Un “Tribunal Internacional de los Derechos de las Mujeres”, constituido en España, declaró culpable al Estado de Nicaragua de vulnerar los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.

El Estado, según la decisión que tomó el tribunal, “contribuye al retroceso de igualdad entre mujeres y hombres y merma sus oportunidades para el desarrollo personal en plena autonomía”.

“El Estado de Nicaragua vulnera los derechos de las mujeres, incumple su obligación de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y especialmente de violencia machista”, determinó un jurado constituido en la ciudad de Mérida en Extremadura, España.

Las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres cometidas en Nicaragua en las últimas dos décadas, fueron expuestas ante el “Tribunal Internacional de los Derechos de las Mujeres”, un evento en el que se ofreció una “reparación simbólica” a las víctimas.

Se trata de un proyecto de educación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) ejecutado por la Asociación de Mujeres Malvaluna y realizado en la ciudad de Mérida en Extremadura, España en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.  

El tribunal, que estuvo conformado por representantes de asociaciones de mujeres y juveniles de Extremadura y contó también con el testimonio de mujeres de Nicaragua, Paraguay y España, se puso de manifiesto la responsabilidad de las distintas instituciones y las reparaciones requeridas para la salvaguarda de los derechos fundamentales a favor de las mujeres y niñas.

“Este tribunal reconoce la valentía y el coraje de las mujeres víctimas de violencia machista o de cualquier otra discriminación, y se solidariza con su demanda de justicia y reparación a la que este tribunal quiere contribuir simbólicamente”, reiteró María José Gallego en representación del tribunal.

Gallego enfatizó que es obligación de los Estados “garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad”.

En Nicaragua, según el tribunal, el Estado violenta el derecho de asociación de las mujeres y “tergiversa las leyes para legitimar la persecución y hostigamiento contra el movimiento feminista”.

“Los casos presentados son como testimonio de las muchas situaciones de desigualdad, discriminación y de violencia machista que vivimos las mujeres”, afirmó Gallego.

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Yerling Aguilera, activista por los derechos de las mujeres y miembro de la Articulación de Movimientos Sociales  de Nicaragua visibilizó y recordó las constantes violaciones cometidas en contra de las mujeres en el país durante largos años.

“Nicaragua es una eterna herida abierta (…) Daniel Ortega es como el continuum en toda esta historia, es como el fantasma de todas estas violaciones”, mencionó Aguilera antes de exponer una cronología  de casos donde se han vulnerado los derechos de las mujeres en el país.

Caso Zoilamérica

Aguilera recordó al tribunal el caso de Zoilamérica Narváez, una mujer sometida a abuso sexual por su padrastro, Daniel Ortega, desde que tenía diez años.

La activista por los derechos de las mujeres mencionó que este es un “caso emblemático de violaciones de derechos humanos” en Nicaragua.

“Daniel Ortega, como hombre de poder, contó con impunidad y con la complicidad política, un caso que puso a prueba la cultura patriarcal y machista de Nicaragua, incluso se le llegó a acusar a Zoilamérica Narváez de aprovecharse de ese caso”, relató Aguilera.

El aborto terapéutico

La representante de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, también rememoró el debate que en 2006 en plena contienda electoral se abrió en relación al aborto terapéutico.

Ese año, Nicaragua adoptó un código penal que prohibió completamente el aborto,  incluso en casos de violación, incesto, embarazos con riesgo para la vida o la salud y malformación grave del feto.

La decisión, según Aguilera, no ha detenido los abortos, sino que las mujeres se enfrentan a situaciones de mayor inseguridad.

“El punto de debate, promovido por la iglesia católica, era quitar del Código Penal el aborto, porque se equiparaba con un asesinato a las personas. En este escenario, el Frente Sandinista, y otros partidos de derecha aprovecharon este tema para posicionarse en una postura, claramente, antiderecho, de repudio al aborto terapéutico y en octubre (de 2006) el aborto terapéutico fue derogado”, denunció Aguilera ante el tribunal.

Recordó el caso de una niña de diez años, que salió embarazada y obligada a dar a luz, bajo el pretexto de que “un embarazo siempre es una bendición de Dios”.

“Nicaragua es uno de los países de América Latina con una tasa de embarazo en adolescentes más alta. Con el regreso del Frente Sandinista al poder, y con una alta instrumentalización del cristianismo, se ha satanizado cualquier intento de poner en debate el aborto terapéutico”, denunció Aguilera.

Cercenan Ley 779

Por otro lado, la activista nicaragüense expuso al tribunal cómo la Corte Suprema de Justicia cercenó de hecho la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que fue aprobada en 2012, producto de la demanda y la lucha de los movimientos feministas.

“Lamentablemente producto de la alta influencia que tiene la iglesia católica en el Estado  y las instituciones, la ley 779 prácticamente fue mutilada. Se argumentó que la ley 779 atentaba contra la unión de la familia, o sea no era la violencia la que atentaba, sino la ley 779”, dijo Aguilera.

Una dictadura instalada  

Finalmente, la activista recordó que los nicaragüenses tienen “instalada una dictadura”, que se ha venido consolidando en los últimos diez años, cuyo “epicentro se manifestó en la masacre ocurrida en abril de 2018”.

Aguilera manifestó que las organizaciones de derechos humanos en el contexto de Abril de 2018, documentaron un conjunto de violaciones de las presas políticas.

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“Algunas instituciones de derechos humanos lograron contabilizar para ese momento más de 100 mujeres presas políticas. Muchas de ellas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, tortura física y sicológica, falta de atención médica, particularmente la violencia sexual ejecutada por grupos del gobierno, casos que permanecen en la impunidad”, denunció.

En la actualidad cuatro mujeres siguen siendo presas políticas del régimen: Karla Escobar, originaria de Masaya, que está presa en Nicaragua desde el 30 de abril de 2020; Julia Cristina Hernández, también de Masaya, fue detenida el 7 de enero de 2021; María Esperanza Sánchez, de Matagalpa, presa desde el 26 enero de 2020 y Celia Cruz, mujer trans que fue recluida en la cárcel el 21 de abril de 2020.

“Nicaragua es un país con una cultura bastante machista, patriarcal, que se extiende hasta la política, y no ha logrado haber una ruptura trascendental que pueda poner los derechos de las mujeres en agenda a pesar de que el movimiento feminista y las feministas siguen dando la lucha desde las calles”, concluyó Aguilera.

El tribunal también acusó al Estado de Paraguay y España de no velar por los derechos de las mujeres.

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Periodista con 20 años de experiencia en radio, televisión y prensa escrita.
Graduada en Filología y Comunicación en la UNAN-Managua. Productora y presentadora del programa de corte agropecuario: AGROTV (2015). Desde 2019 escribe para medios de comunicación digitales que surgieron a raíz de la Rebelión de Abril en Nicaragua.