La figura penal de terrorismo que utilizó el régimen para acusar a las personas detenidas en el marco de las protestas de la “Rebelión de Abril”, fue perjudicial y representa una amenaza, particularmente para la protección de los derechos de la mujer, afirmó la excarcelada política, Amaya Coppens.

“Las mujeres acusadas de terrorismo hemos enfrentado detenciones violentas, procesos judiciales en los que se violaban derechos, condenas muy graves, aislamiento, condiciones inhumanas de privación de libertad, hostigamiento constante y muerte civil tras la liberación”, afirmó la joven estudiante.

Durante un evento en el que participó Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Coppens destacó las condiciones de violencia que vivieron las mujeres detenidas y acusadas de terrorismo, en el contexto de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.

“En Nicaragua, con la crisis que inició en 2018, la criminalización a partir de acusaciones por terrorismo dejó de ser una amenaza y fue el modo de persecución de personas opositoras, especialmente de quienes ejercen esta oposición desde la defensa de derechos humanos”, apuntó la joven estudiante.

Coppens participó en representación de  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

“Desde la IM-Defensoras hemos podido identificar que el endurecimiento de los tipos penales o la ambigüedad con que estos delitos se han tipificado, constituyen una amenaza para todas las mujeres que desarrollamos actividades en defensa de derechos humanos en la región”, apuntó la universitaria.

Debido a su papel activo contra el régimen orteguista, Coppens fue detenida en León y el 19 de septiembre de 2018 fue acusada de terrorismo y robo agravado, entre otros cargos.

La estudiante y defensora de derechos humanos fue insultada y golpeada por simpatizantes del gobierno y funcionarios policiales al momento de su detención.  Amaya permaneció nueve meses encarcelada, y en el penal  participó en una huelga de hambre.

El 14 noviembre de 2019, por segunda ocasión, Coppens fue detenida junto con otras 15 personas cuando llevaban agua a las madres de presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, y fue liberada el 30 de diciembre de ese mismo año.

Según IM-Defensoras, en 2018, en Nicaragua al menos 329 personas activistas y defensoras de derechos humanos enfrentaron procesos judiciales, en su mayoría fueron acusadas de “terrorismo”, además que fueron señaladas públicamente por funcionarios públicos de ser “enemigos”, “golpistas” y de “terroristas”.

Cuatro mujeres siguen detenidas 

La joven activista de derechos humanos aprovechó el espacio para denunciar que el régimen mantiene en prisión a cuatro mujeres, por ser opositoras y denunciar las arbitrariedades de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Karla Escobar, originaria de Masaya, está presa en Nicaragua desde el 30 de abril de 2020; Julia Cristina Hernández, también de Masaya, fue detenida el 7 de enero de 2021; María Esperanza Sánchez, de Matagalpa, presa desde el 26 enero de 2020 y Celia Cruz, que fue recluida en la cárcel el 21 de abril de 2020.

“En la actualidad cuatro presas políticas continúan privadas de libertad, algunas con graves riesgos para la salud física y psíquica. Están presas por el mismo motivo que las que fuimos acusadas de terrorismo: desmovilizar a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos”, reiteró Coppens durante su intervención.

Prácticas inadecuadas contra las mujeres

Un informe de la relatora especial de Naciones Unidas, titulado “Repercusiones de las políticas y prácticas destinadas a contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento en los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las familias”, revela que el terrorismo es particularmente “perjudicial para la protección de los derechos de la mujer”.

La relatora especial, en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en el marco del 46º período de sesiones, denunció que de forma constante se dan prácticas como las “detenciones a primera hora de la mañana, y el comportamiento cultural y socialmente inapropiado hacia las mujeres y los niños en sus hogares”.

El comportamiento inadecuado, incluye la “exposición de cuerpos y la denigración de creencias y de la organización doméstica, lo que provoca traumas psicológicos y estigma”, apunta la relatora especial.

“El arresto y la detención de familiares durante las acciones que el Estado lleva a cabo para luchar contra el terrorismo o el extremismo, tienen un impacto particular en las familias y en la inviolabilidad del hogar”, manifestó la relatora especial de Naciones Unidas.

Fionnuala Ní Aoláin, señala en su informe que se ha demostrado que las leyes de lucha contra la financiación del terrorismo afectan negativamente a las “organizaciones de derechos de la mujer al reducir el espacio cívico para las labores de promoción, el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”.

La representante de Naciones Unidas, advierte que habrá graves consecuencias a largo plazo para los derechos humanos con las recientes legislaciones de múltiples países con las que se busca ampliar las penas de prisión por terrorismo.

Por último, recomendó que a los países la necesidad de incorporar de manera “eficaz y sustancial” una perspectiva de género, “respetuosa con los derechos humanos y centrada en la igualdad, en la práctica de la lucha contra el terrorismo y la prevención y represión del extremismo violento, y refuercen los derechos de las mujeres y las niñas y los recursos correspondientes, sin discriminación”.

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Periodista con 20 años de experiencia en radio, televisión y prensa escrita.
Graduada en Filología y Comunicación en la UNAN-Managua. Productora y presentadora del programa de corte agropecuario: AGROTV (2015). Desde 2019 escribe para medios de comunicación digitales que surgieron a raíz de la Rebelión de Abril en Nicaragua.