El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) ha aprobado este viernes una resolución en la que exige al régimen de Daniel Ortega respetar los derechos humanos de los nicaragüenses.

“El Consejo expresa gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, y torturas y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión”, dice el documento aprobado con 24 votos a favor, 19 abstenciones y cuatro votos en contra.

La resolución pide al régimen abstenerse de cometer actos de intimidación y represalias, y piden que debe garantizar urgentemente la rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas.

El informe señala las diferentes etapas desarrolladas por el Gobierno que ha impuesto en la práctica un estado de excepción permanente, entre ellas; la represión generalizada a la protesta ciudadana, la imposición de un estado de terror en la operación limpieza, detenciones selectivas a expresos políticos, la prohibición de las protestas y la profanación de las tumbas, así como secuestros exprés, torturas y evidencias de cárceles clandestinas.

Esa represión ha llevado al país a un alto nivel de inseguridad ciudadana, el régimen ha ignorado la violencia e invasión a los pueblos de la Costa Caribe, asesinatos en las zonas rurales y la violencia contra las mujeres, incluidos los femicidios.

“Todos estos crímenes se han incrementado en total impunidad, y se han acentuado por la pandemia del COVID-19”, según el documento.

Piden fin de detenciones arbitrarias

La resolución “insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación” autorizando las protestas pacíficas.

“(Se) exhorta al Gobierno de Nicaragua a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad para reprimir la disidencia, ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente”, afirman.

También piden al Gobierno “que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias o a las medidas alternativas a la privación de libertad para reprimir la disidencia, ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, (y) respete las debidas garantías procesales”.

Piden mayor intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La ONU exhorta además, al Gobierno de Nicaragua a que vele por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes, e insta al Gobierno a que aplique plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019, y, a este respecto, solicita a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos.

Asimismo, insta al Gobierno de Nicaragua y a las instituciones electorales pertinentes a que emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes.

También se alienta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos a que prosigan e intensifiquen su cooperación con miras a la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.

De la misma forma se solicita a la Alta Comisionada que refuerce el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, entre otros medios preparando un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y presente oralmente al Consejo, en sus período de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos.

Esta resolución recién aprobada da continuidad a la ya tomada por el organismo en marzo de 2019 y refuerza el mandato dado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para priorizar el seguimiento de la situación en Nicaragua, quien deberá preparar un informe detallado de la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo los avances y los desafíos, que deberá ser presentado al Consejo, para debatirlo entre los Estados.

A dos años del estallido social de las protestas pacíficas de abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega, que dejó como resultado más de 300 personas asesinadas, 2 mil heridos y miles de exiliados la violación a los derechos humanos no ha cesado, más bien se han intensificado.

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