Investigadora en Centroamérica para Amnistía Internacional lamenta nueva ola de persecución y criminalización en Nicaragua
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La noche del 5 de julio la Policía Nacional secuestró a cinco personas opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sumando a 26 personas detenidas desde finales de mayo y a 133 desde el inicio de la crisis sociopolítica según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Los organismos de derechos humanos indican que se trata de nueva ola de persecución y criminalización.
En esta entrevista, Astrid Valencia, abogada especialista en derechos humanos e investigadora en Centroamérica para Amnistía Internacional, compartió las demandas hacia el gobierno de Nicaragua a tan solo cuatro meses de las elecciones presidenciales.
Amnistía Internacional ha estado desde el primer día en que esta crisis de derechos humanos inició en abril de 2018. Desde entonces hemos estado monitoreando y denunciando lo que está pasando en el país. Claramente estamos en una escalada represiva dramática. Vemos una sumatoria de prácticas que está implementando el gobierno de Daniel Ortega y creemos que la mirada internacional debe estar puesta en Nicaragua.
Todos los signos, las evidencias y las acciones que está implementando el gobierno, permite observar que el camino hacia las elecciones será un camino lleno de violaciones de derechos humanos y de hostilidad hacia cualquier persona que, la identifiquen como disidente opositora a las políticas del gobierno.
Hemos ido mostrando diferentes etapas de la crisis. Nuestro primer informe “Disparar a matar” mostraba esa estrategia represiva, en ocasiones letal con posibles ejecuciones extrajudiciales en las primeras manifestaciones y protestas.
En nuestro segundo informe “Sembrando el terror” tuvimos la oportunidad de documentar desde el terreno la «Operación Limpieza», donde también pudimos poner en la mesa el armamento de tipo militar que utilizaron los grupos parapoliciales para reprimir a la población.
Y en nuestro último informe “Silencio a cualquier costo”, es el más reciente de inicios de este año, justamente muestra el ambiente que estamos viviendo en este momento. Una serie de leyes que fueron aprobadas el año pasado, que hoy son parte de la caja de herramientas del Gobierno de Daniel Ortega para reprimir, encarcelar e intentar silenciar al costo que sea, cualquier crítica a cualquier persona que denuncie lo que pasa en Nicaragua.
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Desde el punto de vista de derechos humanos, lo que demandamos es que la población pueda ejercer sus derechos civiles y políticos, sin hostigamiento y sin agresiones. Ese es nuestro llamado, que se pueda ejercer los derechos civiles, en este caso en un contexto electoral, los derechos políticos.
Lo primero es el cese a la represión, pero también la rendición de cuentas de las personas señaladas como responsables de las graves violaciones a derechos humanos y crímenes del derecho internacional. Deben ser llevadas bajo investigación y aquellas personas que resulten sospechosas o culpables, también deben tener un debido proceso y ser llevadas ante la justicia.
Lo primero es el cese a la represión, que es fundamental. La restitución de los derechos humanos, que las personas tengan acceso a la justicia, a la reparación y sobre todo a garantías de no repetición. Si no hay cese a la represión por parte de las autoridades, esta crisis de derechos humanos no va a tener un fin.
Eso quiere decir que la violencia viene desde el aparato estatal o el aparato parapolicial que actúan con la presencia y en coordinación con las autoridades. Vemos como desde las autoridades hay una estrategia represiva implacable donde justamente hay uso de herramientas violentas que ha llegado a ser letales, haciendo uso de torturas, detenciones arbitrarias, etc., para intentar silenciar a la población.
Lamentablemente esta práctica de reprimir el ejercicio de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y libertad de asociación, son tácticas utilizadas históricamente por gobiernos represivos, por gobiernos que imposibilitan u obstaculizan el ejercicio de derechos, por gobiernos que no quieren escuchar opiniones diversas y críticas sobre sus políticas públicas.
Los países tienen elementos comunes, pero también particulares. En el caso de Nicaragua, hemos visto que el gobierno ha utilizado un catálogo muy amplio de violaciones a derechos humanos y también de tácticas, tácticas que van desde la represión directa a la reunión pacífica y de libertad de expresión, tácticas que incluyen el uso del aparto judicial con la criminalización de personas, de periodistas, de activistas políticos, tácticas que incluyen la utilización de la Asamblea Nacional para la creación de un marco legal que luego se utiliza para silenciar.
En el caso de Nicaragua hemos visto diferentes estrategias que se han ido utilizando para ir cerrando de forma muy fuerte el espacio público, el espacio cívico y cualquier forma de disenso.
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La justicia transicional tiene pilares importantes que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estos elementos no son negociables. Es decir, “vamos a garantizar verdad, pero no justicia”, sino que son parte de una respuesta integral del Estado para evitar que las violaciones a derechos humanos continúen, para garantizar rendición de cuenta y para hacer efecto que no vuelvan a ocurrir.
Estos pilares de la justicia transicional son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas, y por ello decimos que lo primero que debe ocurrir en Nicaragua es el cese a la represión.
