Tras la agresión sufrida por parte de agentes policiales del régimen, que la golpearon en presencia de sus hijas, la periodista Kalúa Salazar aseguró a La Lupa temer por su vida y la de su familia.

“Tengo temor, yo sí tengo temor, porque han llegado a agredirme”, denunció Salazar.

La “grave agresión” se produce en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la “Rebelión de Abril”.

Entre el 14 y el 17 de abril, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró 75 agresiones en contra de defensoras y sus familias.

Cada una de ellas fueron víctimas de “hostigamiento, y les han impedido salir de sus viviendas o han sido acosadas sistemáticamente durante sus desplazamientos”, informó IM-Defensoras.

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En el caso de Kalúa, sus tres hijas de 11, 5 y 3 años tuvieron un ataque de pánico, después que presenciaron el momento cuando los agentes la golpearon y le impidieron salir de su casa al momento que se dirigía a sus labores en la radio.

“El antimotín estaba neutralizándome porque quería robarme mi teléfono y yo no me estaba dejando, me agarró entre el hombro y el cuello, utilizó una técnica que utilizan para neutralizar a los criminales, me quería robar el teléfono, mi herramienta de trabajo”, mencionó Salazar.

Hostigamiento es frecuente

En marzo pasado, la jefa de prensa de esta radioemisora denunció que fue víctima de acoso policial en cuatro ocasiones de forma permanente.

El pasado 31 de marzo, mientras sostenía una reunión virtual con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una patrulla policial se estacionó enfrente de su vivienda.

Según Salazar, lo peor que podría pasar es que los agentes policiales allanen su vivienda “ilegalmente” como ocurrió con el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío, en la ciudad de León.

“En el caso de la radio solo es contra mí porque yo me encargo del área de prensa y ellos quieren callar a los periodistas”, señaló Salazar.

La agresión ocurrió la madrugada de este lunes cuando un equipo de la radio, conformado por el editor, el controlista y un locutor llegó a su vivienda a bordo de un vehículo, que la Policía retuvo posteriormente.

“Exigimos el cese inmediato de estas agresiones y hacemos responsable al Gobierno de Nicaragua de cualquier vulneración a la integridad de Kalúa Salazar y su familia”, señaló IM-Defensoras.

El año pasado, la periodista fue condenada por el delito de calumnias y obligada a pagar un total de 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa.

Jornada de asedios durante aniversario

Al cumplirse tres años del inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó que el país persiste un clima de “impunidad” y un “prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”.

El organismo urgió al Estado adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

La CIDH enfatiza que se debe dar el paso para adoptar procesos que garanticen el “derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares”.

Los periodistas fueron retenidos por más de cuatro horas por agentes policiales, según denunció el Cenidh. Foto Cortesía Cenidh.

No obstante, en el marco del tercer aniversario el régimen intensificó la jornada de asedio en contra de periodistas, incluyendo defensores de derechos humanos y opositores.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que un grupo de periodistas fueron retenidos durante cuatro horas cuando daban cobertura a un plantón de la Unidad Médica Nicaragüense.

Cercan a familiares de asesinados y excarcelados

En esta jornada de hostigamiento, los agentes marcaron el vehículo de la catedrática, María Asunción Moreno con la frase “19 de abril”.

“Cenidh condena este hecho que violenta el derecho a la libre circulación, la libertad de expresión y prensa y el derecho de la población a recibir la información”, denunció el organismo.

Mientras tanto en Chontales, el expreso político, Lenin Salablanca, encaró a los agentes del régimen, quienes llegaron a asediar su vivienda desde horas tempranas de este lunes 19 de abril.

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“Me han agarrado, me han golpeado y la voz mía no la han callado, ni lo van a hacer. No es solo mi voz, es la voz de un pueblo clamando justicia. ¡Aquí no se rinde nadie!”, gritó Salablanca a los agentes.

En Tipitapa, Carlos Pavón, padre del joven asesinado en las protestas, Richard Pavón, también fue objeto de “hostigamiento y agresión verbal”. Los agentes se apostaron en la salida de su domicilio y no lo dejaron salir de la vivienda.

Allanamiento en León

Por otro lado, en León, el sancionado comisionado, Fidel Domínguez, dirigió un allanamiento en contra de Yessenia Estrada, progenitora del excarcelado Byron Corea.

“Creo que es un abuso de autoridad, porque aquí no han traído orden de allanamiento para que hagan eso”, mencionó Estrada.

Los agentes entraron “violentamente” al inmueble haciéndose acompañar de más de 50 perros.

El Cenidh, también recibió denuncia de Diego Reyes y María Eugenia Alonso, quienes también fueron víctimas de un “allanamiento policial y arbitrario” en su domicilio.

“El allanamiento, sin ninguna orden judicial, duró 50 minutos aproximadamente, haciendo uso desproporcional de la fuerza, más de 60 policías”, denunció el organismo de derechos humanos.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas asesinadas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la represión ejercida por agentes estatales o paramilitares.

La CIDH recibió denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de “malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura”.

Desde el 18 de abril, el organismo registra que al menos 1,614 personas han sido víctimas de “privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno”.

Desde entonces, según organismos de derechos humanos, más de 100 mil personas habrían migrado de Nicaragua presumiblemente en “protección de su vida, integridad y libertad personal”.

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