas constantemente, presionadas a retirar la denuncia, violentadas verbalmente o sus casos no son atendidos.
“Las mujeres no solo necesitan de un oficial que levante la denuncia, necesitan continuidad y seguimiento y eso es lo que no hay. Las víctimas se enfrentan a ser atendidas por un policía varón sin conocimiento de la ley y sus derechos, sin estar sensibilizados sobre la violencia, y sin conocimientos sobre cómo atender a mujeres víctimas de violencia. Se están enfrentando a la revictimización”, expresa la defensora.
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La falta de recursos materiales afecta la protección de las mujeres, pues solo pocas Comisarías cuentan con vehículos para la movilización de las mujeres, y hay una única casa albergue del Estado para las víctimas de violencia que se encuentran en alto riesgo.
La destinación de recursos es fundamental para garantizar la protección de las mujeres, asegura Martha, y no basta con solo una oficina para poner la denuncia.
Según Martha, “no se puede decir que hay Comisarías de la Mujer cuando a las defensoras se les prohíbe la entrada para acompañar a las denunciantes”. Ya que desde la reaparición de las Comisarías, las mujeres son forzadas a interponer las denuncias solas y no les permiten que vayan acompañadas de defensoras de derechos humanos.
Incluso a las defensoras no se les permite la entrada aunque vayan como ciudadanas o personas naturales, lo que es una violación a sus derechos.
El papel de las defensoras es importante al momento de una denuncia de una víctima de violencia, ya que son ellas las que garantizan que las denunciantes van a recibir una atención integral, de calidad y sin revictimización. Especialmente, cuando la mayoría de las mujeres que denuncian no tienen conocimientos profundos de la ley, de sus derechos, de la ruta de denuncia y de todo el proceso legal posterior.
“Muchas de las mujeres que viven violencia y denuncian, no saben leer y no saben escribir; tienen mucho miedo a enfrentarse con sus agresores; tienen problemas emocionales y psicológicos. Y para que ellas puedan enfrentarse a un proceso legal de esa envergadura, necesitan de una atención y acompañamiento integral”, señala.
La creación de nuevas Comisarías y el constante discurso que mantiene el régimen Ortega-Murillo por los derechos de las mujeres, es incongruente con la persecución que tiene contra las defensoras y las organizaciones de mujeres.
Ya que la cancelación de la personería jurídica de más de 180 organizaciones de mujeres, ha provocado el cierre de los albergues de mujeres sostenidos por ellas, y los espacios de acompañamiento de víctimas de violencia.
