El Ministerio de Salud (Minsa) cerró la semana sin explicar a la población el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, que entró a la fase de “transmisión local comunitaria”, sostienen epidemiólogos del país.
El silencio de las autoridades sanitarias del país, que por tercer día consecutivo no brindaron la información necesaria, agrava la situación entre una población que necesita ser orientada en este momento, aseguró el epidemiólogo Rafael Amador.
“El que calla otorga, ya no hayan cómo disfrazar la información con tanta información cruzada que hay que contradice lo que están reportando, que me imagino que están tratando de definir una nueva estrategia de comunicación”, dijo Amador.
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La vocera del régimen, Rosario Murillo, también ha limitado la información en sus alocuciones diarias, y cuando se refiere a la pandemia únicamente hace énfasis en el cuarto ciclo de visitas que están realizando “casa a casa”.
Murillo, que apuesta a un “modelo de presencia directa”, señaló que en este periodo se han visitado más de 65 mil hogares a nivel nacional, pero siguió guardando silencio sobre las muertes, casos sospechosos y la situación de los médicos que temen contagiarse.
“Hay dos grandes grupos de población, uno que está esperando el mensaje rutinario conforme el cual se orientan y al no tener información, pues no es noticia y da la impresión que no está pasando nada; y después el resto de la población que está mejor informado, que se manejado de una manera responsable su comportamiento para evitar que se expanda el contagio, probablemente ya no creía la información que estuviera dando el Ministerio y no va a producir un gran cambio”, alertó el epidemiólogo.
“No tienen información”
El único comunicado dado a conocer esta semana por el Minsa, fue el pasado 5 de mayo, pero en su nota no detalló el origen de contagio del paciente número 16, que fue diagnosticado con la enfermedad. Desde el pasado 27 de abril, en sus comunicados confusos, las autoridades de salud no detallan los nexos epidemiológicos de los pacientes que ingresaron a su listado oficial.
“No lo han hecho porque no tienen la información suficiente para identificar el nexo epidemiológico, ya es parte de lo mismo, como la población se está contaminando de manera cruzada a nivel comunitario, ya es difícil saber quién estaba a la par de quién y en el momento que se infectó”, apuntó Amador.
En su último informe, el Minsa resaltó las medidas de prevención referidas al lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas, limpieza de superficies, y formas de comportamiento ante los demás al momento de estornudar.
CIDH y OACNUDH se pronuncian
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) recordaron este viernes al Estado de Nicaragua la urgente necesidad de adoptar medidas frente a esta pandemia, principalmente aquellas que estén vinculadas a proteger la salud de los privados de libertad.
“Ante la pandemia COVID-19, que está afectando al mundo entero, OACNUDH exhorta al Gobierno de Nicaragua a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, incluyendo la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas”, dijo la Oficina de Alto Comisionado.
Por su parte la CIDH a través de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, recordó al Estado de Nicaragua la obligación de “proteger integridad y salud” de los pobladores.
#Nicaragua ????????????????La @CIDH y su @DESCA_CIDH reciben con preocupación denuncias sobre contagios y muertes por #COVIDー19 en un contexto caracterizado por ausencia de información oficial confiable y medidas estatales que promuevan el distanciamiento social. #MESENI HILO????????
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 8, 2020
“La CIDH y REDESCA reciben con preocupación denuncias sobre contagios y muertes por COVID-19 en un contexto caracterizado por ausencia de información oficial confiable y medidas estatales que promuevan el distanciamiento social”, criticó el organismo de derechos humanos.
La CIDH expresó preocupación por especialmente de las personas que fueron privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos como el caso de la autoconvocada María Esperanza Sánchez “que padece enfermedades crónicas preexistentes y presenta síntomas de COVID-19, sin atención médica apropiada”, señala el informe.