Managua (EFE).- La vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó este lunes que «el golpismo criminal no volverá», en una alocución en la que calificó de «memorable» las acciones ejecutadas el 8 de julio de 2018, cuando fuerzas oficialistas realizaron un ataque contra la ciudad de Jinotepe, que dejó unos 30 muertos.
«Esta fecha es memorable, cuando Jinotepe fue liberada del odio, de la perversidad, la criminalidad, y se instaló el amor y la buena voluntad, la fraternidad (…) el golpismo criminal no volverá», dijo Murillo, a través de medios del régimen.
El ataque de fuerzas combinadas en Carazo ocurrió el año pasado, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el estallido social de abril de 2018 contra Ortega, que la oposición llama «insurrección cívica» y el Ejecutivo denomina «golpe de Estado fallido».
En el ataque denominado ‘Operación Limpieza’, fueron asesinados decenas de manifestantes, así como algunos policías, y paramilitares afines al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Murillo lamentó la muerte de dos sandinistas y tres policías en el ataque, pero no hizo referencia a los restantes 33 civiles que fallecieron mientras protestaban contra Ortega ese día.
Policía intimida en homenaje
Horas antes de la alocución de la primera dama, la Policía Nacional y un grupo de paramilitares disolvió un homenaje a las víctimas de la llamada «masacre del 8 de julio», en una parroquia de Jinotepe.
Al homenaje, que inició con una misa, asistieron más de un centenar de personas, entre familiares de los manifestantes fallecidos y sobrevivientes de la llamada «operación limpieza».
Al concluir la misa, los asistentes soltaron globos con los colores patrios azul y blanco, alzaron la bandera nacional y entonaron el himno de Nicaragua, lo que es considerado motivo de cárcel por lo que desató las amenazas de la Policía y los paramilitares.
La Policía de Nicaragua prohíbe reuniones de personas que se oponen al Gobierno de Ortega, pese a las críticas de los juristas, que afirman que la medida viola la Constitución.
Minutos después de disolver el homenaje, los policías y paramilitares recorrieron Jinotepe junto con un grupo de sandinistas que celebraron el ataque del 8 de julio como «un triunfo de la paz», alzando la bandera rojinegra del FSLN.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el número de víctimas asciende a 326, pero organismos locales cuentan 594, mientras la dictadura reconoce 200.
Sobre Nicaragua pende la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, actualmente en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.