Las 5 cosas que debes saber del informe que emitió Estados Unidos sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua
Por 211 
Por 211 El Informe Anual de la Práctica sobre Derechos Humanos 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos, indica que Nicaragua tiene un “sistema político autoritario altamente centralizado” que está dominado por Daniel Ortega y su cónyuge, Rosario Murillo.
En el informe, Estados Unidos enfatiza que Ortega asumió su tercer mandato en enero de 2017 tras un proceso electoral “defectuoso” y señala que a partir de la crisis social de abril de 2018 “fortaleció activamente la impunidad a los abusadores de los derechos humanos”.
“El Gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018”, señala Estados Unidos.
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A continuación te presentamos un resumen de los puntos más esenciales que recoge el informe.
PRIVACIÓN DE LA VIDA Y TORTURAS
El documento detalla que existen numerosos informes de que el régimen o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales.
Las fuerzas de parapolicias armadas, enfatiza el Departamento de Estado, detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que protestaron contra Ortega y Murillo, y con frecuencia los mantuvieron en instalaciones improvisadas sin permitirles informar a sus familiares o buscar asesoría legal.
“Las detenciones generalmente duraron entre dos días y una semana (…) El gobierno no hizo ningún esfuerzo para prevenir, investigar o castigar tales actos”, señala.
Por otro lado, los grupos de derechos humanos y los defensores de los campesinos, agrega, documentaron entre 20 y 30 asesinatos de campesinos entre octubre de 2018 y agosto en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia y sus alrededores.
“Grupos de derechos humanos dijeron que estos asesinatos marcaron una escalada de una campaña de terror en las regiones centro-norte y RACN, perpetrada por grupos de parapolicias para erradicar la oposición política al partido gobernante FSLN”, dice el extenso documento.
En el informe se señala que el 16 de mayo, los guardias dispararon y mataron a Nicaragua-Estados Unidos. ciudadano Eddy Montes que estaba bajo custodia en la prisión del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo.
Además, evidencia que se cometieron actos de tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a pesar que ley prohíbe tales prácticas.
“Los funcionarios públicos llevaron a cabo actos intencionales que resultaron en un sufrimiento físico o mental severo con el propósito de asegurar la información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno”, manifiestan.
Por otro lado, señalan que se tuvo conocimiento de “palizas con porras, spray de pimienta aplicado a los genitales de los detenidos y una inspección visual injustificada y degradante de las cavidades corporales de los presos políticos
RESTRICCIONES A LA PRENSA
El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que el régimen Ortega-Murillo no respetó este derecho, por el contrario la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluso para la prensa.
“El gobierno y los actores bajo su control tomaron represalias contra la prensa y las estaciones de radio y televisión bloqueando las transmisiones, impidiendo la importación de tinta y papel, y la violencia contra los periodistas”, señala.
Agrega que los medios independientes enfrentaron restricciones oficiales y no oficiales, represalias y hostigamiento. Los periodistas fueron “amenazados y hostigados” con el propósito de limitar su independencia editorial.
CIERRE DE ORGANIZACIONES
La dictadura impuso un límite a las organizaciones de derechos humanos en el país y las organizaciones humanitarias enfrentaron obstáculos.
“Los funcionarios del Gobierno acosaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales que criticaban al gobierno o al FSLN. Algunas ONG informaron intimidación gubernamental que creó un clima de miedo destinado a suprimir las críticas”, indica el informe.
Por ejemplo, señalan que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) permaneció despojado de su estatus legal, obstaculizando efectivamente su capacidad de investigar los abusos de los derechos humanos.
Asimismo, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos continuó operando desde el exilio forzado en Costa Rica.
CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO
En este contexto, evidencian que hubo corrupción generalizada, incluso en la Policía Nacional, recientemente sancionada por Estados Unidos, el Consejo Supremo Electoral, las autoridades aduaneras y fiscales y otros órganos gubernamentales.
Estados Unidos señala que la falta de instituciones fuertes, un sistema débil de controles y el control político dominante de las instituciones gubernamentales permitieron que la corrupción no fuera erradicada.
“La corrupción y la impunidad seguían siendo rampantes entre los funcionarios del gobierno, y un estado general de permisividad obstaculizaba la posibilidad de abordar el problema de manera efectiva”, sostienen en este documento.
DISCRIMINACIÓN Y ABUSOS SOCIALES
Observaron un aumento general de los delitos sexuales y la violencia contra la mujer; sin embargo, los datos no eran confiables.
Las organizaciones que trabajan en temas de mujeres, según el documento, informaron que la violencia contra las mujeres aumentó y que la “Policía generalmente subestimó su gravedad”.
Foto principal: La Prensa
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