La Policía está dentro de las estructuras represoras, según este informe. Foto: La Lupa/ O. Navarrete
Publicidad

Un nuevo informe elaborado por organizaciones de derechos humanos confirma que, de las 328 personas asesinadas en el contexto de la “Rebelión de Abril”, 113 murieron bajo prácticas de ejecuciones extrajudiciales cometidos como “crímenes de lesa humanidad”.

El informe, “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, hasta cuándo”, fue elaborado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

El documento recoge un análisis de los hechos que rodearon cada uno de los 113 asesinatos verificados, encontrando patrones que revelan la práctica de “ejecuciones extrajudiciales”, manifestó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

PUBLICIDAD

En la elaboración del informe se analizaron dos periodos, el primero comprendido entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, encontrando que 33 personas de los 113 casos fueron ejecutadas como consecuencia de ataques a manifestaciones; 27 en ataques a tranques; 32 en ataques focalizados y 15 en ataques indiscriminados.

Un segundo periodo, que inicia el 24 de septiembre de 2018 y se prolonga hasta la redacción del informe, evidencia el despliegue de operativos focalizados para asesinar a opositores políticos.

Publicidad

Patrones que evidencian esa práctica

La caracterización de la ciudadanía como “enemigo interno” es el primer patrón identificado y que revela la práctica de ejecuciones extrajudiciales, mencionó Núñez durante la presentación del informe.

Las personas “autoconvocadas” que se fueron sumando a las protestas, los estudiantes que cuestionaban los liderazgos estudiantiles; los periodistas que informaban sobre las manifestaciones; el personal de la Salud que brindó asistencia médica a los manifestantes; integrantes de las iglesias y personas defensoras y organizaciones de derechos humanos se convirtieron en “enemigo interno” del régimen, señala el informe.

“Con la mentira del golpe de Estado, Daniel Ortega pretendió justificar la brutal represión”, explicó Núñez.

Un segundo elemento determinó que, la represión del régimen estuvo orientada en contra de la población joven, principalmente en edad escolar y universitaria, la mayoría “sin afinidad política”.

De los 113 casos analizados, 87 de las víctimas participaban o apoyaban a las personas manifestantes (76.9%), mientras que con relación a 20 víctimas se ha establecido que no participaban en las manifestaciones (17.7%). En el caso de las otras 6 víctimas no se tiene información que permita afirmar o descartar su participación directa o indirecta en las manifestaciones, señala el informe.

Un tercer patrón es la forma coordinada y articuladas en la que actuaron agentes estatales y paraestatales, que atacaron y reprimieron las manifestaciones y tranques, provocando 328 muertos.

A través de las “temibles caravanas de la muerte”, según Núñez, los manifestantes fueron “objeto de cercos programados mediante los cuales se les acorralaba para ser objeto de fácil ataque”.

Estructuras de ataque se mantienen

El informe identifica al menos tres estructuras estatales como responsables de la “planeación, control y realización de las ejecuciones extrajudiciales”, señalando directamente a la dirección política institucional; la estructura policial; y la del sistema de Salud.

“Ahí se encuentran los autores intelectuales de estos crímenes, los que habrían planeado el ataque contra la población civil y dado las órdenes de más alto nivel”, explicó Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH.

Dentro de la estructura de dirección política, según Reyes, se encuentra Daniel Ortega; Néstor Moncada Lau, secretario privado de la presidencia; Oscar Mójica, ministro de Transporte; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Bosco Castillo, ministro de Juventud, entre otros.

El informe evidencia que, en los operativos desplegados desde el 18 de abril, participaron de forma conjunta y separada agentes estatales y paraestatales “con el conocimiento, tolerancia y dirección de las máximas autoridades del Estado”, son las estructuras responsables de los asesinatos.

La directora para las Américas de la FIDH, señaló que esas mismas estructuras que “asesinaron en el 2018, las que hoy, en 2021 están aterrorizando a la sociedad civil”.

El análisis concluye que, 28 de las 113 personas fueron asesinadas en operativos ejecutados por agentes estatales; 33 en operativos realizados por agentes paraestatales y 45 a operativos ejecutados conjuntamente por agentes estatales y parestatales. En 7 de los casos se desconoce si estos actuaron en forma conjunta o separada.

“No estamos frente a simples asesinatos, sino a verdaderos operativos planeados y organizados”, mencionó Reyes.

Publicidad

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí