La dictadura Ortega Murillo mantiene perseguida y criminalizada la libertad de prensa en Nicaragua. En 2022, las mujeres periodistas sufrieron más agresiones y hostilidad gubernamental, refiere informe de Voces del Sur
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Ejercer el periodismo sigue siendo de alto riesgo en Nicaragua. En los últimos cinco años, las y los periodistas se han visto obligados a ejercer su profesión desde la clandestinidad o el exilio, resistiendo a la criminalización y persecución de la libertad de expresión y prensa, impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, y a propósito del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, el gremio celebra su resistencia y combate a la censura orteguista, y reitera su compromiso a seguir informando a la población.
Maryórit Guevara, directora de La Lupa, medio que este 1 de marzo celebra cuatro años desde su fundación, destacó, a través de sus redes sociales, su compromiso con la libertad de prensa y expresión, resaltando que “ninguna dictadura nos va a silenciar” y recordando que hacer otro periodismo “es posible y necesario” porque “se tiene enormes deudas con las mujeres”.
“Comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y una Nicaragua en democracia, aquí vamos a seguir, porque nuestras convicciones no son de momento ni de rating”, apuntó Guevara.
La periodista Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, apuntó que el gremio tiene «mucho que celebrar», pues «no es poco» sobrevivir a la «censura, a la criminalización, al destierro, confiscación y a la desnacionalización».
«Seguir informando es un acto de rebeldía ante uno de los más crueles dictadores de la región», apuntó la comunicadora en sus redes sociales.
Ortiz es una de las 12 periodistas y directoras de medios de comunicación que la dictadura incluyó, el 15 de febrero pasado, en una lista de 94 personas a las que declaró apátridas, supuestas traidoras a la patria y prófugas de la justicia, ordenando la confiscación de sus bienes.
Lucia Pineda, codirectora de 100% Noticias y otra de las directivas de medios que fueron declaradas apátridas, también celebró que el gremio periodístico no se haya dado «por vencido» en estos últimos cinco años, pese a la persecución, cárcel, confiscaciones, muerte y hasta el despojo de la nacionalidad.
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“Vienen tiempos de libertad. Demos Gloria a Dios por la libertad de Nicaragua, por el espíritu de valentía que nos da para informar y decir la verdad. Mi reconocimiento por el trabajo y esfuerzo que hacen todos mis colegas. Pronto nos veremos y abrazaremos en Nicaragua”, indicó.
En los últimos cinco años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado en Nicaragua el cierre de más de 50 medios de comunicación, ha criminalizado y encarcelado durante varios meses a periodistas, comentaristas y dueños de medios de comunicación, entre ellos: Lucía Pineda, Miguel Mendoza y Miguel Mora, señalándolos de supuestos traidores a la patria, terroristas y divulgadores de noticias falsas.
En 2022, las principales víctimas de la persecución de la dictadura fueron las mujeres periodistas, que reportaron más agresiones y hostilidad gubernamental, según un estudio de Voces del Sur, divulgado en enero pasado, que refiere que la libertad de prensa registró más de 700 agresiones en ese período.
“Las mujeres periodistas se ven mayormente afectadas por ejercer su profesión en Nicaragua; basado en nuestros registros las periodistas de la Costa Caribe Sur Kalúa Salazar (12 casos), Yahaciela Barrera (8 casos) y Tania López de León (5 casos) son las 3 mujeres que reportaron más agresiones durante el 2022. Este dato es de mucha preocupación, porque en Nicaragua la práctica periodística en su mayoría es ejercida por periodistas varones. Sin embargo, los registros aquí documentados demuestran que el riesgo de las mujeres periodistas proporcionalmente es más alto, que el de los periodistas varones”, refiere el documento.
La organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN) recordó, este primero de marzo, la crisis que enfrenta el gremio de periodistas nicaragüenses, divulgando el estudio “Periodismo de Nicaragua, una profesión menguante”, en el que recogen datos de 116 profesionales del periodismo, que “evidencian la precariedad del gremio, los altos riesgos para ejercer la profesión y la autocensura, como consecuencia de la violencia y persecución”.
Los datos del estudio de PCIN revelan que el 66% de las personas consultadas continúan ejerciendo la profesión, mientras que el 34% dejó de desempeñarse como periodistas, producto de la persecución estatal. Además, apunta que el 77% de quienes siguen realizando reportería, “en su mayoría viven en el exilio en condiciones de precariedad, debido al contexto adverso en Nicaragua”.
Los periodistas y comunicadores consultados por la organización confirman, en un 94%, que el principal agresor es el Estado de Nicaragua. Además, denuncian, en un 91%, que el periodismo independiente en Nicaragua ha sido “objeto de ataques, impedidos de la libre circulación, afectados por procesos judiciales y un marco legal configurado para criminalizar la profesión”.
