Honduras dejó de ser el único país del continente en tener prohibido el anticonceptivo de emergencia, pero la liberación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue gracias a una lucha permanente de las mujeres hondureñas.
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En 2009 Honduras se convirtió en el único país del continente en prohibir el uso del Anticonceptivo Hormonal de Emergencia o la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), también conocida como “la pastilla del día después”.
Mientras el país estaba sumergido en una crisis política por el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) que administraba en ese momento, el nuevo Ministro de Salud adjudicado por el golpe, prohibió la PAE en su totalidad.
De un día para el otro, las mujeres hondureñas no podían acceder a este método anticonceptivo, aunque fueran víctimas de violencia sexual, sus anticonceptivos fallaran o tuvieran cualquier otra emergencia que requiera el uso de la PAE. Pese a que este anticonceptivo se encuentra dentro de la lista de medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud porque evita embarazos no deseados, se mantuvo la prohibición en los siguientes 14 años.
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Sin embargo, activistas, feministas y organizaciones de derechos humanos mantuvieron la permanente demanda de la liberación de la PAE. Así nació el Grupo Estratégico por la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE), una plataforma para exigir la liberación de la pastilla y para la sensibilización sobre su importancia.
“Una de nuestras metas como GE-PAE fue no dejar que la PAE saliera de la discusión de la agenda política. Nosotras aprovechamos cualquier coyuntura para mantenerlas en redes y en las noticias. Agotamos todas las instancias para la restitución de este derecho”, dice Jinna Rosales, representante del GE-PAE y máster en demografía.
Después de un año en el poder, Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras y esposa del expresidente Manuel Zelaya, cumplió una de sus promesas presidenciales: garantizar el acceso libre a la PAE. Pero la liberación de la pastilla fue gracias a una lucha incesante de más de una década, señala Rosales.
La activista feminista cuenta a La Lupa todas las acciones que se realizaron para demandar al Estado hondureño el acceso a la PAE; la especial preocupación por las víctimas de violencia sexual que debían enfrentar embarazos forzados; y el actual reto de batallar contra la desinformación sobre los anticonceptivos.
En Honduras las mujeres teníamos acceso a la anticoncepción de emergencia desde 1999. En el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) se aplicaron normas de salud integral que brindaron el acceso a la anticoncepción de emergencia de manera gratuita y sin limitaciones, prejuicios o estigmas. Desde 1999 hasta 2009 las mujeres tuvieron la garantía de este derecho.
En 2009 con el golpe de Estado al Gobierno de Manuel Zelaya, se prohíbe el derecho reproductivo a la anticoncepción de emergencia y nos quitan la PAE, sin que se conozca los fines o intereses.
El Ministro de Salud que llega dirigir la Secretaría de Salud (SESAL) a través del golpe, hace una nueva norma técnica que prohíbe el uso y comercialización de la anticoncepción de emergencia, haciéndolo oficial.
Entre el 2009 y 2014 diferentes organizaciones de mujeres luchamos e hicimos diferentes acciones para que se volviera a restituir este derecho.
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También en 2014 un diputado de la oposición presentó un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional para que se vuelva a restituir la PAE, pero no se pudo aprobar. Tampoco era una competencia del Congreso Nacional. A los diputados no les competía decidir si darnos o no la PAE.
Esto era una acción administrativa que debía aprobar específicamente la Secretaría de Salud. Tampoco queríamos hacer acciones en el Congreso porque podíamos correr el riesgo de que penalizaran el anticonceptivo de emergencia. La PAE estaba prohibida, pero no penalizada como el aborto. No pasó a la discusión la propuesta de este diputado.
Médicos Sin Fronteras indica en una investigación realizada en 2019 que a partir de la prohibición de la PAE en 2009, la tasa de partos en niñas y adolescentes incrementó, entre ellas víctimas de violencia sexual.
En 2014 en esa coyuntura de la presentación de la iniciativa de ley, diferentes organizaciones decidimos conformar una plataforma que le dimos por nombre Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE). En esta plataforma se integraron más de 15 organizaciones, entre ellas la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) para luchar por la aprobación de la PAE.
Desde 2014 al 2019 realizamos acciones en diferentes ejes para demandar la PAE, pero también para capacitar y sensibilizar sobre su importancia. Trabajamos con mujeres de comunidades, barrios, zonas rurales, colegios. Hicimos toda una campaña de sensibilización para quitar los mitos y desinformación sobre la PAE, porque desde el Estado también se desinformó mucho.
También había una gran necesidad de atender a las víctimas de violencia porque estaban condenadas a tener embarazos no deseados de sus abusadores debido a la prohibición de la PAE.
En 2016, a través de MSF se propuso a la SESAL llevar a cabo un protocolo para las sobrevivientes de violencia sexual, porque lamentablemente en Honduras no contábamos con un protocolo de atención para las víctimas.
Entre 2016 y 2020 que trabajamos el protocolo hubo una discusión ardua para su aprobación. Ya estaba listo, pero no se aprobó en todos estos años porque contenía un apartado de prevención de embarazos y se establecía la anticoncepción de emergencia. Las autoridades de la SESAL querían quitar ese apartado y no querían garantizar la prevención de embarazo a las víctimas de violencia sexual.
Médicos Sin Fronteras atendió a 94 mujeres embarazadas que quedaron embarazas tras sufrir una violación entre 2016 y 2019. La organización clasificó la violencia sexual contra las mujeres en Honduras como una “emergencia sanitaria”.
Sin embargo, nosotras dijimos que no íbamos a avalar un protocolo sin ese apartado. Un protocolo sin prevención de embarazos no es un protocolo integral. Todos los protocolos del mundo contenían estos aparatos: atención de ITS, intervención psicológica y prevención de embarazos.
Con cada gobierno nuevo, nosotras hacíamos incidencia para que se aprobara el protocolo con el apartado de la PAE, pero ningún gobierno quiso aprobarlo.
El protocolo se aprobó en diciembre del año pasado con el Gobierno de Xiomara Castro. Se aprobó con muchas limitaciones porque el actual Ministro de Salud tenía muchas resistencias, ya que se ha referido a la PAE diciendo que no es un método anticonceptivo, que la PAE va a generar un desenfreno sexual en los jóvenes, que va haber un uso desmedido y otros mitos.
Aunque se logró aprobar el protocolo con el apartado de la PAE, no era suficiente para la situación de Honduras. Dentro de los registros nos dimos cuentas que no todas las víctimas de violencia sexual lograban acceder a los centros de salud para solicitar la intervención del protocolo.
Por otro lado, no todas las mujeres interponen una denuncia ante el Ministerio Público, un procedimiento del protocolo si se quería acceder a la anticoncepción de emergencia.
Nosotras le hicimos ver a las autoridades que necesitábamos PAE libre justamente por estas limitaciones de acceso. Además, si se solo se aceptaba parcialmente para las víctimas de violencia sexual, también discriminaba a todas aquellas mujeres que tenían otros tipos de emergencia.
En teoría. Ese protocolo lamentablemente ahorita está en papel. Nosotras como GE-PAE vamos a hacer un proceso de auditoría social. En febrero establecimos algunas reuniones con algunos funcionarios que están a cargo del protocolo y no tenían idea de cómo implementarlo, porque tampoco han realizado un plan de implementación.
A la fecha la Secretaría de Salud no tiene claridad de cómo se va a implementar. Por eso vamos a realizar el proceso de auditoría social, para garantizar que se elabore el plan de implementación y que realmente se aplique el protocolo. Está genial que tengamos PAE, pero se necesita que trabajemos más.
En el 2022 que la presidenta tomó posesión, nosotras logramos reunirnos con ella el 8 de marzo de ese año. Fuimos 14 compañeras de diferentes plataformas y organizaciones para hablar sobre la PAE y otras demandas de emergencia que se relacionaban con el tema.
La presidenta en ese entonces nos dijo que la PAE iba a ser una realidad en Honduras porque era una promesa de campaña de su gobierno y porque quería hacer las cosas bien. También nos prometió que se iban a hacer mecanismos para darle seguimiento a estas acciones, al igual que con el protocolo.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, prometió en su campaña de gobierno aprobar el acceso a la PAE en los primeros 100 días de gobierno, sin embargo, se aprobó hasta 15 meses después. También prometió otros derechos reproductivos como la despenalización del aborto terapéutico.
También nos sentamos con el Ministro de Salud en su casa. Fue incómodo porque nos tocó escuchar mucha desinformación sobre la PAE y otras cosas de índole religioso, que no corresponden a un profesional de la salud.
El año pasado también hicimos fuertes campañas para concientizar sobre la PAE. Pegamos imágenes del doctor que nos quitó la PAE en el golpe de Estado y el actual Ministro de Salud, porque el golpe de Estado seguía vigente para las mujeres porque seguíamos sin PAE.
Pasó un año y ninguna de las demandas de las mujeres había sido resuelta. Nosotras dijimos que este año íbamos al máximo con nuestras demandas. Este 8 de marzo nos organizamos para unirnos todas. Yo creo que la indignación y la decepción nos terminó uniendo porque todas estábamos de acuerdo en luchar a una sola voz.
Ese mismo día a las 9 de la noche salió un tweet de la presidenta anunciando la liberación de la PAE. Nosotras no consideramos esto un regalo o solidaridad, eso lo tenemos claro. Esto es la restitución de un derecho y el cumplimiento de una promesa de campaña.
Sé que venimos de gobiernos de facto que son opositores a los derechos sexuales y reproductivos, pero nosotras cuestionamos que (la presidenta) se tardó tanto en liberar la PAE. Entre más se tardó en aprobar la liberación de la PAE, más mujeres fueron condenadas a embarazos forzados.
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Nosotras celebramos la liberación de la PAE porque es la restitución de un derecho. Pero el hecho que tengamos PAE no significa que bajamos la guardia, significa que estamos más fuertes y que tenemos un reto más grande para seguir desmitificando los mitos.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la tasa de embarazos en menores de edad ya era alta antes de la prohibición de la PAE, era del 24% de los embarazos nacionales, pero desde el 2009 hasta el 2020 aumentó más.
La Secretaría de Salud reconoce 38 mil embarazos en menores de edad en todo el país hasta agosto de 2022.
También existe una falta de transparencia de datos porque el gobierno que estaba de facto fue incapaz de actualizar estas encuestas nacionales en relación a fecundidad, pero tenemos los registros de las organizaciones feministas que llevan un conteo.
Tenemos de 24 mil a 31 mil casos de embarazos en niñas y adolescentes por año. Es una cantidad exagerada. En su mayoría son embarazos producto de violencia sexual ejercidas por sus papás, sus abuelos o personas cercanas. Ninguna de estas niñas tuvo la alternativa de prevenir el embarazo.
Esto condena a las mujeres a seguir reproduciendo los círculos de pobreza y los círculos de violencia. Porque somos el segundo país con mayores tasas de embarazos adolescentes en la región, pero también somos un país con altos índices de pobreza y pobreza extrema. Es condenar a las mujeres a renunciar a su desarrollo y a las de sus generaciones.
No solo se le condenó a una nueva generación a crecer sin PAE, sino también a crecer con fuertes mitos y desinformación, como que la PAE provoca cáncer, esterilidad o que es abortiva. Por eso digo que tenemos un gran reto por delante, para garantizar que realmente haya acceso a la PAE y haya una educación sexual de calidad.
