El Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) denunció la confiscación de trece locales de organizaciones comunitarias de mujeres en Matagalpa por parte del régimen Ortega-Murillo el pasado 17 de agosto.
La toma de sus instalaciones fue ordenada por la alcaldía del departamento, la Procuraduría General de la República en compañía con agentes policiales que desalojaron a las defensoras y les exigieron entregar las llaves de los locales.
Lee: La agenda del Movimiento Feminista resiste ante los embates de la dictadura
“La experiencia y trabajo acumulado por más de 30 años por el desarrollo comunitario ha sido arrebatado de forma abrupta y arbitraria al ser expropiadas de sus casas por la alcaldía de Matagalpa y la Procuraduría General de la República, quienes se hicieron acompañar por la Policía para ordenar el desalojo y entrega de las llaves del local, sin permitir a las mujeres sacar sus bienes”, denunciaron en sus redes.
De acuerdo con el Colectivo, las casas de la mujer fueron espacios que por más de tres décadas brindaron acompañamiento médico, legal y psicosocial a las mujeres, adolescentes y niñas de áreas rurales, siendo referentes en su zona.
«Expresamos nuestro rechazo y respaldamos la denuncia de las trece organizaciones comunitarias de mujeres, ante el atropello, invasión y expropiación de sus locales (casas de la mujer) que por más de treinta años se han venido desarrollando como espacios de acompañamiento organizativo, informativo, educativo, cuidado de la salud sexual y salud reproductiva, salud emocional. Así como promoviendo la participación ciudadana y la libertad de organización», inicia CMM.
Las casas de mujer fueron espacios construidos en terrenos donados en los años noventa por personas pertenecientes a las comunidades y estaban legalizados como propiedad colectiva a nombre de una junta directiva de mujeres comunitarias, según el CMM.
Estas casas de la mujer eran conocidas por ofrecer servicios gratuitos a mujeres de escasos recursos, fomentar espacios de empoderamiento y principalmente por brindar apoyo a mujeres en situación de violencia, así como darles asesoría legal. También impulsaban la educación en la niñez y la prevención del trabajo infantil a través de bibliotecas distribuidas en diferentes comunidades. Estas acciones las hacían en conjunto con otras organizaciones feministas de la zona.
También: Represión migratoria: retención, interrogatorios y destierro para activistas feministas y defensoras
«Mujeres que siempre estuvieron comprometidas por el avance de sus comunidades en la prevención de la violencia machista y la defensa de sus derechos de humanas, desde la gestión de proyectos económicos para mejorar sus condiciones de vida, así como impulsando el trabajo con los jóvenes y la niñez con una amplia red de bibliotecas rurales como espacios para niñez, adolescencia y su crecimiento», señalan las defensoras.
La confiscación de las casas de la mujer se suma a las más de 300 organizaciones de mujeres afectadas por las cancelaciones de su personería jurídica y la incautación de sus bienes, de acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
