En Nicaragua 5 niñas de 10 a 14 años dan a luz diariamente, siendo obligadas a maternidades impuestas producto de abusos sexuales.
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El constante reporte de desapariciones en niñas y adolescentes en las zonas rurales está vinculado, en muchos casos, con abuso sexual “normalizado”, tráfico de personas y embarazados forzados, según indican los movimientos de mujeres feministas, que luchan por la protección de las niñas, niños y adolescentes ante el abuso sexual.
Este viernes el Colectivo Brujas Malportadas junto al Movimiento Contra el abuso sexual, y el Movimiento Feminista de Nicaragua, realizaron un conversatorio virtual para abordar la vulnerabilidad a la que son expuestas las niñas y adolescentes, siendo víctimas de abusos sexuales y maternidades impuestas en el país.
Amarelis Acevedo, miembro del Colectivo Brujas Malportadas destacó que en Nicaragua las constantes desapariciones, son muchas veces secuestros de menores, que está siendo un acto de violencia a los derechos humanos de estas. Sin embargo, la problemática es ignorada por el Gobierno que antepone temas de índoles políticas en lugar de dar seguimiento a las vulnerabilidades a las que son expuestas las niñas y adolescentes del país.
Acevedo además advirtió que las entidades estatales que “deberían dar el seguimiento necesario a estos casos”, no cuentan siquiera con un registro actualizado de las desapariciones, secuestros y denuncias por abuso sexual, sino que es hasta 2012 que se presentan las estadísticas completas, además que no toda la población puede contar con el acceso a estas.
La activista también indicó que estas desapariciones y secuestros, se concentran en una problemática que es vista de manera natural en las zonas rurales, como ejemplo de ello señaló casos del departamento de Chinandega, donde la vida de las menores es intercambiada por bienes, mientras la comunidad normaliza el comentario de “se la llevó”, como dejando bien visto que el secuestro de menores y la interrupción de la infancia, se anteponga a los derechos humanos de estas.
Insistió a su vez, en que algunas familias ceden a estos secuestros por un bienestar familiar, donde se antepone “la buena vida” que las menores puedan recibir en manos de aquellos que cuentan con bienes que garanticen una “mejor calidad de vida”, mientras se le arrebata a las víctimas el deseo de continuar su infancia. También destacó que algunos hombres en las zonas, se aprovechan de la inocencia de las niñas y adolescentes y las engañan para trasladarlas a otras ciudades.
Lorna Norori coordinadora del Movimiento Contra el abuso sexual, en su intervención aseveró que uno de los más grandes logros que ha obtenido la organización, es que el abuso sexual hoy es abordado sin vergüenza y sin miedo, gracias a las campañas que han organizado, como la de “Yo te creo”, dejando a un lado esa condición mítica del abuso sexual.
Norori destacó que el movimiento por su parte sobrevive por él mismo, sin apoyo económico y a pesar del cierre de otros organismos por persecución política, pero sabiendo que “aún nos queda mucho por hacer”, por la problemática del abuso sexual en menores.
La especialista además agregó que desempeñan su rol de defensoría con la disposición de continuar afrontando la problemática social del abuso sexual, que viven las niñas, niños y adolescentes en Nicaragua. A su vez señaló que luchan también por disminuir las maternidades impuestas, que son los resultados de los abusos sexuales, y hacer el llamado a los diferentes sectores sociales para atender este problema que afecta a la niñez en el país.
Norori indicó que Nicaragua presenta una alta tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años, y destacó que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe de 2018, publicado en 2019, refiere que «cada día 5 niñas de 10 a 14 años están pariendo en Nicaragua, y eso significa 1,825 niñas en un año”.
Al respecto Mayté Ochoa, miembro del Movimiento Feminista de Nicaragua, señaló que las instituciones en el país “no tienen autonomía, debido a que dependen del poder de la pareja dictatorial de Nicaragua”, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes junto a sus hijos, son operadores del sistema, dejando a las víctimas de violencia sexual y emabarazos forzados sin recibir una justicia a su caso.
Ochoa resaltó que hoy Nicaragua no cuenta con la debida cooperación internacional para tratar de disminuir las problemáticas de vulnerabilidad a la niñez nicaragüense, producto a los lazos rotos que provocaron los problemas políticos por parte del Estado.
La activista y feminista destaca, que en el país, el Estado no tiene una definición objetiva de las estadísticas de abusos sexuales, violencia contra la niñez y maternidades impuesta, sino que son los movimientos de mujeres y ayuda a la niñez, quienes se han encargado de esclarecer los datos reales de esta problemática.
Desde inicios de enero del 2021 las denuncias de desapariciones han incrementado en redes sociales, dejando la vista que la problemática continúa en ascenso, pero son las zonas rurales del país las que se ven afectadas mayormente.
Recientemente uno de los casos de desaparición, terminó en el femicidio de la joven de 21 años, Katring Ninell López Martínez, que fue reportada desaparecida desde el 9 de enero de este año, en Jalapa, municipio de Nueva Segovia.
