El informe del Alto Comisionado de la ONU expone que los pueblos originarios en Nicaragua continúan siendo víctimas de asesinatos, torturas y violencia sexual frente al Estado.
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Las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua se encuentran bajo «graves abusos contra sus derechos humanos», tales como asesinatos, torturas, violencia sexual, robo de tierras y desplazamientos forzados por parte de colonos, de acuerdo con el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Los ataques de los colonos se debe al aumento de esta población en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, la falta de saneamiento en los territorios y el establecimiento arbitrario de gobiernos paralelos relacionados al régimen Ortega Murillo, que sustituyen a los líderes indígenas legítimos que son elegidos por las asambleas tradicionales.
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«La OACNUDH ha observado numerosos ataques que destruyen los medios de vida de las comunidades y afectan a los derechos colectivos y a la identidad cultural de los pueblos indígenas, especialmente a su relación con la tierra y el territorio», señala el informe.
Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023 se documentaron ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente contra la población Mayangna Sauni que vive en el centro de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, según la OACNUDH.
Estos ataques perpetrados por colonos han quedado en la impunidad. Aunque la Policía realizó varias detenciones a inicios de 2023 contra los supuestos victimarios, no ha brindado información sobre la evolución de los procesos desde entonces.
Pese a que los territorios indígenas son áreas protegidas y no pueden estar dentro del comercio, de acuerdo con la Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, Ley 455, el régimen Ortega-Murillo ha otorgado al menos 69 concesiones a mineras de empresas nacionales e internacionales y se encuentran otras 72 solicitudes pendientes, según la información recolectada por la OACNUDH.
Estas concesiones se han autorizado sin los procesos necesarios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, tal como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Actualmente hay concesiones mineras que se encuentran en 21 territorios indígenas que afectan a los pueblos Chorotega, Matagalpa, Mayangna y Miskitu. Esto convierte a Nicaragua en el país con más concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Centroamérica, según la OACNUDH.
Se estima que los colonos y las empresas han tomado aproximadamente más 21 mil hectáreas del pueblo miskito, de los cuales se tuvieron que desplazar forzadamente más de mil de sus integrantes. Esto no incluye a las personas de las otras comunidades indígenas y afrodescendientes.
«Se informó a la OACNUDH que las autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país denegándoles la entrada en la frontera», indica.
La expropiación de las tierras para motivos comerciales se ha visto en el deterioro de las áreas boscosas de las Regiones Autónomas. Según Global Forest Watch, Nicaragua perdió el 11% de su cubierta arbórea y el 28% de su bosque primario húmedo entre 2002 y 2021, las tasas más altas de Centroamérica.
Las mujeres, niñas y adolescentes indígenas son unas de las poblaciones más vulnerables ante la invasión de los colonos y el abandono estatal. Pues, son víctimas de violencia física, psicológica, económica y sexual, así como formas de discriminación tanto en el ámbito privado como en el público.
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Las mujeres pertenecientes a las Regiones Autónomas son las principales víctimas de femicidio y los principales casos de impunidad sobre este delito. «La OACNUDH recibió información de que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 ocurrieron 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur concentran las tasas más altas, con 11 casos”, expone.
Además, las niñas son especialmente vulnerables a secuestros y violaciones de niñas indígenas, los cuales también permanecen impunes.
«Desde agosto de 2022, la OACNUDH ha documentado tres casos de secuestro y violación de niñas de entre siete y trece años. El caso más reciente ocurrió el 3 de junio de 2023, cuando una niña fue secuestrada en el municipio de Waspam. En el momento de redactar este informe, no había información sobre las investigaciones penales», señala OACNUDH.
La ausencia del Estado en los territorios indígenas, la desconfianza y miedo a las autoridades, así como el desconocimiento de las lenguas indígenas por parte de los funcionarios públicos, hacen que las mujeres y niñas no puedan acceder a la justicia y sean revictimizadas.
La demandó al Estado nicaragüense investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y garantizar la protección de las mujeres y niñas frente a la violencia de género e infantil.
