10 años de violencia machista: 629 femicidios

El año  2020 cerró una década sumamente violenta para las mujeres en Nicaragua.

Más de 600 mujeres resultaron víctimas de femicidio en un país carente de estrategias y políticas públicas enfocadas en la defensa de la vida de las mujeres y niñas.  

Aunque a inicios de la década, en 2012, hubo indicios que la situación de violencia contra las mujeres podría disminuir con la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres (Ley 779), que además significó la apertura de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia en la Policía Nacional, finalizamos la década con «grandes reveses», según organizaciones y defensoras feministas.

María Teresa Blandón, feminista y socióloga nicaragüense, recuerda, y aclara, que la Ley 779 no fue una iniciativa del Estado sino resultado de un trabajo de los colectivos  de mujeres que plantearon dicha propuesta. Sin embargo, asegura que el Estado les arrebató esa iniciativa, pero además «la deformó y la debilitó».

«En vez de aceptar la integridad de la Ley como había sido propuesta, el Estado la arrebató. No contento con eso la distorsionó a través de un reglamento que dice lo contrario a lo que dice la misma Ley. Es decir, el Estado de Nicaragua boicoteó la Ley 779, lo cual es un contrasentido”, explica.

Para Blandón, el Estado se convirtió en cómplice de los agresores, no solo por omisión, sino también por acción. “Tenemos suficientes evidencias para decir que el Estado de Nicaragua durante los últimos 14 años  se convirtió en cómplice. Esas evidencias son las siguientes: El Estado viola la Ley que el Parlamento aprobó; oculta las gravísimas cifras de la violencia y presenta datos falsos para minimizar la gravedad de esa violencia; obliga a las víctimas a mediar con sus agresores exponiéndolas a mayores riesgos; y por último, el Estado les cierra las puertas a la mujeres para que no tengan justicia”, subrayó.

Las organizaciones feministas denunciaron el paulatino cierre que, desde el Estado, se venía realizando de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia que significaban la primer parada en la ruta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2019 anuncia la «reapertura» esta no ha sido bien calificada por las defensoras de derechos de las mujeres.

También puedes leer: Penalización del aborto en Nicaragua: El Estado contra las mujeres

Ausencia de las Comisarias de la Mujer

Con el cierre de las Comisarías de la Mujer Niñez y Adolescencia se perdió un espacio importante que habían ganado las mujeres, indica Martha Flores, Coordinadora de Católicas por del Derecho a Decidir (CDD), que asegura que además las dejó en mayor indefensión.

«Quien atendía en las Comisarías de la Mujer era una persona especializada en el tema, pero al desparecer, esta mujer tenía que contarle a cualquier policía lo que le había ocurrido, fue un retroceso.  Esto vino a perpetrar la impunidad de los agresores y la desconfianza de las mujeres en poner denuncia», aseveró Flores.

Para 2016, no habían Comisarías de la Mujer abiertas, rememora Maryce Mejía, Enlace Nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), por lo que gran parte de las víctima, que eran mujeres de las zonas rurales acudían a sus oficinas en busca de apoyo. En 2020, con el autoconfinamiento provocado por la pandemia del Covid 19, la situación empeoró debido a que muchas mujeres se vieron obligadas a convivir más tiempo con sus victimarios, indica Mejía. 

«En América Latina hubo un aumento de los femicidios, pero Nicaragua es un caso único porque además de la pandemia tenemos múltiples crisis, como el deterioro del sistema de justicia y el deterioro de los derechos humanos  gracias a un Estado indolente y ausente. Ha sido una década lleno de datos crueles», reclama Mejía y agrega que «la policía no está visibilizando muchos femicidios porque los contabiliza como asesinatos o como robos agravado, eso afecta mucho”.

Flores de CDD, organización que desde 2011 realiza un monitoreo riguroso de la violencia machista, indicó que debido a que «la Ley original fue manoseada» los datos que presenta el Estado nunca van a coincidir con las registros que llevan las defensoras de mujeres.

Tras la reforma, la Policía Orteguista contabiliza como femicidios solo aquellos casos que ocurren en el espacio privado en cumplimiento al reglamento a la Ley 779 mediante el Decreto 42-2014 del 31 de agosto del 2014 en el que se lee que: «Femicidio: Delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de la relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer…».

En este sentido CDD y las organizaciones de mujeres contabilizan los casos, según lo plasmado en la Ley 779 aprobada en 2012 que sin el reglamento establece como femicidios los delitos en que se «diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado». Además la reforma permitió a los agresores mediar con las víctimas poniéndolas en riesgo, pero además invisibilizando las cifras reales del problema.

Esto sumado a la suencia de instituciones que prevengan, investiguen o aseguren justicia para las víctimas de violencia machista.

Gobiernos indolentes ante la violencia

Blandón rememoró que el trabajo de prevención de la violencia se viene realizando desde la década de los años 80, tiempo durante el cual hubo mucha resistencia de parte del gobierno Sandinista, que sigue sin priorizar el problema. En el gobierno de transición de los 90 se empezó a trabajar en la creación de las Comisarías de la Mujer y hubo cierto respaldo del gobierno de turno, pero no se llegó a consolidar.

La socióloga reconoce que históricamente han sido las mujeres quienes han hecho la mayor parte del trabajo, promoviendo campañas de sensibilización en materia de violencia de género; pidiendo incluir el tema dentro la curricula educativa de las escuelas y colegios; creando redes de apoyo a las víctimas; exigiendo la reparación de los daños y documentando la gravedad de la violencia, entre otras iniciativas.

Por su parte, Flores de CDD señala que las organizaciones de mujeres han venido desempeñando el papel que le corresponde al Estado. «No existe un Estado comprometido con la vida de las mujeres. Sin embargo, nosotras vamos a seguir luchando a pesar de las amenazas y las agresiones, porque varias organizaciones ya han sido cerradas, hay persecución contra otras, hay muchas que se tuvieron que ir al exilio, y las pocas que quedamos vamos a seguir luchando en este país», afirmó.

Mejía confirma la persecución que como defensoras de derechos se vive en Nicaragua, que evidencia en la negativa del Ministerio de Gobernación de entregarles la constancia que corresponde como organización. «A muchas (organizaciones) les han robado, les han confiscado, y en un contexto así ha sido difícil trabajar, aun así seguimos trabajando y denunciando», expresó. 

Si te interesa: Mujeres periodistas violentadas por ejercer la libertad de prensa y su condición de género.

Una década de muchos retos

Las defensoras coincidieron en que la década que inicia, y particularmente el 2021,  trae muchos retos en materia de derechos humanos puesto que es un año electoral.  «Un año electoral en el que aumenta la delincuencia en términos generales, sobre todo porque el Gobierno liberó a más de 20,000 reos comunes, esos significa que andan muchas armas en las calles (…)El 2020 fue un año de tragedia”, resaltó Flores.

Para ellas, un primer paso fundamental sería la salida definitiva del régimen Ortega-Murillo, considerado perpetrador de la violencia, y luego de remover el obstáculo que representan, habría que «remover las estructuras machistas, racistas y homófobas asentadas en las instituciones».

 «Yo no quiero ser pesimista pero si cerramos con 71 femicidios el 2020, al hacer un pronóstico en un año electoral, con un rebrote del Covid 19 y con mayor deterioro de la institucionalidad, no es favorable el contexto, no es favorable lo que viene», vaticinó Mejía de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).