Las agresiones sexuales como método de represión utilizadas por la Policía del régimen en contra de las detenidas para obtener información de participantes en las protestas en los tranques han sido denunciadas frente a organismos de derechos humanos.

Un caso concreto es el de una campesina que participó en los tranques de Juigalpa, secuestrada entre el 6 y 13 de mayo del 2019, quien fue sometida a actos de tortura y violencia sexual por parte de la Policía orteguista, como una forma de presión para que les diera información sobre su hija.

La campesina denunció que fue encerrada en un cuarto con vidrios oscuros donde permanecía esposada, “le quitaron la ropa, incluyendo su ropa interior y mientras algunos de sus captores realizaban tocamientos en sus bustos, piernas, caderas y vagina, otros la interrogaban para que dijera todo lo que sabía”.

Aunque la campesina, cuya identidad no fue proporcionada por considerar que su vida está en riesgo, “rogó porque no le hicieran daño, la primera noche fue desnudada y violada sexualmente por uno de los agentes. En algún momento, mientras tocaban sus partes íntimas y olían sus genitales, le decían ‘te vamos a hacer el papanicolao’”.

Además, como parte de las torturas, la campesina fue obligada a hacer sentadillas desnuda, la penetraron en la vagina con una pistola y la amenazaron con meterle los tiros y fue obligada a comer arroz con frijoles mezclado con cucarachas, y le apretaban las esposas hasta hacerle daño.

PIDEN SILENCIO BAJO AMENAZA

La advertencia que recibió la víctima fue que lo ocurrido era un secreto que debía llevarse a la tumba, porque sabían dónde vivía y podían matarla. El caso aparece en un informe sobre la situación de los derechos humanos de la población campesina, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, Acción Penal, Fundación para el Debido Proceso y Movimiento Campesino.

De acuerdo al testimonio de la campesina, la violación se repitió durante dos noches más y ocurrió en presencia de otras personas, entre ellos una mujer.

“Mientras la ofendían diciéndole que – ‘todos iban a pasar por ella’-. Si bien la mujer no la violó, le realizaba tocamientos en sus senos y genitales, le preguntó si había tenido sexo con otra mujer, y le advirtió que iba a probar de todo, incluyendo el uso de vibradores, para que aprendiera por ‘terrorista y tranquista’”.

En algunas ocasiones la vejación contra la campesina incluía golpes y patadas, al tiempo que le recriminaban que eso ocurría por ser una tranquera, terrorista y enemiga del gobierno. La víctima refirió que eso mismo le ocurrió a una amiga que se vio obligada a abandonar el país. Aunque fue dejada en libertad, la mujer asegura que ella no puede llegar a su casa porque inmediatamente aparece la Policía, “evidenciando la existencia de un aparato de espionaje alimentado por fuerzas parapoliciales”, indica el informe.

“Durante la recopilación de estos testimonios, es evidente que -en los agentes estatales, policiales y parapoliciales-, existe un patrón para referirse a las víctimas como tranqueras, golpistas y enemigas del gobierno, y que por esa razón son merecedoras de cualquier tipo de tortura, castigo o hasta la muerte”, expresa el informe en poder de la CIDH.

Al tiempo que recuerda que posterior a la llamada “Operación limpieza”, el régimen inició una feroz persecución en contra de los manifestantes y de quienes permanecieron en los tranques y en muchos casos de sus familiares.

“Los ataques por parte de fuerzas policiales y parapoliciales fueron realizados de manera indiscriminada y sin atender el mínimo respeto a sus derechos civiles y políticos en contra de estudiantes, jóvenes, campesinos y población que se sumó a las protestas, instalando en el país un estado de terror”, revela el informe.

Y recuerda que el liderazgo del Movimiento Campesino fue objeto de persecución y represión indiscriminada, una parte de ellos detenidos ilegalmente por corto tiempo, otros apresados, torturados y sometidos a procesos judiciales arbitrarios como en los casos de Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Díaz, Lener Fonseca, Ronald Henríquez y Fredy Navas, mientras otra parte tuvo que exiliarse para resguardar sus vidas y las de sus familias frente a las amenazas de muerte, como en los casos de Francisca Ramírez, Juana Juárez, Javier Carmona, Nemesio Mejía, Henry Ruiz, entre otros.

Durante el levantamiento por la fuerza de los tranques algunos sufrieron lesiones por armas de fuego como sucedió a Juan Gabriel Mairena y otro identificado como JZ, quienes permanecieron escondidos mientras buscaban recuperarse con apoyo de personas solidarias porque no podían recurrir al sistema público de salud.

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La Lupa Nicaragua