Desde países que penalizan totalmente el aborto hasta países que lo que legalizan bajo ciertas casuales, en ningún país de América Latina el acceso al aborto es voluntario, a libre demanda o exento a algún tipo de penalización, revela el estudio Leyes y Sombras: Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe.
Se trata de la primera investigación que reúne y sistematiza toda la información sobre la regulación del aborto en 16 países de la región, realizada por más de una docena de organizaciones que conforman el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI).
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«El acceso al aborto en Latinoamérica es desigual, muy desigual», señala el estudio. Aunque las legislaciones sobre la interrupción del embarazo varía por país, «si en algo se parecen todos estos ambientes jurídicos, es que ninguno reconoce la voluntad de las personas gestantes de manera plena tal como recomiendan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los movimientos de mujeres y feministas», indica.
En los últimos 20 años muchos países de Latinoamérica cambiaron sus legislaciones respecto al aborto, la mayoría ampliando este derecho, pero otros restringiéndolos aún más. Mientras que un grupo de países mantuvo regulaciones que fueron creadas desde el siglo pasado y antepasado.
Aunque la investigación incluye análisis de la mayoría de los países de la región, no se encuentran datos sobre Nicaragua debido a severas restricciones a la información, advierte CLACAI.
En el estudio se encontró que cuatro países penalizan de forma absoluta el aborto: Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Estos prohíben el aborto en su totalidad incluso cuando la vida de las mujeres embarazadas está en riesgo, cuando el embarazo es producto de violación y cuando hay inviabilidad fetal.
Mientras tanto, cinco países permiten el aborto bajo una sola causal: Guatemala, Costa Rica, Perú y Paraguay con la causal de salud, y Ecuador con la causal de violencia sexual y salud.
Existe cuatro países permiten el aborto por más de una casual: Panamá, Brasil, Bolivia y Chile, que contemplan las causales de salud, violencia sexual y salud fetal.
Y otros cuatro países que se rigen por un sistema mixto que legaliza el aborto por más causales y por aborto voluntario, pero hasta un momento determinado.
Aunque las mujeres legalmente tendrían que poder acceder al aborto bajo esas razones, el estudio señala que el alcance de cada causal está condicionada por límites de tiempo. Debido al desconocimiento de las mujeres sobre las leyes de sus países o por la burocracia que supone solicitar la interrupción del embarazo, no siempre logran realizarse el procedimiento por dicho límite de tiempo.
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También las interpretaciones sobre las causales limitan a las mujeres acceder a este derecho. Por ejemplo, la causal de salud es una de las más disparejas en la región.
Algunos países adoptan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que implica atender la salud física, psíquica y social de las mujeres, pero la gran mayoría solo contemplan la salud física en la que solo toman en cuenta la gravedad o el riesgo de vida de las embarazadas.
Por esa razón, a las embarazadas se les impide tomar la decisión de cuánto riesgo están dispuestas asumir por la continuidad del embarazo y al final es el personal médico quien determina dicha decisión.
Si bien la mayoría de los países contemplan alguna causal para legalizar el aborto, estas no garantizan la accesibilidad de los mismos. El estudio analiza cinco elementos que aseguran la disponibilidad de este procedimiento: cobertura, disponibilidad de personal, insumos, telemedicina y acceso al aborto autogestiano.
De los 16 países estudiados, seis no garantizan ninguno de ellos, en los que se encuentran los países con penalización absoluta junto con Paraguay y Guatemala. Siete países solo garantizan entre dos y tres elementos de disponibilidad. Y solo tres países garantizan cuatro elementos o más.
Es decir que en solo tres países de toda la región latinoamericana se asegura el acceso a la interrupción del embarazo.
De acuerdo con la investigación, además de la regulación de los países sobre el aborto, también es necesario incluir elementos jurídicos que brinden una mayor disponibilidad. De lo contrario, el aborto seguirá siendo igualmente de restrictivo que en los países donde está penalizado.
