La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la “existencia física y cultural” de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua está en “riesgo”, debido a un patrón de violencia, impunidad y despojo territorial que, según el informe, ocurre con la complicidad y permisividad del Estado.

En su documento Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua, aprobado el 25 de agosto de 2025, la CIDH —que comenzó a estudiar la situación en la década de 1980—, describe un panorama de violencia estructural “complejo, cuyas causas son múltiples e históricas” en un contexto de “discriminación, racismo, exclusión social y pobreza”.

El informe detalla un patrón sistemático de agresiones, desplazamientos y asesinatos, con la participación o inacción de agentes estatales. Entre los hechos más graves documentados por la CIDH figuran:

  • Ataques armados y masacres: Entre 2020 y 2024, la escalada de violencia dejó al menos tres “ataques armados de gran escala” que son identificados como masacres por las propias comunidades.
  • Asesinatos de líderes/sas indígenas: Líderes/sas comunitarias, defensoras del territorio y guardabosques han sido víctimas de asesinatos por su labor en la protección de sus territorios y tierras ancestrales.
  • Ocupación y despojo territorial: Desde 2014, la ausencia de un proceso completo y efectivo de saneamiento de tierras ha permitido la ocupación ilegal de los territorios.
  • Impunidad estructural: El Estado de Nicaragua mantiene un “clima de terror y represión, utilizando la invasión de colonos como un mecanismo más de control y sometimiento contra estos pueblos”.
  • Control político y económico: Las comunidades indígenas denuncian la “invasión de colonos como un mecanismo más de control y sometimiento”, en el marco de “una política de colonización interna promovida desde el Estado”.

Imposición de “gobiernos paralelos”

El organismo señala en el informe que el régimen autonómico de la Costa Caribe, aprobado en 1987, “representó un avance histórico en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”. 

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No obstante, a partir del año 2000 ese avance fue socavado para favorecer la centralización del poder en el Ejecutivo. De acuerdo con la CIDH, ese proceso derivó en el “debilitamiento de los mecanismos de representación y autodeterminación” hasta llegar “a la imposición de gobiernos paralelos”.

Esas estructuras “han funcionado de forma alineada a los designios del Ejecutivo y han facilitado el control directo y la explotación de los territorios y recursos naturales de la Costa Caribe, en beneficio del propio régimen de Daniel Ortega, así como de industrias ganaderas, de monocultivo, madereras y mineras”. 

Su imposición —agrega el informe—, “ha provocado una fragmentación profunda en el tejido social y comunitario”.

Según la CIDH, la violencia no se trata de hechos aislados sino de una política de control territorial. “La militarización de la región, la permisividad de las fuerzas de seguridad —bajo el mando del régimen Ortega Murillo— frente a la violencia y su participación en hechos de represión contribuyen a este patrón de complicidad estatal”, indica.

Comunidades enteras desplazadas 

El informe describe que los ataques perpetrados por colonos armados han dejado comunidades enteras desplazadas, mujeres víctimas de violencia sexual y líderes asesinados por defender sus territorios. 

“La violencia ejercida por colonos armados y otros grupos con el fin de despojarlos de sus tierras ancestrales territorios y recursos naturales amenaza gravemente su supervivencia cultural y colectiva”, alertó la Comisión.

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Nicaragua, según la CIDH, “no cuenta con un sistema de justicia imparcial e independiente”, y tras la crisis iniciada en abril de 2018 “la concentración del poder en el Ejecutivo posibilitó su instrumentalización para la criminalización de las personas consideradas opositoras”. 

En sus conclusiones, la CIDH vincula esta situación con las reformas constitucionales de 2024, las cuales “eliminaron los contrapesos democráticos y desmantelaron el régimen autonómico”, consolidando “un contexto de retrocesos de las reivindicaciones históricas alcanzadas a favor de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes tribales en Nicaragua”.

El organismo recomienda restablecer el régimen de autonomía de la Costa Caribe, garantizar el saneamiento territorial, investigar los crímenes, sancionar a los responsables y proteger a las comunidades desplazadas. 

También insta al Estado a “restaurar la independencia judicial” y permitir el acceso de organismos internacionales de derechos humanos.

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La Lupa Nicaragua