La falta de medidas contundentes y de condiciones para atender a las personas contagiadas por COVID-19 solo ha recrudecido las debilidades que desde años atrás tiene el sistema de Salud y el Seguro Social, y esto se vio reflejado en el informe 2021 realizado por la firma Latinobarómetro.
El estudio aplicado en más de 17 países, refleja cómo la pandemia «ha desnudado el poder en cada uno, dejándolos sin máscara para esconderse… las desigualdades y la discriminación a la que muchos ciudadanos han sido expuestos por años».
Nicaragua se encuentra dentro de los países que se enfrenta a una triple crisis: en primer lugar la política que se agravó desde 2018; la económica y la sanitaria. El informe además, lamenta cómo la Revolución Popular Sandinista que derrocó una dictadura en 1979 se corrompió por el régimen de Daniel Ortega hasta conertirse en lo que llaman una suerte de “sultanato”, formado por sus familiares quienes controlan los centros de poder del Estado.
En efecto, según indica el estudio, la pandemia solo vino a recordar a Nicaragua que vive en una dictadura, esta crisis ha acelerado y visibilizado los problemas de pobreza y desigualdad que ya estaban.
De acuerdo con el epidemiólogo Álvaro Ramírez, el sistema de salud nicaragüense de los años 80 era bastante robusto, tanto en la medicina preventiva como en actividades de prevención de enfermedades.
“Participé en muchas campañas, pero todo vino decayendo con la dictadura, yo podría decir que en el sistema de salud pública hay trabajadores profesionales que saben exactamente qué hacer frente a las diferentes crisis, pero lamentablemente no pueden contraponerse contra una opinión esotérica como es la del régimen que no se apega a los reglamentos y medidas sanitarias que se deben aplicar principalmente frente a un problema tan severo como el COVID”, manifiesta.
El experto refiere que el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con el régimen, desde el principio de la pandemia mostraron una actitud indiferente, el dictador no decretó una emergencia nacional al anuncio de la pandemia mundial, y por ende fallaron al Reglamento Sanitario Internacional, firmado en el 2007, donde se comprometían a responder y reportar todos los eventos de salud pública de interés.
“No lo hicieron por interés económico, porque al momento de declarar el problema, ellos estarían obligados a asegurarle a los ciudadanos la atención médica a todos los niveles, al igual que otros países regionales hubiesen tenido que contratar el servicio de hospitales privados para aumentar la capacidad de respuesta ante el COVID, pero el régimen no tenía el dinero para enfrentar este tipo de gastos”, opina el experto.
Otro gasto importante al que el régimen hubiese estado obligado a hacer es subvensionar la economía.
“Ellos debían hacerlo con todos aquellas personas que iban a dejar de trabajar por la cuarentena, ayudar a la pequeña y mediana empresa a solventar el pago de funciones, ellos debieron reducirel costo de la energía, dar un tiempo de gracia para el pago de las hipotecas, entre otras cosas, pero eso era una carga financiera para el Estado monumental, y no estuvieron dispuestos a asumirla”, refiere.
Ramírez resalta que tampoco el régimen preparó a los trabajadores de la Salud ni hospitales para enfrentar la pandemia, sino que estigmatizó el uso de la mascarilla, acusando a muchos de estar aterrorizando a los nicaragüenses.
“Bajo ese argumento se expuso a mucha gente, por eso es que han muertos tantos médicos, a los que no se les dio los recursos necesarios para protegerse, la promoción de aglomeraciones, de actividades comunitarias, actuaron en contra de lo que un gobierno responsable debería hacer”, expone.
El especialista subraya que el régimen falló en la estructuración de un plan que redujera los contagios y diera confianza, por eso es hasta este día los pobladores han preferido atenderse en casa, antes que visitar un hospital público.
El ocultamiento de la información real, hasta la fecha es un grave problema que solo evidencia lo “malévolo” que es el régimen, considera el experto.
“Todo lo han hecho mal, hasta gente del mismo partido sandinista ha muerto por las aglomeraciones que ellos mismos promueven, la falta de educación popular también ha influido, ni el proceso de vacunación ha sido organizado, ha sido un proceso manipulado, todo esto refleja que el pueblo está a su propio riesgo, porque el régimen no toman el rol que les corresponde”, exhibe.
Con respecto a las debilidades del Seguro Social, un experto en este tema que pidió se omitiera su nombre por temor a represalia, explicó que en la parte jurídica, desde noviembre de 1993, hasta el día de hoy, el Seguro Social no tienen un marco jurídico que regule la atención médica para los asegurados y pensionados.
“Esto lo que provoca es que todo se realice a nivel discrecional, y es una debilidad que vino a relucir con el COVID», reporta.
El especialista revela que está institución “enferma” desde hace varios años, tomó la decisión de no entregar la boleta reflejando que el ciudadano tiene COVID o sospecha de esta enfermedad.
Con respecto a este punto Pedro Ortega, secretario general de asuntos laborales de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas, denunció varios casos en que el trabajador bajo supuesta sospecha de COVID, va a su empresa provisional y está no le extiende ningún subsidio, lo que los deja sin soporte para demandar sus derechos.
“Lo que está haciendo el trabajador es llamar al INSS central y este se encarga de hablar por teléfono a la empresa y comunica que el trabajador está bajo tratamiento médico por sospecha de COVID, comunicanque el trabajador afectado estará por 7 o 14 días y solo de esta manera la empresa se da por enterada”, expresa.
Ortega comenta que están apoyando a los trabajadores y siempre les recomienda agotar la vía administrativa del INSS y en caso de que no haya resolución favorable, “el trabajador tiene que ir a la vía judicial para que el juez por medio de sentencia mande a pagar el subsidio al trabajador afectado”, comparte.
El sindicalista hizo un llamado a la empresa aseguradora a que cumplan con la Ley, “en vista de que los trabajadores cotizan el 7 por ciento de sus salarios y las empresas pagan el 22% de su planilla, para que los trabajadores y el INSS les brinden los servicios de salud, maternidad, riesgos, subsidios y jubilación, además ya la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 es una enfermedad”, enfatiza.
Confirmó que tales debilidades del Seguro Social se vinieron a recrudecer con la pandemia, y las decisiones entre esta institución y el régimen, solo genera incertidumbre en el trabajador.
“Fue una decisión unilateral, no consultaron a los 30 mil empleadores, y 700 mil trabajadores, este problema de no entregar de la boleta, le podría hacer pensar al empleador que su colaborador abandonó el trabajo, y quizás está hospitalizado, o enfermo, pero también en ese sentido, la familia deberá llamar a la empresa para que tenga conocimiento”, insistió.
Para el epidemiólogo salvadoreño, Alfonso Rosales para determinar a nivel regional que país ha manejado mejor la pandemia habría que hacer una evaluación interna de cada uno, basada en un sistema transparente, lo cual es difícil.
Para ello, indica Rosales se toma en cuenta tres componentes que se usan para combatir una pandemia que son la prevención, vacunación y control, lo que considera que Costa Rica y Panamá, han sido los países que mejor han manejado la pandemia en estos momentos, y los que peor lo han hecho son Nicaragua y El Salvador.
“Esto lo digo basado en la información que hay disponible, pero si los países se abrieran, y fueran transparentes, podríamos ver en realidad que es lo que pasa”, señala.
