Desde antes de la insurrección de abril sabíamos que todos los poderes del Estado estaban bajo el férreo dominio de la pareja Ortega-Murillo. Bastaba una orden para que el poder legislativo modificara la Constitución para después ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia en caso que alguien recurriera de amparo.
Este es un espacio del Programa Feminista La Corriente.
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