La periodista y precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorro fue llevada a juicio el 3 marzo, junto con su hermano, Pedro Joaquín Chamorro y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes. Además de su conductor, Pedro Vásquez.
Chamorro, quien había estado en arresto domiciliar desde el 8 de junio, fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mayormente conocida como el centro de torturas «El Nuevo Chipote», donde enfrentan un juicio político por los supuestos cargos de gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero. Un juicio que puede durar dos semanas.
Con el juicio de Chamorro, serían once las presas políticas que han sido enjuiciadas, declaradas culpables y muchas de ellas ya condenadas por la justicia orteguista. La mayoría están acusadas de supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas.
Todos los juicios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sin cumplir con el Código Procesal Penal, sin respetar las garantías judiciales de las personas acusadas y con una serie de irregularidades, por lo que juristas y organismos de derechos humanos los han calificado de nulos y e ilegales.
La última presa política que fue declarada culpable y solo está a la espera de la lectura de sentencia es la más joven de las personas presas políticas, Samantha Jirón. El 2 de marzo fue declarada culpable por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas. La activista estudiantil de 21 años, podría enfrentar ocho años de cárcel a solicitud de la Fiscalía.
Te contamos quiénes son las presas políticas que han sido enjuiciadas.
La presa política más recientemente enjuiciada, Cristiana Chamorro, enfrentó la farsa judicial en la DAJ, junto con exdirectivos y extrabajadores de la FVBCH el 3 de marzo. Chamorro, de 67 años de edad, es acusada de supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero; y desde el 8 de junio se encontraba en arresto domiciliario.
Luego de hacer público sus intenciones de candidatearse a la presidencia, se realizó una investigación judicial contra la FVBCH, sus trabajadores y periodistas que han colaborado con la Fundación.
Samantha Jirón, activista estudiantil y feminista, es la presa política más joven y la última declara de culpable. El Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio, Melvin Leopoldo Vargas García, llevó a cabo el juicio exprés el 2 de marzo. La Fiscalía pide cinco años de prisión por conspiración para cometer menoscabo y 3 por propagación de noticias falsas. Todavía está a la espera de su sentencia condenatoria.
Jirón se encuentra detenida arbitrariamente el 9 de noviembre de 2021 y desde diciembre fue a “La Esperanza”. «El día de hoy, en el juicio contra Samantha fue un juicio basado en mentiras y simplemente está siendo juzgada por luchar y ser una chavala determinada en la lucha de construir un mejor país con justicia y libertad. Todo lo que salga el día de hoy es ilegal e ilegítimo», se pronunció la Plataforma Nacional Juvenil a través de Twitter.
La activista política y feminista, Ana Margarita Vijil, inició los juicios contra las presas políticas el 2 de febrero. Al ser declarada culpable por el juez orteguista Luden Martínez Quiro en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), se declaró a sí misma como defensora de derechos humanos y escribió “presa política” cuando le pidieron firmar el acta del juicio.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y sus familiares han denunciado que el régimen Ortega Murillo ha tenido un especial “ensañamiento” contra ella y contra tres presas pertenecientes al partido UNAMOS, por lo que ha sido sometida a aislamiento, incomunicación interrogatorios frecuentes, entre otras prácticas más que califican de tortura física y psicológica.
Por su defensa a los derechos humanos, fue condenada a 10 años de prisión.
Dora María Téllez, la histórica figura de la Revolución Popular Sandinista por su desempeño como la comandante dos, fue enjuiciada el 3 de febrero. Acusada y hallada culpable de supuestamente “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares”, tiene una condena firme de ocho años de cárcel por el Juez Cuarto Distrito Penal de Juicios, Ángel Jancarlos Fernández González
Durante los casi nueve meses que ha estado detenida arbitrariamente, ha estado en una celda privada del acceso a luz, a buena alimentación, a un régimen de visitas y a defensa legal, entre otros derechos básicos y fundamentales, según sus familiares, al igual que la mayoría de las presas políticas.
La exdiputada y exprimera dama, María Fernanda Flores, fue declarada culpable y condenada a ocho años de cárcel por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, sentencia emitida por el Juez Noveno de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Luden Quiroz García.
Flores, quien estaba en arresto domiciliario desde el 21 de junio de 2021, formaba parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y meses anteriores a su detención arbitraria fue parte del Movimiento Liberal (ML).
El siguiente juicio fue en contra de la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo el 14 de febrero. Se le declaró culpable de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, con una condena de ocho años, por la jueza Decimotercera de Distrito Penal de Juicios en Managua, Ulisa Yahosca Tapia Silva.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas entrevistas que ella dio a medios de comunicación independientes y testimonios de policías que allanaron su vivienda.
Oviedo hizo una labor incansable en la defensa legal de varias personas presas políticas, trabajaba como coordinadora del área jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y ya había sufrido una detención en 2019. Desde el 29 de julio del año pasado se encuentra detenida en graves condiciones de salud, según la CPDH.
Suyen Barahona, feminista, activista política y presidenta del partido Unión Renovación Democrática (UNAMOS), fue declarada culpable de comenter “menoscabo a la integridad nacional” el 15 de febrero y posteriormente condenada a ochos años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva del Juzgado Treceavo Distrito Penal de Juicios.
Durante su juicio, Barahona solicitó a la jueza orteguista únicamente una foto de su hijo de cinco años, quien no ha podido ver desde su captura el 13 de junio de 2021. Sin embargo, le fue negada con la excusa de que “ella no tenía la autoridad para permitirlo, sino la DAJ”. Durante los casi nueve meses de detención ilegal, no se le ha permitido ningún tipo de comunicación con el menor, a pesar que familiares han advertido que el niño pregunta por ella todos los días.
La integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Nidia Barbosa, fue enjuiciada el 16 de febrero y condena injustamente a once años de prisión más de 800 días de multa, es decir, C$52,767.46 córdobas, por supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional en modalidad de conspiración y propagación de noticias falsas, por el juez orteguista William Howard López.
La opositora de 66 años de edad, fue hospitalizada en diciembre por problemas cardíacos en diciembre del año pasado, según informó la Alianza. Sin embargo, todavía sigue privada de libertad desde el 6 de noviembre, día que se realizaron los fraudulentos comicios.
Evelyn Pinto, de 62 años, es una destacada defensora de derechos humanos, especialmente por su trabajo por los derechos de la niñez y la adolescencia, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, además de su labor en la institución Fe y Alegría.
Su juicio se llevó a cabo del 22 de febrero con todo tipo de irregularidades, actualmente es la única presa a la espera del falló de su culpabilidad y condena. Su juicio ha sido el único que se realizó en los juzgados de Managua y no en la DAJ, donde se le acusó de propagación de noticias falsas.
Sus familiares han advertido que es una adulta mayor sobreviviente de cáncer, con padecimientos de hipertensión e insuficiencia renal crónica. Desde el 6 de noviembre de 2021 está privada de libertad y desde diciembre de ese mismo año se encuentra en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza.
Las activistas feministas e integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Tamara Dávila y Violeta Granera fueron declaradas culpable el 24 de enero, por el Juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Féliz Ernesto Salmerón Moreno. Por el supuesto delito de cometer menoscabo a la integridad nacional, fueron condenadas a ocho años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Dávila durante el juicio exigió el cese de su aislamiento y pidió que se le permitiera comunicarse con su hija, junto con otra serie de demandas. Su caso ha sido uno de los más preocupantes y más denunciados por las condiciones de aislamiento en que se mantiene desde hace más de ocho meses.
Por su parte, Granera, de 70 años, recalcó su inocencia y que su único trabajo ha sido el respeto y la defensa de los derechos humanos.
