Los resultados de un sondeo de opinión realizado por La Lupa indican que el 60% de las mujeres fueron estigmatizadas por ejercer el derecho de sus hijos e hijas, invisibilizando la irresponsabilidad de los progenitores.
Por 218 
Aneyling Bendaña Hernández es madre de tres hijos: un adolescente de 15 años y dos menores de ocho y tres. Durante seis años batalló en la demanda de pensiones alimenticias que nunca se concretaron. Se cansó. El tiempo perdido, el dinero, el cansancio mental y el desgaste emocional nadie lo repara.
Su acto reivindicativo le trajo el estigma de mujer “celosa”, “enojona”, e incluso cuestionaron la paternidad de sus hijos. La acusaban de “no dejar vivir” a su expareja, de “molestarlo” y hasta le demandaban su derecho a “vivir su vida”.
“Ana María”, quien solicitó hablar bajo pseudónimo, recuerda que los ataques vinieron de la familia de su expareja que, la calificó de vengativa y hasta de interponerse en su vida por demandar su responsabilidad como progenitor.
Las mujeres que demandan pensiones alimenticias en Nicaragua se enfrentan al estigma. La acción legal es reconocida como un castigo para el progenitor y no como el ejercicio de un derecho de la niñez. Se invisibiliza y culpabiliza a las mujeres de la irresponsabilidad de hombres deudores alimentarios y padres ausentes.
Así lo evidencia un sondeo de opinión realizado por La Lupa, en el cual participaron 20 madres nicaragüenses, de las cuales el 60% demandó pensión alimenticia y cargó con un estigma, recibiendo críticas de sus exsuegras, la familia del progenitor, la misma expareja e incluso amistades.
“El estigma sigue sobre las mujeres, en el sentido de que, efectivamente, -les dicen que- son unas aprovechadas, son unas oportunistas, no quieren trabajar, quieren que los hombres las mantengan aunque no vivan con ellas…”, confirma una especialista en derecho de familia, a la quien llamaremos “Carla” porque ha decidido hablar bajo anonimato para evitar represalias por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La desinformación y el machismo que culpabiliza se ceban en las mujeres al momento de interponer demandas alimenticias. Las demandantes se enfrentan a un proceso doloroso que inicia con el duelo por la ruptura de su relación; el acto de levantarse y empoderarse para demandar el derecho de alimentos; la lentitud y la retardación de justicia, así como todos los comentarios negativos del vecindario, su propia familia y la familia del padre irresponsable.
“En los peores casos, los hombres acusan a las mujeres de usar el dinero o para provecho de ellas, cuando son cuatro pesos, o para provecho, de sus nuevas parejas. En el extremo de la sinvergüenzada de los hombres irresponsables llegan a decir ese tipo de cosas”, se indigna “Carla” que ha presenciado en juicios de familia este tipo de señalamientos por parte de exparejas, e incluso abogados.
Es un caldo que incluye una serie de artimañas por parte de los progenitores con tal de evadir su responsabilidad entre las que se incluyen: renunciar al trabajo y quedarse en desempleo; abandonar el país; presentar -en colusión con empleadores- constancias salariales amañadas.
Además, existen escenarios más complejos en que las mujeres son amenazadas con violencia física y sexual, e incluso algunos utilizan el mismo sistema de derecho para disuadirles de la demanda, en medio de un discurso igualitarista que pretende disminuir los montos de pago de pensiones de alimentos.
En 2020, según los Juzgados de Familia, en plena pandemia de covid-19, se presentaron 5,372 demandas por pago de pensión alimenticia. En 2021, incrementó un 8% con 5,802 demandas, de las cuales fueron resueltas 5,717, según datos de los Anuarios Estadísticos del Poder Judicial, publicados en su sitio web.
Sin embargo, no existen estadísticas actualizadas, que permitan conocer cuál es la situación de la demanda de pensiones alimenticias en Nicaragua. El ocultamiento de datos fue impuesto por el régimen orteguista desde su regreso al poder, en 2007, y se agudizó desde la crisis sociopolítica de 2018.
Para “Carla”, especialista en derecho de familia, “no hay información fiable. Aunque, desde su experiencia como abogada litigante, asegura que “se ha minimizado el número de demandas y hay estancamiento porque no se cumple con el procedimiento que está establecido en la Ley”.
“Entre más se alarga un proceso que debería de estar listo a lo máximo en tres meses -según el Código de la Familia (Ley 870)- pasan seis meses, puede pasar un año y no hay sentencia. Se alargan los procesos, las mujeres se cansan, no tienen recursos para seguir yendo a los Juzgados de Familia”, explica.
En el sondeo de opinión de La Lupa, 12 mujeres mencionaron haber interpuesto demandas de alimentos. Sin embargo, aún obteniendo una resolución judicial, “los hombres no cumplen las sentencias”.
Han aprovechado para cuestionar “la ineficiencia de las instituciones del Estado, que están para respaldar a la mujer, pero contradictoriamente, protegen al hombre, además de la burocracia que conlleva el proceso”.
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De las doce mujeres que gestionaron demandas, cuatro tardaron más de un año para obtener una sentencia; tres menos de un año; dos casos más de dos años, una tardó seis años y desistió. Las resoluciones nunca fueron acatadas por los progenitores. Solamente un caso fue expedito: un mes a través de Juzgados de Familia.
Bendaña Hernández medió con el padre de sus dos hijos mayores a través de un proceso administrativo en el Ministerio de la Familia (Mifamilia). Él se comprometió a entregar 2600 córdobas mensuales y además, comprar uniformes y útiles escolares, ropa y zapatos, tal como lo establece el Código de Familia (Ley 870). En lo referido a las visitas, fin de semana de por medio, podía quedarse con los niños.
El monto de pensión alimenticia “fue tasado conforme una constancia laboral de unos 8,500 córdobas que consiguió, cuando su ingreso real oscilaba cerca de 17,000 córdobas mensuales”, asegura Bendaña que además, reclamó frente a la institución que actuó de omisión y no solicitó una constancia salarial al empleador y en cambio avaló la estafa argumentando que el monto -de 35% cuando son dos hijos- estaba conforme con el documento presentado.
Ella aceptó. Al año la pensión desapareció. El deudor alimentario había establecido una nueva relación en la cual tuvo dos hijas. Bendaña, con su salario de 10,000 córdobas, apenas le permitía suplir lo básico. Intentó hacerlo asumir su responsabilidad; lo buscó en su casa para mediar, pero este la amenazó expresando impunemente que “aunque fuera al Ministerio de la Familia, otra vez, no podrían hacer nada”.
En MiFamilia le orientaron a Bendaña acudir a la Defensoría Pública para iniciar un proceso por la vía de los Juzgados de Familia. Aunque tenía pensiones retrasadas, no existía la posibilidad de embargar el salario, porque el hombre no cotizaba a la Seguridad Social. Había creado su propia empresa, por lo que Bendaña además de trabajar y criar a sus hijos debía convertirse en “detective” y encargarse de averiguar los ingresos del padre irresponsable.
Logró una resolución apegada a ley, pero el deudor alimentario continuaba burlándose de la justicia, su expareja y sus hijos. Decidió acusarlo por la vía penal por el delito de Incumplimiento de deberes alimenticios. Fue a la Fiscalía, y de ahí, la enviaron a la Comisaría de la Mujer. En esa instancia, le informaron que lo llamarían para mediar.
“¿Qué podría mediar con un sujeto que no se había presentado en las citas anteriores y no había mostrado interés en ejercer su paternidad?”, recuerda que se cuestionó molesta.
En paralelo, Bendaña continuó con su vida. También inició una nueva relación en la cual tuvo a su tercer hijo. El progenitor, durante cuatro meses canceló 1,000 córdobas en concepto de pensión alimenticia, y luego también renegó de su responsabilidad. Ella, consciente del derecho de su hijo, inició una nueva causa por el delito de incumplimiento de deberes alimenticios.
Fue a la Comisaría de la Mujer -bandera propagandística en políticas de género de la dictadura Ortega-Murillo- la atendieron, pero el caso nunca llegó al Complejo Judicial. Se cansó de visitar la Comisaría y esperar, y esperar mientras su salario se desvanecía en la manutención de tres criaturas. Después de seis meses, decidió migrar a Costa Rica.
La experiencia migratoria sólo duró un año. Retornó a Nicaragua ante la poca voluntad que encontró en el país vecino y la demanda de sus hijos de tener presente a su madre. Pensó que quizás con el tiempo su caso había avanzado en la Comisaría de la Mujer, pero seguía estancado.
“Tenés que tener paciencia porque aquí no solo vos has venido a meter papeles para demandas y tenés que estar viniendo una vez a la semana a preguntar (…) tenés que tener paciencia, esto lleva tiempo”, le dijo la funcionaria policial, pero Bendaña le espetó: “¿van a vivir de paciencia mis hijos?”. La mujer no respondió. Hace año y medio Bendaña desistió del proceso.
“He sentido que ha sido la pérdida de tiempo más grande que he tenido en mi vida por solamente querer buscar el derecho de mis hijos… con el riesgo de que me despidieran de mis trabajos por ir a preguntar; gastar pasajes; pasando el mediodía sin comer; ahí esperando que me dijeran una palabra y nunca me dijeron nada”, lamenta resignada frente al sistema de justicia de Nicaragua.
La compra de alimentos, ropa, medicina, aseo personal, vivienda y acceso a la educación, ocio, entre otros derechos de sus tres hijos, en promedio, implican un presupuesto de unos 11,000 córdobas mensuales. La cantidad excede los 9,700 córdobas netos que percibe como agente de atención al cliente en una farmacia en Managua.
El sondeo de opinión de La Lupa reveló que el 45% de las madres gastan, en promedio, más de 5000 córdobas en la compra de alimentos.
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El 80% gasta mensualmente menos de 3,000 córdobas en productos de higiene. Y el 50% entre 3,000 y 4,000 córdobas en pagos relacionados con el acceso a la educación de sus hijos. Estos montos no incluyen todo lo que significa sostener de forma digna la vida de hijos e hijas, así como tampoco el trabajo no remunerado de cuidado y crianza.
El Código de Familia (Ley 870) Capítulo 3, artículo 324 establece las formas de tasar los alimentos siendo el monto mínimo 25% de los ingresos netos si hay solo un hijo; 35% de los ingresos netos si hay dos hijos; 50% de los ingresos netos si hay tres o más hijos y se distribuirán de manera equitativa.
Porcentajes que para la especialista en derecho de familia, Carla son “injustos” frente a las necesidades reales de los niños y las niñas por lo que entra en contradicción cuando se establece como parámetro “el bien superior de la niñez”, así como con la promovida igualdad entre hombres y mujeres.
Explica que, argumentar que el otro 50% corresponde a la madre no es siquiera razonable, cuando esta dispone del 99.9% de su tiempo, dinero, y demás, pero en especial porque existe una desigualdad que ubica a las mujeres en el mercado informal, sin contratos, sin derechos laborales y aquellas que tienen mejores condiciones laborales sus salarios son menores a lo de los hombres.
Esta realidad no es nueva, antes de la pandemia del covid-19 que disparó la inflación mundial, las pensiones alimenticias ya eran raquíticas. En Nicaragua, el costo de vida aumenta aceleradamente. La canasta básica superó, por primera vez, los 20,000 córdobas en marzo de 2024, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). El aumento merma la capacidad de compra de la ciudadanía.
Es decir, que el mismo tomate que un día costaba cinco córdobas, al día siguiente cuesta el doble, por ende, las pensiones deberían aumentar el 100%, sugiere la especialista en derecho familiar, pero esto no pasa.
De los doce casos que sí reciben pensión alimenticia para sus hijos, registrados en el sondeo de La Lupa, las pensiones se mantenían en un rango de 1,000 a 5,000 córdobas; este último monto corresponde a dos casos excepcionales. Los datos confirman que las pensiones no cubren ni el 50% del costo de alimentación que requiere un menor para su desarrollo.
La relación de Ana María con el padre de su hijo había terminado. Acordaron que pagaría 700 córdobas semanales para la crianza del menor. Cumplió por un tiempo, pero desde enero 2019 a marzo 2020 no pagó nada.
Ella decidió demandarlo ante el Ministerio de Familia, que ridículamente, aprobó una pensión de 1,000 córdobas mensuales con base al perfil del trabajador campesino y un retroactivo de 12,000 córdobas, que paga en cuotas mensuales de 250 córdobas. Cada mes, desde 2020, recibe 1250 córdobas (35 dólares al cambio actual).
“Me sentí defraudada”, dice Ana María, quien tiene un salario de 4,000 córdobas. Aun con el monto ridículo de pensión alimenticia tenía que soportar la crítica de su propia familia, al hacerla sentir culpable por haber escogido “un hombre así, un mal padre”, y demandar pensión cuando “podía sola”.
Intentó persuadir a su expareja, quien está fuera del país, para aumentar la pensión, pero este se negó. Aunque Ana María cuenta con un presupuesto para todo, cuando hay un gasto médico imprevisto, el desbalance económico es evidente y echa mano de la tarjeta de crédito o de préstamos para solventar las emergencias. Está inmersa en un círculo de endeudamiento porque su salario es insuficiente.
“En todo el tiempo que tiene de vivo mi hijo, -el padre- jamás le compró un par de zapatos, fue hasta el año pasado”, relata Ana María que gasta cada mes 5,000 córdobas entre alimentos, higiene personal y educación de su hijo. Viven con sus padres.
La memoria 2019 – 2021 del Poder Judicial indica que la Defensoría Pública en tres años logró -en su jerga propagandística- la “restitución de los derechos alimentarios en favor de 40,341 niñas, niños y adolescentes, pero convenientemente no establecen parámetros de montos de pensiones alimenticias que se pagan.
Aunque cuantifican el monto en 391,635,194.43 córdobas que, dividido entre la cantidad de sentencias emitidas, hablaríamos de más de 9,000 córdobas por menor, sin embargo “sería iluso pensarlo y aun pensandolo es insuficiente para la manutención de un hijo o hija”. En la memoria no se establece cuántas de estas pensiones continúan cumpliéndose.
“Es un discurso populista, falso como todas las fakes news de esta dictadura. El sistema judicial no funciona y las mujeres desisten de los procesos de demanda de alimentos tanto por la presión familiar, el desgaste económico y emocional, la carga de la prueba y la retardación de justicia, y aquellas que logran vencer esos obstáculos y obtienen una sentencia se frustran cuando los hombres no las pagan y ahí muere la famosa -restitución de derechos- de la que habla la dictadura”, explica una experta en la promoción del derecho a la pensión de alimentos.
“Ana María” llora con dolor. Trata que su hijo, de seis años, no perciba el desinterés de un padre ausente. Es una tarea difícil porque ni siquiera lo llama para su cumpleaños.
“Yo le digo a él que lo llame para que mi hijo no sienta que no lo quiere. Pero es difícil, porque cómo le explicás a un niño que su padre no lo quiere…es la parte más dura”, dice con la voz entrecortada por el sollozo.
Ella, como madre, trata de ser lo más cariñosa posible, pero a veces se ve como un “fantasma”, porque no están mucho tiempo juntos. Trabaja todo el día y los fines de semana estudia.
“Siempre estoy enojada, pero cómo gestionas tantas cosas, o sea, no existe una manera humana. Yo solo quiero dormir y él quiere andar jugando…”, se sincera.
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Su hijo busca una figura paterna, dice “Ana María”. Ella siente que la ha encontrado en su abuelo, quien juega con él y a medida de lo posible, lo consciente. Ella está pendiente de su hijo en todas las esferas de su vida, pero la emocional, es, asegura, “la parte más dura”.
El 50% de los hombres nunca asume el cuidado de los menores y el 30% comparte la situación de “Ana María”: cuando el progenitor ni siquiera pregunta o llama en la fecha del cumpleaños de su hijo, indica el sondeo de opinión de La Lupa que incluyó varias preguntas sobre cuidado y crianza de la niñez.
El hijo mayor de Bendaña es consciente que su madre ha contado únicamente con el respaldo de sus padres -abuelos- para criar a tres varones, cuenta su madre. Agrega que sus padres juegan un papel clave, porque ven a sus hijos en todo momento, en especial, cuando sale de su trabajo casi a medianoche.
“No ha sido fácil”, dice. Está aprendiendo a lidiar con los cambios de humor de su hijo adolescente, mientras trata de maniobrar el dinero y el tiempo para atender a los otros dos pequeños.
Casi un 50% de las madres recurren a sus propias mamás cuando el menor se enferma o necesita algún otro tipo de apoyo, reflejó el sondeo de La Lupa en relación a las redes de apoyo con las que cuentan las madres para el cuidado y la crianza de la niñez.
“Siempre se está hablando de las pensiones y que sean justas para los hombres, pero nunca, nunca se ha puesto el foco en los cuidados porque se da por sentado que las mujeres, por ser mujeres, deben ser las encargadas de los cuidados y la crianza. Es una visión súper machista que lamentablemente no solo la promueven los padres irresponsables y deudores alimentarios, sino también las familias y la sociedad entera”, dice la promotora.
Lo más duro de la situación para esta experta, es que las mujeres siguen llevando las de perder, porque son ellas quienes pagan más por las condiciones dignas de vida de sus hijos e hijas, pero además son las únicas encargadas del cuidado y la crianza, y son quienes se llevan las ofensas y los ataques de “madres celosas, vengativas y aprovechadas, cuando se han empobrecido y desgastado por amar a sus hijos, así que no venga la dictadura a llenarse la boca hablando de las madrecitas en esta fecha cuando las tiene abandonadas”.
