23 mujeres son reconocidas presas políticas. La CIDH destaca el caso de Fátima Mejía Ruiz, quien “no recibió atención en salud post natal".
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En Nicaragua, las personas presas políticas permanecen en condiciones “deplorables” y son sometidas a “tratos crueles e inhumanos”, pero las mujeres recluidas en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) “La Esperanza” estarían en “condiciones aún más severas”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberar a todo el grupo de “manera inmediata”, según una nota publicada este 11 de junio.
“Las condiciones de las mujeres serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas”, denunció la CIDH.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio occidental denunció el caso de Fátima Mejía Ruiz, representante legal y gerente financiera de Puertas de la Montaña.
Mejía Ruiz es una de las 11 personas detenidas en diciembre de 2023, luego que el régimen clausuró la iglesia evangélica estadounidense. “Fátima Mejía Ruiz no recibió atención en salud post natal, tras haber dado a luz previamente a su detención”, señaló la CIDH.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señaló que Mejía Ruiz está “encarcelada por su afiliación religiosa y su papel de liderazgo religioso”.
En diciembre de 2023, la Policía nicaragüense arrestó a Ruiz, pastor del Ministerio Puerta de la Montaña, por dudosos «cargos de lavado de dinero» en medio de una ofensiva contra las comunidades religiosas. El 19 de marzo de 2024, el Juzgado Penal Quinto de Distrito condenó a Ruiz a 15 años de prisión. A Ruiz también se le impuso una multa de 80 millones de dólares.
De las personas integrantes del ministerio Puerta de la Montaña, se “desconoce su condición de salud”, afirma el organismo de derechos humanos.
El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas identifica en su lista a 138 como personas presas de conciencia, entre ellas 23 mujeres y 115 hombres, incluyendo 10 que están presos desde antes de 2018.
De las 23 mujeres presas, al menos seis permanecen en condición de anonimato en la lista del Mecanismo.
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Muchos de los presos políticos, según la CIDH, están en celdas insalubres y no tienen “acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre”.
“El prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física”, señaló la CIDH.
Por otro lado, la CIDH denunció la “falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos”. Además, “persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como presas políticas”.
El régimen mantiene “restricciones arbitrarias” para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable a los presos por motivos políticos. Denuncian que mantiene en “zozobra e incertidumbre a sus familias”.
El caso de Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, y las “desapariciones forzadas” del catedrático Freddy Quezada, Carlos Bojorge y el dirigente de Yatama, Brooklyn Rivera, son casos que preocupan a la CIDH.
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“La CIDH y la RELE urgen al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH”, añade el comunicado.
Más de 30 personas presas políticas tienen medidas cautelares o provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH también recibió denuncias sobre allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias contra de periodistas, artistas y académicos.
La CIDH y la RELE instan a “cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil”.
