Los comunitarios exigen saneamiento y demandan que los 24 colonos que entregaron a la Policía Nacional sean enjuiciados y se informe públicamente sobre su condena
Por 121 
El saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes del Caribe sigue siendo una deuda pendiente en Nicaragua, pese a estar establecido en la Ley 445, Ley de Propiedad Comunal. Un grupo de pobladores de 16 comunidades del territorio Mayangna Sauni As, el pasado 15 de mayo, dirigieron una protesta pacífica en la que exigieron a las autoridades del país que expulsen a los colonos armados que los están “exterminando” dentro sus tierras, pero hasta la fecha siguen sin ver acciones que den respuesta a sus demandas.
“Desde un comienzo hemos vivido bajo los decretos presidenciales, las leyes regionales, la Constitución Política de Nicaragua, pero se han perdido todos estos documentos, sentimos que nos están exterminando, y pedimos auxilio, llamamos a la comunidad internacional, pedimos apoyo porque nos están exterminando”, afirmó un líder comunitario de Musawás, del territorio Mayangna Sauni As, en un video de la protesta que fue compartido a La Lupa.
“Juan”, otro líder comunitario de Musawás que aceptó conversar con La Lupa bajo anonimato, explicó que la decisión de protestar se dio al ver que la invasión se sigue agudizando, mientras las autoridades “no hacen nada por frenarla”, además de la falta de información sobre las acciones que ejecutó la Policía Nacional con los 24 colonos que les entregaron los comunitarios del territorio Mayangna Sauni As, luego de detenerlos invadiendo sus tierras.
“Meses atrás se han dado una serie de situaciones, asesinatos, masacres, el hostigamiento permanente que viven las comunidades, inseguridad, reina la impunidad, y no hay comunicados por parte del Gobierno que diga que quiere resolver las cosas de acuerdo a la Ley”, indicó el líder comunitario.
Asegura que temen que, como ha ocurrido en otras ocasiones, que los colonos hayan sido liberados y regresen a los territorios a invadir y cobrar venganza por sus capturas, por lo que urgen a las autoridades informar del paradero de estos 24 sujetos, y que indiquen si fueron o no procesados judicialmente.
“Juan” apuntó que luego de la captura de estos 24 colonos armados, que solo ocurrió gracias al esfuerzo de los comunitarios organizados del territorio Mayangna Sauni As, hubo represalias dirigidas por los “invasores”, que atacaron las comunidades de Wilú y Alal, donde hubo al menos seis personas asesinadas, y más recientemente ataques y hostigamientos en KiwaKumbai y minas artesanales.
“Vivimos en una situación precaria, no se nos reconoce nuestros derechos, más bien se nos violenta, hay injusticias y queremos dejar claro al Gobierno que no nos siga engañando, que no prometa si no va a cumplir, que no estamos para escuchar propaganda, queremos que hagan justicia, que procesen a los involucrados, que ya saben quienes son, incluyendo las figuras políticas cercanas a su Gobierno”, señaló.
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Los comunitarios que participaron en la protesta, aproximadamente unas 300 familias, durante la manifestación, que se desarrolló el 15 de mayo pasado, de las 8:00 a.m. a las 12:00 p.m., urgieron un puesto de control de Policía más cercano a las comunidades que sufren invasión, que se investiguen las reiteradas denuncian que han hecho los comunitarios y que se revele nombres de todos los colonos que se entregaron a la Policía, fotos de cada uno, y avances de los procesos judiciales.
“Mujeres, hombres, niños, guardabosques, todos exigimos saneamiento, queremos que haya saneamiento, justicia, basta de impunidad, hay mucha gente muerta, queremos que se nos haga justicia, que traigan reparo a las víctimas, no podemos vivir con ese martirio, este dolor, este miedo permanente, pensando que cualquier día nos pueden asesinar”, reiteró «Juan».
La agudización de la invasión en los territorios indígenas propició que, en abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la ampliación de las medidas provisionales, que se otorgaron a través del asunto «Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región de la Costa Caribe Norte respeto a Nicaragua», en favor de los comunitarios de Musawás y Wilu, por considerar que «los pobladores de las comunidades identificadas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos».
