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La organización Amnistía Internacional identificó tres tácticas del régimen para silenciar a “cualquier precio” toda forma crítica. Foto: La Lupa / O. Navarrete
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La creación de cargos falsos, detenciones arbitrarias, severas condenas y campañas sistemáticas de hostigamiento son algunas de las tácticas que Amnistía Internacional ha identificado que utiliza el régimen de Daniel Ortega para silenciar a “cualquier precio” toda forma crítica y de demanda social en Nicaragua.

Desde 2018, el país se sumergió en una profunda crisis sociopolítica y el régimen Ortega-Murillo se ha valido de una “serie de tácticas sofisticadas” y ha perfeccionado su “aparato represivo” para acallar a las voces críticas, señala Amnistía Internacional en su informe titulado “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”.

“Las autoridades de Nicaragua están librando una batalla contra quienes critican sus políticas. El Poder Judicial parece ser una de sus armas favoritas (…) Siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria”, indica el informe.

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Desde el inicio de la “Rebelión de Abril”, las organizaciones registran cientos de detenciones arbitrarias en el país, en las que se ignoran las garantías básicas como el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado ante un juez “independiente e imparcial” y la información detallada sobre la acusación que se formula.

“En algunos casos, presuntos miembros de aparatos parapoliciales, vestidos de civil, han sido acusados de realizar las detenciones y luego poner a las víctimas a disposición de las autoridades policiales”, denunció Amnistía Internacional en el informe.

Astrid Valencia, investigadora para Nicaragua de Amnistía Internacional, señaló que el ese contexto el régimen de Daniel Ortega supera cualquier predicción, pues el número de víctimas siguen sumando.

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“El Gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social”, mencionó Valencia.

Falsas acusaciones

En marzo de 2019, el régimen se comprometió a liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones, sin embargo, a la fecha se calcula que más de 100 siguen detenidas y son acusadas de “cargos fabricados”.

En 2018, a la mayoría de los presos políticos se les imputó delitos complejos como crimen organizado y terrorismo,  pero en la actualidad se les acusa por crímenes comunes, como el robo con intimidación y tenencia y tráfico de drogas.

Un emblemático caso es el de Jhon Christopher Cerna Zúñiga, un activista de 24 años que estudiaba ingeniería. Fue detenido el 28 de febrero de 2020, cuando caminaba junto con dos amigos cerca de la que era su universidad, y posteriormente acusado por tráfico de drogas.

En mayo de ese mismo años, Jhon fue sentenciado a 12 años de prisión, pena que actualmente cumple en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y se le impuso una multa de casi 37, 500 córdobas.

Condiciones inhumanas

La mayoría de los presos políticos son llevados a La Modelo, una cárcel con capacidad para 2,400 personas, pero que en el 2013 ya albergaba casi el doble, unas 4,600, según datos proporcionados a Amnistía Internacional por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los presos políticos viven hacinamiento en las cárceles, como en el caso de Jhon que compartió una celda rectangular de cinco metros por cinco metros con otras 22 personas, evidencia el informe.

Familiares de los presos políticos, también han denunciado que a los presos políticos solo se les permite salir al patio a tomar aire durante 60 minutos cada dos semanas, condiciones de detención que “violan una serie de estándares internacionales”.

En otros casos, los prisioneros políticos permanecen en las celdas de máxima seguridad, comúnmente llamado “La 300”, como una forma de castigo para quienes alzan su voz o son considerados opositores al gobierno.

Las condiciones fueron agravadas en el contexto de la COVID-19. Entre junio y julio, el régimen aprobó la salida de 6,120 presos comunes ante la alarma por la pandemia y únicamente cuatro de las 80 personas que en ese momento estaban recluidas por cargos de motivación política fueron excarceladas.

En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 41 personas detenidas por razones políticas que estaban “sin acceso a atención médica de calidad”.

Leyes represivas

Además de las detenciones arbitrarias y las condenas injustas, Amnistía identificó la aprobación de leyes que castigan a las organizaciones de la sociedad civil, ponen en riesgo el ejercicio de derechos civiles y políticos y anulan la forma de ir a elecciones limpias y transparentes.

En el último trimestre de 2020, el régimen aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma constitucional que permitiría la aplicación de la sanción de prisión a cadena perpetua.

“Este paquete de leyes representa la piedra más reciente en un camino repleto de obstáculos”, confirma Amnistía Internacional.

La aprobación de estas leyes conllevó al cierre de algunas organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que declinó a registrarse como “agente extranjero”.

La cancelación de la personería jurídica de organizaciones de derechos humanos, las acusaciones públicas, incluyendo campañas de difamación en redes sociales, mandó al exilio a muchos defensores y periodistas.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) enfatizó que la represión que vive la población continúa en todos los ámbitos.

“Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, mencionó Núñez.

Amnistía Internacional advierte que esas nuevas formas de represión, implementadas por el régimen, revelan “el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país”.

Para Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la aprobación de este paquete de leyes está destinada a “dotar de apariencia legal” las medidas represivas del régimen.

“Esta batería de leyes confirman la instalación de un ambiente que pretende ser controlado, más que férreamente en este año electoral en Nicaragua, pero ello también tiene el enorme riesgo de la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, mencionó Urrejola.

“Muerte Civil”

El informe también denuncia la “muerte civil” de opositores, en clara alusión a la persecución y hostigamiento contra aquellos que en algún momento fueron encarcelados y luego liberados bajo la cuestionada Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019.

Con la referida ley, un total de 104 personas detenidas lograron su libertad, pero a la fecha muchos de ellos siguen siendo víctimas de “expresiones de acoso”.

“Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la policía, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno. El recrudecimiento del hostigamiento contra personas excarceladas constituye una de las tácticas que han caracterizado la represión estatal”, menciona el informe.

Los exreos políticos han denunciado que, a la fecha, no se les ha informado sobre el estado de sus juicios, se encuentran a la espera de resoluciones de procesos judiciales o sus procesos no han sido sobreseídos definitivamente.

Persiste la “preocupación generalizada” por la falta de cierre definitivo de las causas legales. Esta situación, según el documento, también afecta la posibilidad de conseguir un trabajo o continuar con su vida cotidiana.

El documento, que se finalizó en noviembre de 2020, está basado en 18 entrevistas realizadas vía telefónica, a causa de las restricciones al movimiento impuestas por la pandemia de COVID-19.

También se revisaron expedientes judiciales, se analizaron las legislaciones domésticas bajo los estándares de derechos humanos, los informes de organismos internacionales e información periodística.

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