El régimen Ortega-Murillo ordenó la inmovilización y decomiso de los bienes inmuebles de las 222 personas exreas políticas que fueron desterradas a Washington, Estados Unidos, y declaradas apátridas el pasado 9 de febrero.
“Con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía, y la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, establece la resolución del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Sala Penal Uno.
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Además de los inmuebles, también se ordenó el decomiso de todas las acciones y sociedades mercantiles de estas personas. La orden girada a la Propiedad Inmueble y Mercantil, pasará todos los bienes a favor del régimen.
El pasado 9 de febrero 222 personas presas políticas fueron desterradas a Estados Unidos y fueron despojadas de su nacionalidad bajo la Ley de Pérdida de Ciudadanía, considerada inconstitucional por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Días después otras 94 personas también fueron despojadas de su nacionalidad al ser declaradas «traidoras a la patria», y se les confiscó todos sus bienes inmuebles y sociedades.
Además de estas personas, el régimen Ortega-Murillo ha confiscado ilegalmente las propiedades de las organizaciones y medios de comunicación cuyas personerías jurídicas han sido canceladas.
