«El Moly» acusado de asesinar a adolescente en Carazo, debía estar en prisión hasta 2035
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Por 0 El caso de Moisés Adán Cruz Cruz, alias “El Moly” —acusado por el asesinato de una adolescente de 17 años en Carazo— ha reabierto el debate sobre las cuestionadas excarcelaciones masivas de presos comunes promovidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que fomentan la impunidad.
Cruz Cruz, de 35 años, debió permanecer en prisión hasta 2035 cumpliendo una condena de 12 años por abuso sexual contra otra adolescente de 15 años, según consta en la sentencia judicial del 13 de julio de 2023.
Sin embargo, Cruz Cruz únicamente permaneció dos años tras las rejas antes de ser liberado por la dictadura.
Organizaciones que trabajan en la atención de mujeres víctimas de violencia machista han denunciado que el régimen ha excarcelado a miles de presos comunes bajo distintas modalidades administrativas, muchas veces sin que hayan cumplido la totalidad de sus condenas.
Entre los liberados, señalan, hay personas condenadas por delitos graves como femicidio, abuso sexual y violación, tal y como ha documentado La Lupa.
Cruz Cruz, quien es reincidente y vuelve estar ante la justicia, esta vez acusado por el asesinato agravado de la joven de iniciales S.A.S.N., de 17 años, es el caso más reciente del peligro que representan esas excarcelaciones para las mujeres, y muestra además que existe un retroceso en la justicia nicaragüense.
El Ministerio Público presentó la nueva acusación en su contra el 14 de noviembre durante la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Carazo. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 5 de noviembre y su cuerpo fue encontrado cinco días después en un predio montoso de la comarca Las Cruces, en el municipio de Santa Teresa. Según la parte acusadora, las evidencias vinculan directamente a Cruz Cruz con el crimen.
Sin rastro de procedimiento de liberación
Con anterioridad, el acusado fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente de 15 años. El juez detalló que el acusado se aprovechó de su relación de confianza y superioridad —era tío político de la víctima— para cometer el abuso.
Durante el juicio la adolescente víctima de abuso sexual declaró sobre las consecuencias que dejó en ella el hecho. “Siento miedo, me da tristeza; desde ese día siento que no tendré la alegría que tenía antes”, relató la víctima.
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El tribunal lo encontró culpable basándose en pruebas periciales, testigos y la declaración de la víctima, y ordenó su encarcelamiento en el Sistema Penitenciario de Tipitapa hasta 2035. Las medidas incluían además su obligatoriedad de participar en programas de orientación dentro del penal por dos años.
A pesar de ello, Cruz recuperó la libertad en un lapso inexplicablemente corto. La Fiscalía no ha precisado bajo qué figura jurídica fue excarcelado, y el Poder Judicial tampoco ha publicado información que justifique la reducción drástica de la pena.
Mientras avanza el proceso, el caso ha generado consternación en Santa Teresa y reavivado llamados de diversos movimientos sociales para que se revisen las políticas de excarcelación aplicadas en los últimos años.
Sin embargo, en Nicaragua existen otros ejemplos de lo que ocurre cuando el régimen libera a abusadores sexuales, violadores y femicidas. En junio de 2020, una maestra fue asesinada a balazos en la comunidad de Malacatoya, en el departamento de Granada, cuando regresaba de ejercer sus labores.
El hecho, tomó particular relevancia en los medios de comunicación y redes sociales, porque el asesino fue su expareja que fue identificado como Edgar Meneses, uno de los reos comunes que también recibió el beneficio de convivencia familiar.
A mayo de 2025, el régimen había ordenado la liberación de más de 56 mil reos comunes bajo el beneficio de “convivencia familia” desde 2014.
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