En Nicaragua hay 73 personas presas por motivos políticos, entre ellas, 14 mujeres —dos aparecen como anónimas— que enfrentan no solo la cárcel, sino también el aislamiento, la negación de atención médica, la criminalización de su fe, su trabajo o su activismo, y en varios casos, la desaparición forzada.

Estas cifras reflejan que la represión en Nicaragua no ha cesado. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —subraya el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas—, mantiene un sistema de “represión y amenazas” en el país, lo que impide que muchas veces los casos sean denunciados.

Entre los presos actuales —según datos actualizados al 30 de agosto de 2025—, 33 están en desaparición forzada, 12 son mujeres.

«Las autoridades se niegan sistemáticamente a confirmar su paradero, obligando a las familias a recorrer delegaciones, cárceles y hospitales sin recibir respuesta. El silencio deliberado del Estado prolonga la incertidumbre y la angustia, violando los principios más básicos de humanidad y protección internacional», destaca el Mecanismo.

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Desde 2018, al menos 1,478 personas han sido reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un espacio conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de los presos de conciencia, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

Estas son las mujeres presas identificadas por motivos políticos en el país:  

Salvadora del Socorro Martínez Aburto

Fue secuestrada por la Policía orteguista el viernes 15 de agosto de 2025 en su finca ubicada entre Masatepe y Jinotepe.

El operativo se realizó sin orden judicial, cuando oficiales ingresaron a la propiedad y se la llevaron junto a su esposo, el coronel en retiro Carlos Brenes, Desde entonces, ambos permanecen en condición de desaparición forzada, sin que sus familias tengan información sobre su paradero.

Su caso forma parte de una ola de detenciones registradas en Carazo, Masaya, Granada y Rivas.

Yolanda del Carmen González Escobar

Es una opositora de 54 años originaria de Monimbó, Masaya, que fue secuestrada por la Policía orteguista el 13 de agosto de 2025.

Una patrulla con antimotines llegó hasta su vivienda y, sin ofrecer explicaciones, la obligaron a subir a un vehículo policial, llevándose también sus pertenencias, incluido su teléfono celular. Desde esa fecha, su familia desconoce su paradero y denuncia que se encuentra bajo desaparición forzada.

Olga María Lara Rojas

Es una mujer cristiana protestante-evangélica y exconcejal retirada de la política hace más de una década, que fue secuestrada por la Policía orteguista el 17 de julio de 2025.

Su detención se vincula a su cercanía con la familia del pastor Rudy Palacios Vargas, reconocido preso político. Desde entonces, permanece en condición de desaparición forzada, sin que se brinde información oficial sobre su situación.

A pesar de haber abandonado la vida política, fue perseguida únicamente por sus vínculos personales y religiosos.

Jessica María Palacios Vargas

Es miembro de la Iglesia La Roca de Nicaragua en Jinotepe. Fue secuestrada por la Policía orteguista el 17 de julio de 2025.

Es hermana del pastor Rudy Palacios Vargas, actualmente preso político, lo que la convierte en una víctima directa de la persecución contra familiares de líderes religiosos opositores. Hasta la fecha, se encuentra en condición de desaparición forzada.

María José Rojas Arburola

La Policía orteguista la secuestró el 15 de agosto de 2025, en medio de una redada de detenciones arbitrarias. Su captura se dio en el marco de operativos masivos contra familias opositoras en Carazo y otras regiones del país, y hasta ahora su familia denuncia que se encuentra bajo desaparición forzada.

Es hija del opositor Rodolfo Rojas, quien en 2022 apareció muerto en Honduras. Según familiares, habría sido llevado a ese país con engaños desde Costa Rica, donde se había exiliado.

El caso de María José resulta especialmente particular, pues se trata de la hija de un opositor asesinado, lo que refleja la persecución cruel impulsada por el régimen.

Evelyn Susana Guillén Zepeda

Detenida arbitrariamente el 5 de agosto de 2023. Su familia ha denunciado que su salud mental se ha deteriorado por falta de medicación. Fue criminalizada por compartir su fe y hablar de Dios en redes sociales.

Guillén Zepeda  —madre de cuatro hijos, tres mayores de edad y un adolescente de 17 años —, es la mujer presa política que tiene más días en prisión, donde la mantienen “constantemente empastillada, abusando y haciendo uso irresponsable de antidepresivos genéricos”, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). 

La mantienen en aislamiento y, según otras expresas políticas, en algún momento con “grilletes en sus pies y manos”. 

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El 5 de septiembre de 2024, durante la excarcelación de un grupo de 135 presos políticos enviados a Guatemala, Guillén Zepeda sufrió una crisis de “ansiedad, inseguridad, descontrol y pánico”, según relató una de sus compañeras de celda. 

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Una funcionaria penitenciaria llamada “Guadalupe”, de triste recordación entre todas las presas liberadas, le administró tres pastillas. Luego de eso, ella permaneció en silencio absoluto. Al llegar al punto de salida, nunca se bajó del bus que trasladaba a los presos políticos, recuerdan. La funcionaria penitenciaria, con tono seco, le dijo: “¡Ahí te quedás y no estés molestando, ya sabés que volvés allá mismo!”

Nancy Henríquez James

Es líder de una comunidad miskita y exdiputada de la Asamblea Nacional.

Fue secuestrada el 1 de octubre de 2023 y condenada a 8 años en un juicio sin garantías.

Como a muchos de los otros presos políticos, la acusaron por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la presa política porque estaría en una situación de riesgo por ser una “líderesa indígena y diputada, opositora al gobierno”. 

Estando en prisión el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), la galardonó con el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos 2025.

Angélica Chavarría Altamirano

El 20 de mayo de 2025, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, con el fin de proteger a Angélica Patricia Chavarría Altamirano. 

Su detención y desaparición forzada, ocurrida en mayo de 2024, ha generado preocupación internacional por el riesgo a su integridad física y psíquica, en un contexto de represión sostenida contra personas vinculadas a figuras críticas del régimen. 

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Chavarría Altamirano, pareja del fallecido general Humberto Ortega, desapareció el 19 de mayo de 2024, y desde entonces, no hay información oficial sobre su paradero.  “Hasta la fecha sus familiares seguirían sin acceso a información oficial sobre su paradero, así como los motivos de su detención y su estado de salud”, agrega la CIDH. 

Eveling Carolina Matus Hernández

Es la presa política número 41 en la lista dada a conocer por el Mecanismo. La empresaria nicaragüense estudió en la Universidad Centroamericana, donde fue parte de la primera generación que se graduó en Mercadeo y Publicidad.

Es dueña de la agencia de paquetería As Soon As Possible (ASAP por sus siglas en inglés, que significa Tan pronto como sea posible), y fue detenida el 25 de junio de 2024, cuando habría sido interceptada junto a su esposo por miembros de la Dirección de Auxilio Judicial, que “no exhibieron ninguna orden de captura”. 

Está desaparecida y no hay información de su situación legal ni física, es decir, sus familiares llevan más de un año sin saber nada de ella. 

El 5 de marzo de 2025, la Corte-IDH ordenó al Estado de Nicaragua liberar de forma «inmediata» a seis presos políticos, entre ellos a Matus Hernández, quien tiene dos hijos menores. 

Sus familiares habrían preguntado sobre su ubicación en más de 28 oportunidades, sin obtener información.

Fabiola del Carmen Tercero Castro

Fabiola Tercero Castro tiene más de un año desaparecida. Es periodista, pero también promotora de lectura. Fue detenida tras un allanamiento el 12 de julio de 2024. Desde entonces, su paradero se desconoce.

Dirigía  “El Rincón de Fabi”, una plataforma que hacía trueque de libros e incentivaba la lectura, lo que se convirtió en un delito para el régimen. Desde su detención organismos nacionales e internacionales han denunciado su desaparición: ¿Dónde está Fabiola Tercero?”, se preguntó en septiembre de 2024 Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

Ni siquiera los mismos periodistas pueden confirmar si Fabiola Tercero está en prisión domiciliaria o si conocen su paradero.

A la fecha, más de 283 periodistas tuvieron que salir al exilio por la persecución del régimen orteguista contra la prensa. 

Lesbia Gutiérrez Poveda

Hasta antes del 10 de agosto de 2024, fecha de su detención, era la administradora del programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur) que dirigía la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa desde 2006. 

Como todas las presas políticas fue detenida sin orden judicial, una hecho que diferentes organismos de derechos humanos han criticado. Su trabajo humanitario fue criminalizado y eso hizo que agentes policiales la detuvieran en la Finca Guadalupana en Samulalí, municipio de San Ramón, Matagalpa.

Gutiérrez Póveda, también forma parte de esa lista de personas desaparecidas. 

En marzo de 2023, el régimen canceló a la organización Cáritas de Nicaragua, el brazo de asistencia social de la Iglesia católica en Nicaragua. 

Carmen María Sáenz Martínez

La abogada y colaboradora de la Iglesia católica también está en desaparición forzada. Fue detenida el 10 de agosto de 2024 por civiles armados y está desaparecida desde entonces, según información del Mecanismo. 

Sáenz Martínez  habría laborado en el Poder Judicial en Matagalpa hasta 2018, además habría sido asesora de derecho canónico en la Diócesis de Matagalpa.

La Corte-IDH denunció que la presa política padece de migraña y de retención de líquidos en sus pies para lo cual toma un medicamento, que no le estaría siendo proporcionado por las autoridades penitenciarias. 

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La Lupa Nicaragua