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Un sector de los trabajadores del Estado vive en medio de un ambiente de vigilancia constante a sus inclinaciones políticas, la obligación de participar en actos públicos en apoyo del orteguismo y el despido arbitrario por razones partidistas. La suya es una resistencia silenciosa, porque pensar en oponerse significaría perder su sustento. Esta es la vida de un empleado público en Nicaragua.

CONNECTAS – #NicaraguaNoCalla

La neumóloga pediátrica María Exania Lagos Rugama empezó a sentir un difícil ambiente laboral tres meses antes de su despido. Había decidido desde marzo de 2020 usar mascarillas, cuando se reportó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, y sus colegas le advirtieron que las autoridades orientaron que no las usara para evitar la alarma entre los pacientes de los hospitales públicos.

Lagos Rugama no solo se cuidó a sí misma, sino que donó varias mascarillas y alcohol a sus colegas en el hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua, donde era la única de su especialidad. Lo hizo primero en público, y luego cuando se volvió un desafío claro a las autoridades, que insistieron en minimizar la pandemia, decidió regalarla a escondidas a especialistas que llegaban de visita a su casa.

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Los momentos más tensos los vivió con los compañeros de trabajo más fanáticos del partido de gobierno. “Un día que iba saliendo de la consulta un conserje que es muy sandinista me quiso quitar la mascarilla. Yo me sentí intimidada. No le dije nada, pero él pudo haberme lastimado. En reuniones posteriores (en el hospital) incluso se dijo que me tenían que despedir por no acatar la orden del gobierno central”, explica Lagos Rugama para esta investigación de la serie #NicaraguaNoCalla. (https://www.connectas.org/especiales/nicaragua-no-calla/)

El nueve de junio del 2020 ella recibió finalmente su carta de despido. El mismo director del hospital puso fin así a su historia laboral: 28 años en la que se ausentó dos veces por subsidio de salud y nunca tuvo un llamado de atención. El argumento verbal para su despido fue que solía llegar cuatro o siete minutos tarde de la hora entrada, un acto de supuesta indisciplina que no quedó en el reporte oficial. Ahí se cita únicamente que prescinden de sus servicios por voluntad del Ministerio de Salud, su empleador.

En mayo, Lagos Rugama fue una de las 700 firmantes de una carta elaborada por médicos y profesionales de la salud del sector público y privado, en la que invitaron al ejecutivo a reconocer la propagación comunitaria del covid-19 y adoptar medidas de prevención, lo que hasta entonces no había ocurrido.

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El caso de los médicos despedidos cogió vuelo internacional cuando organismos como Humans Rigth Watch, en Estados Unidos, denunciaron el despido de al menos diez profesionales que expusieron el mal manejo estatal de la pandemia.

“(Daniel) Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, dijo entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas del Organismo HRW.

No era la primera vez que los médicos eran víctimas de la represión del Estado. En septiembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció el despido arbitrario de 300 profesionales de la salud, aquellos que prestaron atención médica a opositores durante las protestas.

El informe del organismo de la OEA fue contundente. “Estos despidos se habrían realizado como represalia por haber atendido a personas heridas que protestaban en contra del gobierno o por haber manifestado una posición crítica hacia éste en el marco de la crisis que viene atravesando dicho país”, señaló.

Según estadísticas oficiales de 2020, citadas por la vicepresidenta Rosario Murillo, en el país centroamericano hay 150 mil servidores públicos. Aunque en este sector Ortega tiene respaldo entre quienes se identifican abiertamente como sandinistas, es un hecho también que una parte de los funcionarios no está de acuerdo con el gobierno pero no lo critica, porque prefiere evitarse problemas y mantener su trabajo. Este último grupo ha denunciado maltrato y violaciones a derechos laborales.

Testimonios recogidos para este reportaje muestran una fotografía de la vida del empleado público en Nicaragua, marcada por la participación obligada en actividades del partido sandinista, despidos arbitrarios como el de Lagos Rugama cuando se oponen a las decisiones gubernamentales, además del monitoreo político al que son sometidos por miembros del partido ubicados en instituciones públicas, a los que se reportan por participar en actividades políticas, respaldando a Ortega.

Los trabajadores del Estado viven en un ambiente adverso, intensificado con la aprobación reciente de una norma que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas, conocida como ley especial de ciberdelitos, bajo criterios poco claros que no han sido establecidos aún y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “amenazan la libertad de expresión”. Junto a la misma norma, Ortega aprobó un decreto que contempla una estrategia nacional en esta materia, donde se menciona a los empleados descontentos como posibles fuentes de “ciberamenazas” e intimida con castigar cualquier filtración de información.

Según Braulio Abarca, abogado miembro del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, quien en el exilio en Costa Rica recibe denuncias de empleados estatales y solicitudes de apoyo para casos laborales, el acoso es permanente en contra de los trabajadores del Estado y las nuevas disposiciones legales lo que buscan es generar miedo para acallar las voces de quienes piensan diferente.

Las denuncias les llegan, afirma Abarca, de ex oficiales de la Policía que se negaron a reprimir, personal sanitario, catedráticos universitarios, médicos, maestros de educación primaria y secundaria, personas que tenían una profesión, una vida de servicio público que, por pensar diferente, por cercanía con víctimas de la represión en el 2018, por protestar ante la injusticia perdieron sus empleos.

El “traidor” apesta

“Julio” era un fiel soldado del FSLN dentro de la Dirección General de Aduanas (DGA). Tenía en su casa una colección de camisetas que usaba cada 19 de julio, cuando en Nicaragua se celebra la revolución sandinista y miles de empleados públicos asisten al evento en que Ortega se dirige a sus simpatizantes.

“Si decían que debíamos participar en las mesas en nuestros barrios ellos contaban conmigo, lo sentía como una forma de respaldar mi trabajo profesional y evitar que me despidieran. Tengo tres hijos”, explica.

Sin embargo, algo cambió en él, cuando durante la represión, se denunciaron casos como la quema de una familia a manos de paramilitares de su partido en el barrio Carlos Marx en Managua y el asesinato de 19 personas el 30 de mayo de 2018, cuando los nicaragüenses salieron a protestar el Día de la Madre para respaldar a las que mujeres habían perdido a sus hijos.

Entonces, Julio compartió en sus redes sociales, algunos post en los cuales expresó su solidaridad con los niños víctimas de la represión estatal. Desde ese momento, empezó a ser visto como un enemigo por los miembros del partido ubicados en la DGA.

“Dije que un verdadero revolucionario no asesinaba niños”, compartió. Entonces el representante del Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) lo señaló como “traidor” en una reunión de partidarios sandinistas en la institución. La acusación era acompañada por las publicaciones impresas de sus estados de Facebook donde criticaba al FSLN y, con base en esos hallazgos, las autoridades institucionales decidieron en agosto su despido.

Los CLS nacieron como figuras para formación política partidaria dentro de los Consejos de Poder Ciudadano creados en cada institución, barrio, comunidad y dirigidos a nivel nacional por la vicepresidenta.

“Julio” advierte que las cosas no quedaron en su remoción, porque luego lo asediaron y amenazaron hasta que se vio obligado a salir del país. “Trabajé casi quince años para la DGA y no me pagaron liquidación y ahora resulta que no tengo derecho a reclamar porque ya caducó el período para exigirla. No tengo nada, ni una carta de recomendación, porque el traidor apesta y nadie quiere ser relacionado conmigo”, dice desde Costa Rica.

Producto de la inseguridad, causada por la represión estatal en 2018, al menos  100.000 nicaragüenses se vieron obligados a salir de Nicaragua para resguardarse, según la CIDH.

No hay una cifra oficial actualizada sobre el número de empleados estatales que forman parte de esa cifra de exiliados, ni de los despedidos durante los 13 años de gestión de de Ortega, lo que se explica por el mismo ambiente de opacidad actual. Incluso las centrales sindicales independientes son cada vez menos y Álvaro Leiva, defensor de derechos humanos y uno de quienes denunció los despidos en el Estado en un inicio, se encuentra radicado en Costa Rica.

Leiva dijo que 4.000 trabajadores estatales fueron despedidos en los primeros 100 días. La cifra fue creciendo hasta que sumó 26.691 en 2013, pero desde entonces no hay un dato actualizado.

Eugenio Membreño, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien se encuentra en Nicaragua, asegura que solo él lleva 55 casos de servidores públicos que fueron despedidos por “discriminación y represalia” y relata que en su trabajo le toca encontrarse con actos de intimidación, cuando visita oficinas estatales, tales como que son fotografiados desde la acera por desconocidos, los que él sospecha se trata de policías.

“Hay una afectación seria al derecho laboral nicaragüense porque los criterios son manejados de una manera diferente cuando se trata de trabajadores del Estado y especialmente cuando hay un tratamiento político como en el caso de los médicos, porque es evidente que hay una orden para denegar justicia”, sostiene Membreño.

Para el abogado, Nicaragua posee una normativa legal laboral muy interesante: si las leyes y convenios colectivos a favor de los trabajadores se cumplieran, este país sería el mejor lugar del mundo para ser un empleado del Estado.

Membreño enumera las leyes que tiene el país como la de Servicio Civil, el Código del Trabajo, la de Carrera Judicial, General de la Salud, de Educación, además de los convenios colectivos en cada institución y sindicatos de trabajadores que se supone deben velar por los derechos laborales. Rápidamente aterriza y dice que, a pesar de todo este marco legal, los despidos que se están dando responden a orientaciones políticas partidarias.

“Al retornar al poder en el año 2007, se dio una alianza Empresa Privada- Estado que dejó como legado más pérdidas para los trabajadores, y nadie reclama porque los sindicatos son partidarios (sandinistas), entonces una llamada a un sindicalista de parte del gobierno y todo se aprobaba sin pensar en los empleados públicos o privados”, comenta Membreño.

El monitoreo político a los empleados

Salomón Manzanares, ex catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), es comunicador social y asistió a las protestas de los estudiantes en 2018 para reportar los hechos para algunos medios de comunicación. Fue encarcelado en León durante dos días creyendo que se trataba de un opositor.

Sus problemas con el FSLN hay que buscarlos años atrás, cuando aún era profesor de la universidad pública. En esa época solía hacer parte de protestas en contra del gobierno en su tiempo libre. Eso le significó señalamientos de sus colegas y, especialmente, de sus estudiantes pertenecientes al Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CUUN), el principal movimiento universitario afín al gobierno.

Pero la gota que rebasó el vaso fue en 2017, cuando, en medio de la disputa fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica ante el tribunal de La Haya por una franja de tierra, un grupo de estudiantes participaron de actividades partidistas para reafirmar los intereses del país. Según cuenta Manzanares, como premio por dicha participación, las directivas ordenaron verbalmente a los profesores darles la nota máxima. El profesor, contrariado por esta decisión, pidió que le dieran dicha directriz por escrito. Pero, ante ese desafío, y su anterior activismo político, la respuesta de la institución fue rescindir su contrato. 

Manzanares denuncia que hay acciones de monitoreo en las aulas universitarias, pues los dirigentes estudiantiles colocan en cada aula a uno o varios estudiantes, que ya sea por el beneficio de la beca o porque es afín al partido de gobierno o porque tienen aspiraciones políticas se encargan de fotografiar, grabar a los maestros y denunciarlos si no están alineados al Gobierno. Son los delatores.

“Siempre se supo que el CUUN era el brazo político del Frente Sandinista en la UNAN- León, pero lo que se ha venido viendo desde esta nueva llegada al poder es que dudan de cualquier persona pensante, hay una fiscalización constante, que se ha ido intensificando”, agrega Manzanares.

Algunos catedráticos evitan a los dirigentes estudiantiles y no protestan, afirma el ex catedrático, porque ser despedido de la UNAN por no estar alineado al partido te limita las posibilidades de encontrar otro empleo en otras instituciones.

La negación de matrícula a estudiantes que participaron las protestas, así como los despidos que se han dado a catedráticos de todas las facultades, se dio por una “lista negra” elaborada a partir de fotografías que tomaron los estudiantes afines al CUUN, confirmaron organizaciones estudiantiles nacidas posterior al estallido del 2018.

Los trabajadores del Estado son usados en distintas tareas del Estado como la instalación de altares dedicados a la virgen María en el viejo centro de Managua, en la avenida de Bolívar a Chávez. Por depender del gobierno, son obligados a asistir a las actividades religiosas aun cuando no profesen la fe católica como ocurre con “Alejandra”, exiliada en Costa Rica después que su esposo abandonó la fuerza policial.

“Alejandra” es evangélica y no cree en la Virgen como ocurre con los católicos, pero debía asistir cumplidamente al altar del Ministerio de Gobernación. En esos lugares, no había condiciones ni para ir al baño y no importaba que estuvieran hasta medianoche. No había pago de horas extras, y a veces tocaba regresar por su cuenta cuando no ponían transporte a disposición.

“Nos decían que se harían camisetas para distinguirnos el 19 de julio, en los altares y eso era algo que salía de nuestros bolsillos y no podíamos decir no, así que de nuestro salario salían esos extras para estar bien y no ser despedidos”, afirma esta mujer. Las otras preocupaciones eran por la vida dura de la disciplina policial que ubicaba a su marido en lugares donde había peligro. Eso no lo soportaba.

“En la oficina de gobernación dijeron que debíamos ir diario, que habría sanciones para quienes no se presentaran a trabajar, aunque Managua era un caos, yo debía pasar en mi barrio por un tranque y los vagos, que estaban en él, sabían que mi marido era policía”, añadió.

Estas actividades religiosas tienen un componente político también desde los intereses del partido de gobierno. La historia de los empleados públicos en Nicaragua está asociada a las estrategias partidarias gracias a las cuales los enviaban a las principales rotondas de Managua para pedir trabajo y paz. La población los llamó los rezadores y fueron noticia en los diarios nacionales como La Prensa, dado que con su presencia y usando un argumento cristiano impidieron, ocupando los sitios públicos, durante años manifestaciones opositoras hasta que llegó 2018 y luego la Policía se convirtió en custodia de estos mismos lugares.

Los “sindicatos blancos” del FSLN

Entre 1990 y 2006, antes que Ortega asumiera el poder, los sindicatos del FSLN fueron de los más entusiastas reclamando en las calles por los derechos de la clase trabajadora, haciendo manifestaciones masivas que llevaban semanas de paralización del país, una postura que más de una vez hizo que opositores de los más conocidos criticaran la posición irreflexiva del orteguismo.

En un video del año 2000, publicado por la agencia de noticias AP, el entonces vicepresidente Enrique Bolaños dijo: “El sandinismo es lo único que sabe: el capricho, el garrote, la sangre, el asalto, la turba, el incendio, la asonada, ¡qué triste!”.

Hoy aquellos sindicalistas están callados. Su líder es Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional y uno de los operadores más cercanos a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, mientras los gremios críticos al sandinismo languidecen, entre ellos la Unidad Sindical Magisterial (USM), la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua y la Central Nacional de Trabajadores que denunciaron desde 2016 que el Ministerio del Trabajo los dejó al margen de la ley y fuero sindical después que no permitió la inscripción de nuevas juntas directivas de sindicatos y confederaciones con lo que no fueron reconocidas.

“Los derechos de los trabajadores han sido anulados, en el caso de los maestros no pueden ir en contra de lo que los directores les ordenan y son directrices que ponen en riesgo su salud, su integridad física, a veces solo con la sospecha de no querer obedecer son despedidos”, explicó la profesora Lesbia Rodríguez de la USM.

Según Rodríguez, jamás un maestro había sido tan violentado como con el gobierno de Ortega. “Nosotros comparamos y no por ser somocistas pero en el tiempo de Somoza era prohibido que en los centros escolares hubiese otra bandera que no fuese la de Nicaragua, no empapelaban las paredes con fotos del presidente de turno, el salario de un maestro nos permitía tener una vida digna”.

En los sindicatos sandinistas se percibe división entre Porras, quien dirige el oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), y el exdiputado Roberto González. En septiembre pasado, este último criticó al primero.

“Gustavo Porras es el alacrán de León;  él está haciendo y deshaciendo en esta Alcaldía, siendo el culpable de nuestro despido arbitrario y de muchas irregularidades que pasan en León”, acusó González según el reporte publicado por 100 % Noticias.

Pese a estos roces, ambos guardan fidelidad a Ortega. CONNECTAS  intentó localizarlos a finales de octubre pasado durante la celebración del congreso del FNT, en el auditorio Ruiz Ayesta de la UNAN-León, pero impidieron el acceso de un equipo periodístico. Tampoco se pudo entregar ninguna solicitud de información en manos de Luis Barbosa, legislador sandinista aliado de Porras, quien es líder sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE).

La oficina de Barbosa es una dependencia en Managua, que se encuentra llena de propaganda de Ortega.  La estrategia de los sindicatos ha sido la  “defensa del gobierno revolucionario y en apoyo al comandante Daniel Ortega; por la defensa de nuestras conquistas y la revolución”, como dijeron en un comunicado.

A “Carmen”, quien trabajó en la Alcaldía de León, la despidieron tras una serie de complicaciones producto de una operación por cáncer de mamas que la mantuvieron un año ausente de actividades por citas médicas, junto a un mes de subsidio postoperatorio. Tiene pasado sandinista.

“Antes un carnet de militante sandinista se ganaba en la calle trabajando duro por el partido”, dice con nostalgia. Ella es de este partido desde niña, participó activamente en las labores territoriales aún cuando el FSLN no se encontraba en el poder y asegura que atesora su carnet de militante en un viejo álbum junto a fotos y recortes, un espacio donde ha colocado con amargura su despido entregado el pasado dos de junio.

“La Alcaldía no tiene para pagar salarios, pero sabemos que ha sido contratado personal para ocupar los puestos que dejamos. Ellos creen que nosotros no estamos alineados al partido. En mi caso el secretario político de la Alcaldía no perdona la inasistencia a las actividades partidarias, no respetan los subsidios, como si se estuviese enfermo para trabajar, pero no para ir a una marcha”, dijo la denunciante.

Los juristas consultados para esta historia expresaron que hay una práctica malsana del Estado de la República de Nicaragua de despedir y no pagar las indemnizaciones, lo que deja en indefensión a la clase trabajadora.

Las instituciones no pagan porque el presupuesto destinado a liquidaciones no se corresponde con la cantidad de despedidos, entonces en las instituciones realizan prácticas dilatorias para que un trabajador esté durante más de un año, siendo citado a la institución sin que se le entregue su pago, explicaron las mismas fuentes.

Membreño, funcionario de la CPDH, expresa que, aunque el código laboral afirma que el derecho a la indemnización es irrenunciable, el Ministerio del Trabajo arbitrariamente establece que el derecho a reclamar liquidación prescribe al año del despido. También les dicen que no hay fondos para pagar.

Trabajadores como Alejandra, Salomón, Julio o María se atrevieron a hablar porque ya están fuera del Estado. Pero quienes se sienten descontentos en las instituciones permanecen en silencio por miedo a perder su empleo. En una Managua llena de símbolos del poder, con fotografías de la pareja presidencial por doquier, otra imagen que refleja esa situación la constituyen los trabajadores haciendo plegarias a pleno sol de años atrás, la de los profesores poniendo buenas calificaciones a discreción del partido o la de los médicos que renuncian a protegerse ante la pandemia para no enfrentar el desempleo. Ellos están en el más bajo nivel en las instituciones públicas, aquellos que acatan las órdenes sin reclamar para así cobrar cumplidamente su cheque mes a mes.

#NicaraguaNoCalla, (https://www.connectas.org/especiales/nicaragua-no-calla/) es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

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