Desde que Tamara Dávila fue detenida ilegalmente una noche del 12 de junio, sus familiares y abogada no han parado de realizar gestiones institucionales para conseguir su liberación, o al menos, el respeto mínimo de sus derechos humanos.

A los 102 días de su detención ilegal se han interpuesto seis recursos de amparos; reclamos en la Defensoría Pública y en la Procuraduría General de la Repúblicas; y quejas en la Policía y en Asuntos Internos del Poder Judicial.

No obstante, ninguna de las solicitudes han sido atendidas. Han pedido revisiones médicas, audiencias privadas con su abogada y visitas periódicas con familiares, a pesar que esta última se encuentra contemplada en el acta de la audiencia inicial ejecutada el pasado 3 de septiembre.

“Nos dan la menor información posible. Nos dicen que no tienen información, que no les han dicho nada, que no hay órdenes supremas y que tienen que preguntar. Eso es lo que alegan en la Dirección de Auxilio Judicial y en los Juzgados. Durante 90 días los jueces no dieron respuesta a todos los recursos que se interpusieron”, expresa un familiar de Dávila.

La Policía orteguista ha arrestado ilegalmente a 37 personas opositoras al régimen desde finales de mayo, siendo el último caso el del sociólogo y miembro de la Articulación de Movimientos Sociales, Irving Larios. Sumado al último reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, habrían alrededor de 149 presos y presas políticas desde el inicio de la crisis sociopolítica.

Trato cruel en cárceles

A pesar que Humans Rights Watch estableció el confinamiento solitario prolongado corresponde a una tortura y está prohibido por el derecho internacional, todas las presas políticas están incomunicadas unas de estas, a excepción de Violeta Granera y María Oviedo.

Y a diferencia de las demás presas políticas, Dávila se encuentra en un régimen de aislamiento diferenciado. Mientras que las demás celdas son de barrotes y tienen acceso a luz solar, la celda de Dávila está empernada, cerrada y sumergida en la oscuridad. Lo que la coloca en una vulneración mayor, aseguran sus familiares.

“La tratan así porque Tamara es una líder emergente de este país, ha tenido posturas muy firmes y de mucha crítica contra el régimen, es una mujer joven con mucho carisma, con mucho liderazgo y pertenece a organizaciones como la UNAB. Ven a una chavala con un futuro político en este país y quieren coartar la posibilidad de que existan personas con futuros políticos”, manifiestan.

Además del aislamiento, sus familiares denuncian la desnutrición a la que está siendo sometida, no solo por la falta de alimento intencionada por parte de las autoridades del DAJ, sino también por la poca calidad nutritiva y las pocas condiciones de higiene en que son preparadas las comidas.

“Prueba de esto es que la mayoría de las presas y presos políticos están teniendo infecciones intestinales, como el caso de Ana Margarita Vigil que tuvo una infección intestinal severa. Hemos visto que han bajado de peso entre los 12 y 36 libras, lo cual en 90 días es mucho y da cuenta de las torturas a las que están siendo sometidas”, manifiestan familiares de Dávila, quienes pudieron realizar una única visita de 20 minutos hace más de tres semanas.

Pronunciamiento internacional

Según el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “el gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”, expresó en la última publicación de dicha organización.

Después que Humans Rights Watch examinara las acusaciones formales contra más de una docena de opositores, concluyó que en ninguno de los casos la Fiscalía señaló actos punibles como sustento de la acusación.

Al contrario, las acciones sobre las cuales se fundamentan las acusaciones incluyen conductas que se encuentran protegidas por el derecho internacional sobre libertad de expresión o asociación, por lo que no deberían ser criminalizadas y se consideran cargos falsos.

También se evidenció sistemáticas violaciones a garantías en el debido proceso, prácticas de tortura física y psicológica, e incumplimiento de «Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos» de las Naciones Unidas.

Hasta el momento, los tribunales extendieron el período de prisión preventiva en 26 casos, ya que fueron declarados de tramitación preventiva. Según la organización esto permite que el plazo de las detenciones duren hasta un año, lo cual es una grave violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es parte.

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La Lupa Nicaragua