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En Centroamérica, el reconocimiento de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos ha sido resultado de un trabajo constante y en muchas ocasiones de una demanda y movilización social prolongada e  intensa, fundamentalmente de las organizaciones de mujeres y feministas, a las que desde hace algunas décadas se sumaron organizaciones de personas LGTBI, por el reconocimiento de la diversidad sexual.

Sin embargo, la aparición en el mes de marzo del presente año, de la pandemia de COVID 19, llevó a que la mayoría de gobiernos adoptaran medidas para prevenir la expansión del contagio, por una parte recortaron derechos individuales a la movilidad, con medidas de enclaustramiento en los domicilios familiares y paralización del transporte público, que tuvieron consecuencias en el acceso a ingreso de las familias.

Paralelamente en la mayoría de países, se priorizó la atención sanitaria a las personas enfermas de COVID 19 y quedaron prácticamente suspendidos los servicios destinados a la atención de otras patologías, en especial de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. En ese contexto, los servicios de salud reproductiva y salud sexual, no fueron priorizados de una forma real y dejaron de funcionar o su acceso fue muy limitado.

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Esta problemática no ha sido solo de los países centroamericanos, sino que ha tenido diversas manifestaciones a nivel continental, por ello desde diversos espacios de articulación social se han realizado iniciativas de contraloría social para identificar sus efectos y demandar a los respectivos gobiernos acciones que garanticen estos servicios.

Una de estas iniciativas ha sido la campaña “La Salud reproductiva es Vital”, promovida por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), para investigar las dificultades al acceso a servicios de salud reproductiva en el continente, identificando que a pesar de que la OMS emitió una guía recomendando mantener los servicios esenciales durante la pandemia, incluyendo los de salud reproductiva, muchos Estados no atendieron de modo cabal estas recomendaciones.

La interrupción de suministro de anticonceptivos ha tenido  consecuencias en el ejercicio de la planificación  de la reproducción, que se vio agudizado por la ausencia de transporte público y la poca información brindada a las mujeres por los Ministerios de Salud. Todo ello supuso una limitación al ejercicio de los derechos reproductivos que entre otras consecuencias, supondrá un previsible incrementado en el número de embarazos no planeados.

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Esta problemática se ha visto agravada por el hecho de que durante la cuarentena muchas mujeres, niñas y adolescentes  se vieron obligadas a convivir con su agresor o abusador sexual, tal como señala la investigación  “Respuesta estatal al COVID 19: sin enfoque de género, Miradas desde El Salvador”, que realizaron  Women’s Link y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Situación ante la cual no hubo una respuesta estatal, con medidas adecuadas para la prevención de la violencia hacia las mujeres niñas y adolescentes, como la facilidad de movilidad, el acercamiento de los mecanismos para interponer denuncias o brindar medidas de protección.

Todas estas medidas restrictivas de libertades y derechos, fundamentadas en la protección frente al contagio de COVID 19, tienen el riesgo de que se vayan perpetuando impuestas por una agenda de sectores políticos y religiosos conservadores, que ven una oportunidad para retroceder en el reconocimiento y garantía del derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y capacidad reproductiva.

Toda la información que de manera oficial u oficiosa se tiene en nuestros países, señala que se está dando un incremento de casos de contagios y muertes, que previsiblemente se verá incrementado por la actividad social en estas fiestas de fin de año, aumentando el contacto físico y la disminución de las medidas de bioseguridad.

Partiendo de la experiencia de estos meses vividos de pandemia, es importante que desde la sociedad demandemos que se garantice el accesos universal y efectivo a los servicios de salud reproductiva. Son derechos que se han tardado décadas en conquistar y que debemos defender, porque como bien se dice, derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

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