En su búsqueda incansable de justicia, la familia de Dina Alexandra Carrión González, asesinada el 3 de abril de 2010, compareció en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para la familia, hablar sobre el crimen diez años después produce una gran tribulación, pero no cesan en su cometido de alcanzar a nivel internacional la justicia que el Estado de Nicaragua les ha negado.

Estamos en la búsqueda de justicia desde el 3 de abril de 2010, para nosotros es inconcebible que mi hermana se haya suicidado”, mencionó Aída Mercedes Carrión Vanegas, hermana de la víctima.

Después que las autoridades nicaragüenses, en un primer momento, declararon que la muerte de Dina Carrión fue un suicidio y no un asesinato y ante los diferentes obstáculos encontrados en la justicia nicaragüense, el 16 de octubre de 2012 elevaron una petición a la CIDH para que conociera del caso.

La hermana de la víctima, afirmó ante los comisionados de la CIDH, que celebraron la audiencia en el marco del 177 periodo de sesiones, que la justicia internacional es uno de los pocos caminos que les queda.

Hace un año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio por cerrado el caso que tipificaron como suicidio, pues resolvió a favor de Juan Carlos Siles Saravia, un recurso de amparo que interpuso contra el Ministerio Público, que pre­tendía reabrir el caso en 2013.

A lo largo de diez años, según Carrión Vanegas, la familia ha luchado por conseguir esa justicia y personalmente ha tenido que saber enfrentarse a muchas adversidades.

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“Lo único que nos queda a nosotros es mi madre, que vive enferma sufriendo los estragos de tanta violencia por parte del Estado de Nicaragua, fui despedida de mi trabajo por más de ocho años para dedicarle tiempo completo al caso de mi hermana, mi matrimonio se vio perjudicado económicamente por los viajes constantes cada año, cada momento del año, sin mencionar los cumpleaños de mis hijos que me los tuve que perder, debí estar ausente para mi familia, porque tenía que buscar justicia para mi hermana y para mi sobrino”, mencionó Carrión Vanegas.

Obstáculos legales

En una audiencia donde el Estado de Nicaragua estuvo ausente, Carrión Vanegas narró a los comisionados de la CIDH, los obstáculos que han encontrado en la ruta de acceso a la justicia.

“El cuerpo presentaba violencia en su rostro, la sien izquierda, sus pómulos estaban golpeados (…) Un cuerpo que daba señales de violencia y no de suicidio”, recuerda la hermana de la víctima.

Según la familia de la víctima, tuvieron que contratar de forma independiente dos peritos internacionales que determinaron que la muerte de Dina no había sido un suicidio.

La familia presentó una serie de documentos para tratar de levantar el caso, pero en las instancias policiales y aun en el Ministerio Público los “plazos eran exorbitantes”, pues hacían esperar a la familia mucho tiempo para pronunciarse lo que se traducía en “un desgaste emocional”.

Agotamos todas las vías y nunca tuvimos respuesta por parte del Estado, apelamos en tiempo y forma el dictamen de suicidio, pero vimos que todo iba a favor del acusado, a él le contestaban beligerantemente le respondían en 16 días y nosotros hasta año y medio para que nos respondieran en el Ministerio Público”, enfatizó.

Familia encabeza demanda

La familia de Dina Carrión empezó una batalla en las calles, pero en el camino perdieron a Humberto Carrión, padre de la víctima, un hombre que murió anhelando esa justicia.

“Humberto falleció  2014 cansado clamando justicia en su silla de ruedas (…) No estábamos conformes con lo que él (Juan Carlos Saravia) testificó a la policía, que Dina se suicidó, que él no la mató. No estábamos conformes, sabemos que nuestra hija no se había suicidado, como madre jamás ni nunca lo iba a aceptar”, señaló la testigo, Aída Luz González Castillo, madre de Dina.

El día del crimen, denunciaron que Dina tenía planes de viajar a una casa de playa con su hermana Vilma Valeria, pero posterior le canceló alegando que Juan Carlos iba de camino a la casa a dejarle al hijo en común. Su muerte fue antecedida por varios episodios de violencia machista, que ya había sido denunciados con anterioridad.

“Dina había pasado la navidad de 2009 con nosotros y estaba nerviosa y angustiada por el divorcio que estaba a punto de enfrentar el 1 de abril de 2010, porque tenía mucho miedo, externaba que Juan Carlos Siles Saravia y su familia le quitarían a su hijo”, dijo Carrión Vanegas.

Ya sabíamos de violencia emocional y que venía ejerciendo en contra de mi hermana, fuimos a la policía y dijimos que este hombre violentaba a Dina Alexandra”, agregó.

La impunidad en el caso de Dina Carrión ha sido señalado como “una consecuencia directa de lo que fue el pacto” entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista

Después de la muerte de Dina se realizaron un par de encuentros con el niño los cuales fueron autorizados por una juez de familia, pero después fue imposible.

Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más explicó que la CIDH es una autoridad competente para conocer de este caso donde se presentaron argumentos de fondo para que sea admitido.

«El hecho que Dina Alexandra haya sido asesinada por un particular, en este caso por su esposo Juan Carlos, y que a la fecha se haya protegido por todos los medios al acusado, por medio de la Corte Suprema de Justicia, impide que la familia y la misma víctima tengan garantizado el derecho a la vida como está estipulado en el Código Penal», mencionó Flores.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez explicó a los miembros de la CIDH que este caso, igual que en otros acontecidos en el país, hubo una «omision y obstaculización consciente a cada gestión legal de la familia».

«Se encubre en el vergozoso informe presentado por el Estado el 17 de julio de 2019 donde pide a esta Comisión que se cierre el caso, es una insolita petición de impunidad», afirmó Núñez.

La CIDH posteriormente, tras escuchar los testimonios, tendrá que emitir una sentencia en este caso.

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