Nueve de cada diez mujeres rurales en Nicaragua no tienen acceso a servicios de salud

Aproximadamente nueve de cada diez mujeres rurales en Nicaragua, al igual que en Guatemala, Honduras y El Salvador, no tienen acceso a servicios de seguro de salud.
Lo revela el informe Más recursos para más derechos de Oxfam Centroemérica, que desnuda a un sistema fiscal que castiga a las más pobres, una élite que concentra fortunas millonarias y un Estado con escasa capacidad para garantizar derechos básicos.
Esto, según Oxfam, impide a las mujeres “tener una vida saludable y el ejercicio de su autonomía física, sexual y reproductiva, lo que es especialmente preocupante en una región donde la legislación limita el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”.
En la región centroamericana —subraya— los sistemas de salud “no garantizan el derecho a la salud” para la mayoría de la población. Al menos el 80% de las personas en Guatemala, Honduras y Nicaragua no cuentan con “acceso a seguro médico, público ni privado”, y el 70 % en El Salvador.
“Los hogares centroamericanos deben asumir el 43 % de los gastos en salud, ante el bajo financiamiento y las carencias de los sistemas públicos”, agrega Oxfam.
En Nicaragua, las familias asumen el 30.82% del gasto total en salud, lo que significa que la población debe pagar medicamentos, consultas y tratamientos con su propio dinero, en lugar de que el Estado asuma. Además, el 2.82% del gasto corresponde al prepago o seguros médicos privado.
En contraste, el régimen de Daniel Ortega y Murillo destina apenas el 66.36% del gasto corriente en salud pública, una proporción significativamente menor si se compara con el 74.47% que invierte Costa Rica.
“Las familias con menos recursos pueden verse obligadas a prescindir de atención médica o enfrentar dificultades financieras significativas. Esto también puede tener un efecto negativo en la salud pública, ya que las personas pueden retrasar o evitar la búsqueda de atención debido a los costos”, añade el documento.
La demanda de cuidados en Centroamérica es uno de los temas más urgentes y menos atendidos, según Oxfam.
Los sistemas de protección social son “insuficientes” y dejan a las familias —y sobre todo a las mujeres— la responsabilidad de sostener a niños, personas mayores o enfermos sin apoyo estatal.
“Las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita su participación en el mercado laboral y su acceso a ingresos”, advierte el informe Más recursos para más derechos
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Oxfam señala que este fenómeno es más grave en los hogares de bajos recursos, y agrega que impedir la plena participación de la mitad de la población en actividades productivas también limita el desarrollo económico de la región.
“Para abordar esta desigualdad estructural, es fundamental desarrollar un sistema de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado y ofrezca servicios públicos de calidad para apoyar a los hogares”, señala.
Por otro lado, Centroamérica vive un panorama socioeconómico y político complejo. Y en ese contexto, la “pobreza, la desigualdad y la exclusión social, se ven agravados por nuevos fenómenos como el cambio climático, el deterioro de la democracia o el alza global de los precios de los alimentos”.
De acuerdo con el informe, la mayor incidencia de pobreza en la región se concentra en las mujeres, la población rural, los menores de 17 años y las personas afrodescendientes e indígenas.
“La pobreza ha vuelto a los niveles prepandemia en algunos países y en otros continúa incrementándose”, señala Oxfam.
En Centroamérica, las personas más ricas concentran, en promedio, siete veces más riqueza que la mitad más pobre. En 2020, las 17 personas más ricas de la región acumulaban USD 1,200 millones.
Según Oxfam, una persona centroamericana con el salario mínimo necesitaría trabajar 25 años para “alcanzar el ingreso promedio que estos activos generan en una hora”.
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En el caso de Nicaragua, el informe de Oxfam identifica a accionistas en empresas del sector bancario, la industria alimentaria y conglomerados como el Grupo Pellas.
Este grupo posee inversiones en diversos sectores, que abarcan desde la industria alimentaria —como Flor de Caña e Ingenio San Antonio—, la generación de energía, la salud —Hospital Metropolitano Vivian Pellas—, las telecomunicaciones y el entretenimiento con el aeropuerto Costa Esmeralda.
El informe plantea varias medidas para reducir la desigualdad fiscal y fortalecer la inversión social, como un impuesto progresivo sobre fortunas mayores podría recaudar USD 1,625 millones anuales.
Por otro lado, eliminar privilegios fiscales a corporaciones liberaría otros USD 2,100 millones. Y si se redujera a la mitad la evasión fiscal, los gobiernos tendrían USD 8,700 millones adicionales.
“La opacidad y la corrupción permiten que los grandes capitales eludan su responsabilidad tributaria”, afirma Oxfam y el resultado es un Estado con menos recursos para invertir en servicios públicos y políticas de equidad.