Cinco años esperando justicia: el fracaso del sistema judicial frente al abuso sexual infantil
Por 0 
Por 0 Augusto César Martínez Rosales fue condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra, hecho que ocurrió cuando ella tenía apenas 8 años, en 2014.
Este caso evidencia graves deficiencias del sistema judicial nicaragüense, pues aunque finalmente se hizo justicia, el proceso tomó cinco años desde la denuncia hasta la sentencia.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de marzo de 2014 en Boaco. La niña dormía en la misma cama con su madre y su padrastro cuando este último, aprovechándose de que la madre se levantó a preparar el desayuno, regresó al lecho y realizó “tocamientos lascivos” a la menor.
Durante varios años, amenazándola con “matarla a ella y a su madre” si contaba lo ocurrido, el acusado abusó sexualmente de la menor hasta el 26 de julio de 2020, seis años después, cuando contó todo a su progenitora, según acusación penal.
Puedes leer: Seis consejos para combatir el abuso sexual infantil
Desde ese momento, el proceso judicial se extendió por cinco años adicionales hasta culminar con la sentencia en agosto de 2025.
Prófugo durante cinco años
El documento judicial revela que, aunque se giró orden de captura el 27 de agosto de 2020, el acusado permaneció prófugo durante años.
Durante las múltiples audiencias programadas, el acusado no compareció, siendo declarado rebelde por la jueza del caso. Incluso su hermana intentó nombrar defensor sin éxito en febrero de 2025.
No fue hasta el 19 de junio de 2025 que finalmente quedó bajo custodia, cuando se celebró la audiencia inicial, porque según su defensa “estaba anuente a enfrentar el proceso”. Este retraso permitió que el procesado permaneciera libre durante todo ese tiempo.
“Nos impresiona que desde que la niña habló y se interpuso denuncia en 2020, pasaron cinco años entre citatorias y audiencias, hasta que en junio pasado se logró capturarlo para que pagara su condena. Encima, sigue negando los delitos cometidos y va a apelar”, denunció el colectivo feminista Las Venancias.
Intentan desistir de la acusación
La sentencia documenta que tanto la víctima —ahora de 19 años— como su madre intentaron desistir de la acusación
“No vengo a declarar, porque yo vengo a pedir la libertad de él, porque lo que dice ahí es mentira”, señaló la víctima durante el juicio.
Sigue leyendo: Cinco falsos mitos sobre el abuso sexual infantil
La jueza, sin embargo, rechazó el desistimiento de la víctima y su madre alegando que la psicóloga estableció que “es un hecho vivido, no inventado”.
La psicóloga forense Azucena Alonso López, quien valoró a la menor en 2020, había documentado síntomas adaptativos de violencia sexual y daño a la integridad psíquica que requería tratamiento psicoterapéutico.
Su testimonio pericial fue fundamental para que el tribunal mantuviera la acusación pese al desistimiento de las víctimas.
La jueza Yelba Flores Palacios fundamentó su decisión en el “protocolo estandarizado de actuación judicial” y en el principio del interés superior del niño, establecido en la Ley 779.
Este caso, sin embargo, evidencia las múltiples fallas del sistema, la tardanza en la captura del acusado, la dilación procesal de cinco años, y la revictimización de la menor durante un proceso prolongado.
La fecha probable de liberación del procesado, condenado por el delito de abuso sexual en concurso ideal de violencia sicológica, será el 19 de junio de 2037, cumpliendo la pena en el Sistema Penitenciario de Juigalpa.
Perfil del autor
