A un año de la condena histórica del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra del Estado de Nicaragua por obligar a dos niñas de entre 12 y 13 años, víctimas de violación, a maternidades forzadas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha informado sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas ni ha modificado su marco legal para garantizar el acceso al aborto. 

Los casos de Susana y Lucía —seudónimos para proteger su identidad—, llegaron al Comité en 2019 presentados por el movimiento regional Son Niñas No Madres, que trabaja por los derechos de las niñas latinoamericanas.

La “condena histórica” del 20 de enero de 2025, calificó como tortura el embarazo forzado y concluyó que el Estado violó el derecho a una “vida digna” de las dos sobrevivientes de violación sexual.

Las resoluciones en ambos casos ordenaron al Estado nicaragüense “llevar a cabo un reconocimiento público de responsabilidad”, pero no se ha escuchado a Rosario Murillo u sus funcionarias referirse sobre el tema.

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“No conocemos ninguna respuesta del Estado hasta ahora (…) el fallo tiene que ver directamente con la vida de las mujeres. La mayor parte de los embarazos de menores de 15 años son considerados violación. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no persigue ni sanciona a los hechores de estas violaciones”, señaló una defensora de derechos de las mujeres que prefiere hablar bajo anonimato para evitar represalias del régimen Ortega-Murillo. 

Las niñas sobrevivientes de violencia sexual

En Nicaragua, tal y como ha documentado La Lupa, el aborto está totalmente prohibido y penalizado. 

“Nicaragua tiene el deshonroso primer lugar en embarazos y partos en niñas menores de 15, y en menores de 18 (…) No hemos visto ninguna acción que esté dirigida a prevenir los embarazos tempranos, no garantiza que las niñas vivan en entornos seguros”, aseveró la defensora de derechos de las mujeres. 

Susana tenía un año cuando su madre la dejó a cargo de sus abuelos maternos y “nunca más regresó”. Su abuelo la mantuvo aislada, sin acceso a educación, y comenzó a abusar sexualmente de ella desde los seis años. A los 12 quedó embarazada tras violaciones sistemáticas. 

En siete oportunidades, su abuela viajó a distintas poblaciones para exigir el “registro de una denuncia que nunca prosperó”. “La policía no tomó ninguna medida al respecto”, se lee en el dictamen aprobado por el Comité.

Las autoridades rechazaron siempre las denuncias alegando falta de “competencia territorial”. Cuando finalmente se recibió la denuncia tras el parto, las autoridades archivaron el caso alegando “falta de interés de las víctimas”, pese a que Susana y su abuela permanecían refugiadas en un albergue para víctimas de violencia. 

Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla, obligándola además a tomar “anticonceptivos de emergencia”. Tras varios meses de abuso, quedó embarazada.

Con el apoyo de sus padres, continuó estudiando y presentó una denuncia por el delito de violación sexual. Ella y su familia recibieron amenazas por parte del abogado del sacerdote para que desistiera del caso, pero se resistieron.

En la Comisaría, sin embargo, les habrían informado que “esperaban órdenes superiores para proceder” ya que no habían denunciado a “un simple mortal”. 

Lucía tampoco pudo acceder al aborto y durante el parto sufrió maltrato por parte del personal médico.

Niñas no deben ser obligadas a ser madre

El histórico dictamen del Comité de Derechos Humanos obliga a Nicaragua a aplicar medidas de reparación integral a favor de Susana y Lucía, quienes fueron obligadas a abandonar su niñez por enfrentar embarazos y maternidades forzadas. 

Cuando son forzadas a ser madres, no solo hay una revictimización de las niñas, sino que se pone en riesgo su salud y sus proyectos de vida. “Somos la minoría de país que no reconoce el valor de la vida de las mujeres, el valor de la vida de las niñas”, agregó la defensora. 

El Comité determinó que el Estados violó los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la vida digna y prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

El fallo estableció que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los “objetivos personales, familiares, educativos y profesionales” de las niñas. 

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La resolución ordenó al Estado de Nicaragua indemnizar a las víctimas, proporcionar atención psicológica especializada, garantizar acceso a educación para ellas y sus hijos, investigar los casos de violación, llevar a los agresores ante la justicia y modificar sus legislaciones para asegurar acceso efectivo al aborto en casos de violación. 

Además, el Estado debe capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual.

“Si vos visitás el sitio web del Ministerio de Salud, prácticamente no vas a encontrar nada de información, por ejemplo, sobre cómo está la atención a las embarazadas, cómo está la atención a partos y de qué edades están pariendo las mujeres en Nicaragua (…) están más preocupadas por congraciarse con el régimen en los aspectos de politiquería que en resolver los problemas de salud de la población”, puntualizó la defensora de derechos de las mujeres.

El Estado tenía 180 días para presentar avances en el cumplimiento de estas recomendaciones, pero no hay evidencia pública de que lo haya hecho. 

Nicaragua mantiene desde 2006 la penalización total del aborto sin excepciones, ni siquiera cuando la vida de la mujer está en riesgo o el embarazo es producto de violación.  

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La Lupa Nicaragua