OACNUDH lamenta «deterioro de los derechos civiles y políticos» en Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos (OACNUDH), Nada Al-Nashif declaró que el proceso electoral en Nicaragua estuvo marcado por un deterioro de los derechos civiles y políticos, la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones, y en la detención ilegal de al menos 39 personas líderes políticas, campesinas y estudiantiles, así como defensoras de derechos humanos, lo cual es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos a la que Nicaragua está suscrita.

La declaración que hace un resumen de la crisis de derechos humanos que ocurrió en todo 2021, señala cómo el régimen Ortega Murillo desmanteló cualquier oportunidad de transición democrática y justicia para las víctimas de la represión, a través del encarcelamiento de personas precandidatas a la presidencia, la cancelación de la personería jurídica de partidos políticos y organizaciones, la creación de reformas electorales que no sirvieron más que asegurar a Ortega en el poder, y la criminalización de la libertad de expresión y de prensa.

“Las elecciones generales celebradas el 7 de noviembre brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018. Eran también una oportunidad para abrir espacios y progresar hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas del conjunto de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo”, manifesta Al-Nashif en una diálogo interactivo.

No obstante, la represión en el país solo recrudeció, lo que creó un un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres.

“Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos y candidatas expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias. Sin embargo, en Nicaragua, la OACNUDH documentó la detención arbitraria de no menos que 39 líderes y lideresas políticos”, expone.

Lee: Cuatro presas políticas cumplen seis meses de aislamiento en prisión

Ante esto, la OACNUDH denuncia los regímenes de incomunicación, la falta de garantías judiciales en el debido proceso y las torturas a la que las personas presas políticas se encuentran, por lo que insta al Estado nicaragüense que las autoridades permitan las visitas periódicas de abogados y familiares de las personas detenidas, incluidos sus hijos e hijas, y que garanticen que las condiciones de detención cumplan plenamente con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Siguen sin reconocer resultados electorales

Los países participantes se pronunciaron frente a la declaración de la OACNUDH, reconociendo que en Nicaragua no existieron las condiciones mínimas, ni garantías para la celebración de elecciones democráticas, a pesar que el Estado de Nicaragua tachó la declaración de poco objetiva y sesgada.

También: Régimen de Ortega tiene «ensañamiento» contra las mujeres presas políticas

“Estamos profundamente preocupados por la situación de derechos humanos en deterioro en Nicaragua. Las elecciones de noviembre no se desarrollaron conforme los principios democráticos y los resultados carecen de legitimidad. La integridad de los procesos electorales fueron aplastados por el acoso e intimidación sistemática hacia los precandidatos y líderes. El Gobierno de Nicaragua no solamente privó a su población de votar en unas elecciones transparentes, justos y creíbles, sino que tampoco cumplió sus propios compromisos y obligación con los derechos humanos y con las libertades fundamentales conforme a la Constitución de Nicaragua”, manifestó uno de los ponentes.

La defensora de derechos humanos y presidenta del CENIDH, Vilma Núñez denunció la impunidad de los crímenes del régimen a partir de 2018, especialmente el asesinato de 355 personas en el marco de las protestas, el exilio de más de 130 mil personas, el cierre de más de 55 ONG’s y 157 personas presas políticas.

También: Muertes por COVID-19 son 28 veces más que las que reporta el MINSA

La OACNUDH instó la investigación de los crímenes de lesa humanidad, la reparación de las víctimas y la instauración de un Estado de Derecho que permita una transición democrática y pacífica.