La Fundación Violeta Barrios alertó este martes que el Estado de Nicaragua continúa con la tendencia autoritaria violando la libertad de prensa y de expresión desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril de 2018.

El  régimen de Daniel Ortega, además incumple con lo establecido en la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, afirmó Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos, durante la presentación de un monitoreo realizado en el marco del sistema de alertas de violaciones a la libertad de prensa que lleva a cabo la fundación.

A partir de abril de 2018 hasta febrero de este año, la Fundación Violeta Barrios contabiliza un total de 2 mil 86 agresiones contra hombres y mujeres de prensa. Desde el inicio de la crisis sociopolítica a diciembre de 2019 se registraron 1,979 casos, mientras que en enero y febrero de este año documentaron 72 y 35 casos, respectivamente.

“La práctica del ejercicio periodístico de Nicaragua sigue siendo un oficio altamente peligroso, pero ante esa situación nos encontramos con periodistas valientes, con periodistas que han retado el apagón informativo que ha querido poner el Gobierno de Nicaragua, con nuevas iniciativas y siendo creativo con nuevas plataformas digitales”, señaló Medrano.

“ESTADO MUDO”

La Fundación Violeta Barrios también presentó resultados de un monitoreo que realizaron para saber si el Estado cumple o no con la Ley de Acceso a la Información Pública, determinando que no cumplen con esta normativa que fue aprobada el 16 de mayo de 2007.

Como un ejercicio para saber si la ley se cumple, la fundación envió 59 solicitudes en línea a diferentes instituciones y solo en tres de ellas obtuvo una respuesta. De 31 solicitudes que presentaron personalmente, solamente en 4 recibieron respuesta.

“Eso nos dice que estamos ante un Estado mudo o un Estado que no hace nada, porque tenemos un estado que no informa de lo que hace (…) Hay falta de voluntad de cumplir con lo que está establecido y con lo que está regulado”, mencionó Medrano.

Los periodistas exigen un cese a la represión.

Por otro lado, al evaluar los sitios web del Gobierno se concluyó que las instituciones están “atascadas de información político partidaria y escasas de información institucional” que es la que requieren los ciudadanos.

En total, se evaluaron 65 instituciones de las cuales solo 57 tienen sitios web y de estas solamente 4 están en nivel de excelencia.

El coordinador de Derechos Humanos destacó que Nicaragua tiene una de las mejores leyes de Acceso a la Información Pública de América Latina, pero su cumplimiento sigue estando en “papel mojado”.

Agregó que el monitoreo se realizó con base a lo que establece el artículo 20 de la misma ley que manda a las entidades públicas a divulgar la información que establecen las leyes y normas de su competencia, y están obligadas a difundir de oficio, a través de la página web, por los menos, su estructura orgánica, los nombres de los servidores públicos y la remuneración mensual, así como auditorías que realicen.

“La sociedad en general se ve afectada, porque el acceso a la información te permite mejorar tus condiciones de vida, si yo soy un ciudadano informado puedo tomar mejores decisiones en mi vida”, puntualizó.

Foto principal: La Prensa.

 

+ posts

La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.