Detención arbitraria de médico en Granada evidencia escalada represiva en Nicaragua
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El 13 de agosto de 2025, el médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz fue detenido de forma violenta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un hospital de la ciudad de Granada.
Su captura forma parte de una escalada represiva que se intensificó desde esa fecha con numerosos reportes de «detenciones arbitrarias» en distintos departamentos del país ejecutadas por la Policía orteguista en operativos coordinados contra la población civil.
Su caso evidencia cómo la represión sistemática iniciada tras las protestas de abril de 2018 no solo persiste, sino que se ha perfeccionado como herramienta de terror y control social en el país.
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El caso del doctor Estrada Ruiz es resultado de la continuidad de una estrategia represiva que comenzó hace siete años, cuando Nicaragua vivió uno de los períodos más oscuros de su historia reciente cuando la respuesta del régimen contra los manifestantes dejó 355 asesinados, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.
22 personas detenidas arbitrariamente
Según la organización Monitoreo Azul y Blanco, la detención del médico forma parte de una redada que ha dejado 22 detenidos confirmados en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas.
La organización denunció que los operativos policiales se caracterizan por:
- Allanamientos violentos y saqueos.
- Uso de técnica canina.
- Detenciones en la noche y madrugada.
- Represalias contra familiares de exiliados y excarcelados políticos.
- Allanamientos sin orden judicial.
Confiscación de colegio detonó persecución
En Carazo, las detenciones ocurrieron pocos días después de que el régimen confiscó el histórico Colegio San José, propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas.
Esta expropiación, justificada con “acusaciones no probadas contra la Iglesia Católica”, según denuncia el Monitoreo Azul y Blanco, sirvió como pretexto para intensificar la persecución contra opositores y líderes comunitarios de la zona.
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La represión contra la Iglesia Católica representa otro capítulo de la escalada autoritaria. La Iglesia Católica ha sido tradicionalmente una de las instituciones más influyentes en el país, y su señalamiento como enemiga del Estado ilustra hasta qué punto el régimen está dispuesto a llegar para eliminar cualquier voz crítica en el país.
Las organizaciones internacionales han documentado la magnitud de esta crisis sociopolítica.
El régimen cerró más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, de las cuales 1,500 cerraron en un solo día, representando casi el 80% de las organizaciones que operaban en Nicaragua según datos de 2018.
La estrategia represiva también incluye la implementación del exilio forzado como política de Estado. Muchos se han visto obligados a exiliarse para evitar detenciones arbitrarias, mientras que otros han sido desterrados tras cumplir condenas en condiciones inhumanas, siendo despojados de su nacionalidad en el proceso.
El Monitoreo Azul y Blanco ha habilitado mecanismos de denuncia segura y confidencial para víctimas, familiares y testigos de estos atropellos, reconociendo la necesidad de proteger la identidad de quienes se atreven a reportar violaciones de derechos humanos en un contexto donde la represalia es sistemática.
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