Seis formas de violencia contra las mujeres periodistas en Nicaragua
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Por 0 Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado un «patrón sistemático de represión» contra el periodismo independiente en Nicaragua, una estrategia que constituye la «ejecución deliberada de un genocidio informativo». Esta violencia estatal afecta de manera indiscriminada a mujeres periodistas.
El informe Nicaragua: Memoria Periodística y Lucha por la Verdad, presentado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), registra 2,313 violaciones a los derechos civiles y políticos de periodistas entre 2018 y 2025, lo que revela una “escalada sostenida de represión que ha resultado en la desaparición del 85% del ecosistema mediático independiente del país”.
Según el documento, al menos 293 periodistas y trabajadores de medios se encuentran actualmente en el exilio, víctimas de un desplazamiento forzado que constituye la única vía de supervivencia ante la persecución estatal.
De manera alarmante, el 38% de las mujeres periodistas exiliadas enfrentaron amenazas sexuales específicas como parte de la estrategia para forzarlas a abandonar el país. Ser mujer, especialmente si también es indígena o religiosa, multiplica los riesgos y “vulnerabilidades” frente a la represión estatal.
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“Nos han quitado la libertad de ejercer el periodismo desde adentro (de Nicaragua) físicamente, pero no han podido callar nuestra voz”, dijo la periodista y excarcelada política, Lucía Pineda, quien participó del lanzamiento del informe.
Pineda fue detenida el 21 de diciembre de 2018 y durante 172 días sufrió tortura psicológica y confinamiento solitario. Fue liberada, forzada al exilio y finalmente despojada de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023.
A continuación, las seis modalidades principales de tortura y violencia sistemática contra las mujeres periodistas identificadas en el informe:
1. Tortura psicológica diferenciada
La tortura psicológica contra mujeres periodistas en Nicaragua presenta características específicas que la diferencian de otros patrones represivos.
El informe de FLED documenta que “estas prácticas, por su sistematicidad, intencionalidad y efectos degradantes”, califican como tortura psicológica según la Convención contra la Tortura.
El hostigamiento policial constante genera “ansiedad severa en la familia y afecta a los menores de edad”, según documenta la investigación.
Otra de las modalidades documentadas es la vigilancia específica mediante otras mujeres para “intimidación, táctica institucional que refuerza la violencia contra mujeres periodistas”.
2. Amenazas de violencia sexual
Como parte de la violencia institucional, el informe identifica un patrón sistemático de “terror psicológico” que incluye “amenazas de muerte con detalles gráficos” y violencia sexual explícita contra mujeres periodistas.
Las amenazas sexuales operan “como mecanismo de silenciamiento” específico. El caso de la periodista Jennifer Ortiz, es un ejemplo de amenazas de muerte con detalles gráficos que incluían violencia sexual explícita, diseñadas para quebrar su resistencia mediante el terror psicológico, ejemplifica este patrón.
“38% de periodistas mujeres exiliadas —subraya el informe—, enfrentaron amenazas sexuales específicas según revisión documental del período”.
Cuando estas amenazas ocurren en línea, el informe las clasifica como “tortura digital”, como una forma de violencia que trasciende el espacio físico para alcanzar a las víctimas en cualquier momento y lugar.
El “ciberacoso coordinado, amenazas de violencia sexual contra mujeres periodistas, aislamiento prolongado en detención y conversión del hogar en espacio de vigilancia constante”, son otras herramientas de violencia que usa el régimen.
3. Discriminación sistemática por razones de sexo
La discriminación por razones de sexo constituye una de las “modalidades principales” de discriminación documentada en el período analizado, con 72 casos registrados que representan el 54.5% de los 132 casos de discriminación en los años cuantificados (2018, 2021 y 2024).
El 89.4% de todos los casos de discriminación presentan “gravedad alta”, confirmando que no se trata de incidentes aislados sino de un “patrón de sistematicidad que afecta desproporcionalmente a mujeres periodistas y comunicadores independientes.
“La discriminación convergente multiplica riesgos: ser mujer, indígena o religiosa amplifica vulnerabilidades, resultando en la eliminación sistemática de diversidad periodística independiente”, añade el informe.
El régimen hace que “el país se vea privado de voces femeninas en el debate público”, según advierte el informe.
4. Agresiones físicas: violencia directa del Estado
La estrategia represiva del régimen incluye múltiples formas de represión directa como agresiones físicas, detenciones arbitrarias y robo sistemático de equipos de trabajo.
En julio de 2019 a la periodista Emma Amador la agredieron y robaron sus equipos. Su caso es apenas un ejemplo de la violencia física directa perpetrada por agentes estatales contra mujeres periodistas y constituye una de las formas más brutales de represión documentadas.
El informe documenta 96 agresiones y ataques, aunque no especifica cuántos son propios contra mujeres.
Las agresiones se intensificaron particularmente durante 2019, cuando se consolidó la institucionalización de la violencia como política de Estado.
5. Desaparición forzada
A la fecha del informe, la periodista Fabiola Tercero permanece en desaparición forzada.
La desaparición forzada constituye “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado”. No solo afecta a las víctimas directas, que enfrentan incertidumbre absoluta sobre su situación legal y destino, sino que extiende el sufrimiento a sus familias, que desconocen su paradero exacto, condiciones de detención y estado de salud.
Esta modalidad represiva coloca a las víctimas en un limbo jurídico donde no tienen acceso a defensa legal, contacto familiar ni garantías procesales básicas.
6. Persecución judicial y “muerte civil”
El caso de Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, representa un caso emblemático de lo que el informe denomina “muerte civil institucionalizada”.
El informe describe la muerte civil como la “eliminación jurídica de una persona de la vida social y política mediante la cancelación de derechos, confiscación de bienes y anulación de su estatus ciudadano, sin recurrir a la eliminación física”.
Chamorro fue procesada por su vínculo con la fundación que lleva el nombre de su madre. Su precandidatura presidencial fue bloqueada mediante “acusaciones fabricadas de lavado de dinero”, por las cuales fue “condenada a ocho años de prisión sin pruebas admisibles”, según documenta el informe.
Finalmente, la desterraron, desnacionalizaron y despojaron de sus propiedades.
Impunidad
Las 2,313 violaciones contra comunicadores van acompañadas de una impunidad del 99.96% que pone en evidencia el “colapso total del Estado de Derecho” en el país.
“Esta crisis trasciende las violaciones comunes de derechos humanos. Constituye la ejecución deliberada de un genocidio informativo que destruyó el 70% del gremio periodístico, forzó al exilio a casi 300 periodistas; cerró diversas plataformas y espacios informativos”, puntualiza el informe de la FLED.
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